Ayotzinapa: “Ahora tenemos el aparato del Estado… ¿Por qué seguimos lentos?”

EMEEQUIS.– ¿Qué tan difícil está siendo relanzar las investigaciones del Caso Ayotzinapa, después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto las falsificó? ¿Cómo se puede manejar información envejecida seis años y corrompida por destrucción, inutilización y fabricación de evidencias y por el uso sistemático de la tortura? ¿Qué obstáculos internos presentan funcionarios públicos y poderes institucionales que fueron parte del montaje del sexenio anterior, y que temen ser descubiertos? 

Dos figuras clave para las nuevas pesquisas, la exfiscal colombiana Ángela Buitrago (integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI) y el abogado Vidulfo Rosales (representante legal de las madres y los padres de Ayotzinapa), me dieron respuestas a estas y otras preguntas en entrevistas para el cortometraje “MirarMorir. Addendum”, que es una actualización del documental “MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala” (Dir. Coizta Grecko, 2015).

ANGELA BUITRAGO: ENFRENTAMOS UNA PÉRDIDA DE REALIDAD

“Nos retrocedieron en elementos fundamentales”, lamenta Ángela Buitrago, quien fue conocida en su país de origen como “La Fiscal de Hierro”, por haber llevado a juicio a altos oficiales del Ejército involucrados en desapariciones forzadas. Por “ese tiempo perdido, que no se utilizó debidamente a partir de mayo de 2016” y “frente a la realidad de lo que pasó en el proceso, que se cayeron muchas pruebas, por la tortura, que efectivamente existe una decisión judicial que excluye muchísima evidencia”. 

“Eso lleva a un gran problema de base”, continúa, “¿cómo reconstruir información que es fundamental? ¿Cómo obtener información porque en muchos casos la tortura no fue información real, y en otros casos hubo información real pero que ya no puedes usar, precisamente por la tortura? Eso llevó a un retroceso real que es un gran bache en la investigación”.

Además, añade la abogada, la intención no era sólo falsificar testimonios, sino evitar un uso futuro de lo que pudieran declarar los detenidos, porque se trataba de “funcionarios que sabían que la tortura llevaba” a la nulificación legal de la evidencia. 

La consecuencia es que hay una “pérdida de realidad”, pues “hay cosas que se pueden obtener en el primer minuto, en el primer segundo o en el primer día, que no puedes volver a obtener después. Entonces esos hechos quedan mutilados para la investigación”.

Este sábado 26, según anunció el presidente López Obrador, se ofrecerá un informe del caso con los avances más recientes. Los hallazgos que se han dado a conocer, hasta ahora, “han podido ser posibles después de rupturas de ciertas prácticas indebidas que efectivamente llevaron a modificaciones en la fiscalía, que llega un nuevo fiscal, que llega un nuevo grupo de trabajo”.

Una parte fundamental de la tarea de los nuevos investigadores ha sido corregir lo mal hecho por sus antecesores, que deben volver a las indagatorias pero ahora no como quienes las realizan, sino como objeto de ellas, ya que “parte de lo que se construyó en esa investigación por cuenta de algunos no era cierto, entonces hay que investigar a los que participaron en esa mentira” por crímenes graves, precisa Buitrago: “No solamente hubo un delito de lesa humanidad como es la desaparición forzada, sino que además hubo otros delitos de lesa humanidad, como la tortura”.

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Aunque hace cinco años que la “verdad histórica” fue desmontada por el GIEI, los hallazgos conocidos son todavía escasos para construir una nueva narrativa, ahora sí fundada en evidencias sólidas. Sin embargo, concluye la experta colombiana, “lo que hoy se está encontrando apunta a nuevas líneas, a nuevos hechos, a nuevos responsables”. Quizás este sábado nos ofrezcan más claridad sobre ello. 

VIDULFO ROSALES: RETRASO 

Hace dos años, el 26 de septiembre de 2018, el entonces presidente electo López Obrador se comprometió a entregarles verdad y justicia a los familiares de los desaparecidos. La voluntad presidencial, sin embargo, no ha logrado que los engranes del sistema se muevan con velocidad. 

“Conforme va pasando el tiempo, lo que está funcionando medianamente es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que estaba haciendo búsquedas pero no tiene el filo necesario, facultades de investigación”, explica Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan: “es meramente un órgano político que trata de coordinar y hacer eficaz la participación de todas las autoridades que tienen competencia en el caso. Estaba tomando testimonios pero eso no tenía fuerza jurídica necesaria, no lo puedes elevar a una cuestión legal. Lo que no teníamos era la fiscalía. La Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa nomás no se nombraba”.

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Así comprendieron las madres y los padres que seguía siendo necesario actuar en las calles: “Pasaron los meses, ya por marzo (de 2019) había mucha desesperación entre los padres, al grado de que en junio nos movilizamos para presionar al nuevo gobierno, contra la Fiscalía General”. Sólo así lograron destrabar una de las piezas: fue en ese mes cuando por fin crearon la Unidad Investigación y designaron a su titular, Omar Gómez Trejo, abogado especializado den derechos humanos, con carrera en organismos internacionales. Pero primero tuvo que constituir su oficina e integrar un equipo: “En realidad empieza a hacer sus primeros trabajos en noviembre”, continúa Rosales. “En lo que más se avanzó fue en las búsquedas pero la investigación siguió arrastrándose todo el año 2020 y por si fuera poco, el tema de la pandemia lo vino a complicar todavía más”.

Además, la Fiscalía General de la República cambió nombre y rostro de la antigua Procuraduría, pero la gente no cambió: “Una cosa es el fiscal general y una cosa es el fiscal especial del caso Ayotzinapa y otra todo el personal que es el mismo que estaba operando en la administración pasada”.

Por otro lado, otras instituciones tampoco están mostrando un verdadero compromiso: “Por orden presidencial, el Ejército mexicano ha colaborado en las búsquedas, dando seguridad perimetral, y ha conseguido algunos testigos”, reconoce Rosales. “Pero en la parte de investigación ha habido muchas reticencias, es apenas recientemente que empieza a haber alguna colaboración, porque había una total cerrazón pese a las reuniones que se tenían con el presidente, el Ejército ha sido muy reacio a abrirse, muy reacio a que sean investigados sus elementos, y es hasta hace unos días que hay alguna apertura. La verdad es que no creemos que el Ejército mexicano, porque hay un nuevo presidente, de buenas a primeras cambie”.

Más allá de algunos arrestos y de la identificación de una pieza ósea de un segundo normalista, “lo único que tenemos es la orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio pero ya llevamos tres meses y no se avanza en el proceso de extradición”.

Todo esto produce mayor frustración: “Ahora tenemos el aparato del Estado. Los padres se preguntan ‘¿por qué seguimos lentos si ahora se tiene el aparato estatal? Nos reunimos con el presidente cada mes. Y el presidente dice ahora va a ser distinto, tenemos el aparato del Estado con nosotros’”.

Así que volverán a marchar: “Muchos nos cuestionan, por qué convocan a movilizarse este 26 de septiembre otra vez, ¿qué no se reúnen ya con el presidente?, ¿por qué? Pero no dependemos de lo que dé el gobierno, los padres han mantenido el movimiento en unidad y la protesta va a continuar mientras no haya verdad y justicia y todos los responsables no estén detenidos y se sepa cuál es el paradero de todos los 43 estudiantes. No es una concesión que nos esté dando el gobierno actual, es una obligación que tiene todo gobierno. Más si es un gobierno progresista. Pero eso no implica que los padres se tengan que ir a su casa y esperar que el gobierno resuelva”.

@temoris