La verdad sin adjetivos: Ayotzinapa avanza lento, pero al fin camina

EMEEQUIS.– Lo extraño de la discusión sobre si acaban de derribar o no la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la versión que proclamó Jesús Murillo Karam y fabricó Tomás Zerón de Lucio, es que, por un lado, fue derribada hace ya casi cinco años, por el GIEI, en septiembre de 2015; y por el otro, si no estuviera ya hecha pedazos en el suelo, los anuncios hechos en estos días por la Fiscalía General de la República apenas representan los primeros adelantos, los primeros pasos de una investigación extremadamente compleja.

Es tan difícil porque una vez que Peña Nieto, Murillo y Zerón perdieron la batalla por imponer su cuento, y que aceptaron que la sociedad nunca les creería, optaron por la estrategia de la confusión: si no es nuestra “verdad”, entonces que ninguna sea, que la sociedad nunca conozca la verdad sin adjetivos, que la justicia se pierda en la muchedumbre de versiones. Desde que iniciaron el caso, lo construyeron destruyéndolo, desapareciendo evidencias, ensuciando otras, inventando las que quisieron y torturando a detenidos, tanto inocentes como presuntos culpables, a tal grado que los jueces finalmente fueron liberando a 107 de los 142 inculpados. Los escribanos que hoy defienden que la “verdad histórica” se sostiene son los mismos que se encargaron de la parte de socializar esa narrativa, traduciéndola del lenguaje judicial al vulgar.

No existe una “nueva verdad histórica” de reemplazo. En primer lugar, porque cuando la presentan con ese nombre, tratan de hacer pensar que habría sido improvisada con las mismas mañas criminales que la vieja; porque nadie la ha proclamado; y sobre todo, porque, con las nuevas investigaciones todavía en pañales, lo que falta por hacer antes de presentar una narrativa sólida es inmenso. 

¿EN QUÉ SE HA AVANZADO?

1. El 24 de junio, fue detenido José Ángel Covarrubias Salgado, “El Mochomo”. Él es hermano de Sidronio, a quien en noviembre 2014 Murillo Karam presentó como el jefe de la banda criminal Guerreros Unidos que habría dado las órdenes de “desaparecer” y “echar al río” a los 43 normalistas. Por torturas y otras violaciones al proceso, el proceso por portación de armas de fuego contra Sidronio fue anulado, aunque continúa sujeto a otro por crimen organizado (no tiene acusación directa por los hechos de Iguala). Ahora dicen que el verdadero jefe que dio las órdenes en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 es José Ángel. Pero no han precisado en qué se basan ni mucho menos lo han demostrado. Falta por ver qué pasa aquí.

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2. El 7 de julio, se anunció que uno de 15 restos hallados en el sitio llamado Barranco de la Carnicería, cerca del pueblo de Cocula, fue identificado como perteneciente al desaparecido Christian Rodríguez Telumbre. No está calcinado, no pasó por ninguna incineración. Eso es todo: no se sugirieron hipótesis de cómo habría llegado ahí. 

3. El 8 de julio, se informó de la detención de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal que, bajo las órdenes del prófugo Tomás Zerón de Lucio, habrían torturado a detenidos.

¿QUÉ SE SABE CON CERTEZA?

Que los normalistas fueron privados de la libertad por agentes policiacos municipales y trasladados por separado a sitios desconocidos. Esto es todo lo que queda de la investigación de la PGR y es lo más evidente para todos, por lo que no hay disputas.

Que dos desaparecidos han sido identificados a partir de piezas óseas (de Jhosivani Guerrero, de quien la exprocuradora Arely Gómez también dijo que se habían encontrado los restos, ni la familia ni los científicos ni los observadores aceptamos el dicho, pues el dictamen indica que las posibilidades de que sí se trate de él son de 72 en un millón, lo que está muy, muy lejos de ser concluyente), Alexander Mora y Christian. A partir de ello, se ha asumido que están muertos. Pero en realidad, no hay certeza: ambos huesos son del pie. Podrían estar vivos.

Y en todo caso, nada se conoce de cómo habrían perdido el pie o sido asesinados, ni dónde, ni por quién. El resto de Alexander fue sembrado por Tomás Zerón y no ha revelado de dónde lo obtuvieron en realidad. Del de Christian, no han averiguado cómo llegó al barranco. 

Además, está demostrado que no incineraron a nadie en el basurero de Cocula en septiembre de 2014. Ahí encontraron restos de 19 personas y de pequeños incendios, pero no eran de los normalistas y no hubo ningún gran fuego en ese mes, como dictaminó el GIEI en septiembre de 2015 y confirmaron los distintos análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense, en febrero de 2016.

De nuevo: a seis años, sólo se están dando los primeros pasos. 

LOS MUCHOS PASOS QUE FALTA POR DAR

¿Qué se debería hacer y conocer para que la FGR pueda desarrollar una versión de los hechos satisfactoria para la ciencia y la ley, de la que se puedan desprender procesos judiciales eficaces, así como verdad y justicia para las víctimas?

Lo inmediato, obviamente, es quiénes dieron las órdenes de esa noche, quiénes las ejecutaron, a dónde llevaron a los normalistas, qué hicieron con ellos en las primeras horas y días y, si no los mataron a todos, qué pasó con los sobrevivientes y quiénes intervinieron en ello.

Pero no sólo eso: también hace falta saber quiénes tuvieron participación en los crímenes de esa noche facilitando, protegiendo y supervisando la operación, y quiénes permitieron por su falta de intervención en la defensa de civiles desarmados bajo ataque. Esto involucra a agentes de cuerpos policiacos de nivel estatal y federal, y a elementos de los batallones 27º de Infantería y 3º de Operaciones Especiales, ambos con sede en Iguala, a su superior inmediato, José Rodríguez Pérez, y al entonces comandante de la 35ª Zona Militar, general Alejandro Saavedra Hernández.

Pero no sólo eso: la PGR de Murillo Karam y la AIC de Zerón de Lucio traicionaron su deber de realizar una investigación profesional, especialmente transparente y rigurosa dadas las dimensiones e impacto del crimen, y fracasaron en su intento de falsificarla, con la intervención de peritos y agentes. Igualmente, es necesario deslindar esas responsabilidades.

Pero no sólo eso: los crímenes de Iguala no hubieran tenido lugar si no hubiese existido en esa región un imperio criminal de impunidad total –en el que la desaparición de individuos y de grupos de personas era una actividad cotidiana– con rostros muy visibles a nivel de los municipios, como el entonces alcalde José Luis Abarca y su mujer Ángeles Pineda, pero sin lugar a dudas encabezado por caciques locales, presumiblemente por miembros de la extensa familia Figueroa en sus ramas de Huitzuco (vieja enemiga de la escuela de Ayotzinapa) y de Juliantla, así como de otros clanes históricos del estado de Guerrero.

Y de nuevo, pero no sólo eso: ese imperio existió con conocimiento y protección, o al menos con la complicidad, de autoridades civiles y de seguridad a nivel estatal y federal; las mismas que quisieron ocultar los crímenes de Iguala, y que también deben ser investigadas y responsabilizadas.

Y EN LA CÚPULA…

Ahora, ¿qué tan confiable sería el necesario macroproceso judicial de Ayotzinapa si no incluyera a los grandes tomadores de decisiones que invirtieron cuantiosos recursos y toda la credibilidad del Estado mexicano en encubrir y validar la investigación falsificada?

Es decir: por arriba de Murillo Karam, hubo responsables políticos con participación directa en las oficinas de los secretarios de Gobernación, Defensa, Exteriores y Seguridad Pública, y en la del presidente de la República. Por lo menos.

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Parece una tarea enorme. Lo es, del tamaño aproximado de lo que fueron los crímenes cometidos, antes y después de septiembre de 2014, por los que crearon y protegieron ese imperio criminal, por los que lo sostuvieron después –sigue en pie– y por quienes engañaron al país y al mundo. En su reunión con madres y padres de los desaparecidos, el viernes 10, AMLO ratificó su compromiso con esta “investigación nueva y verdadera”, y Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, celebró la voluntad presidencial de “llegar al final de la historia”.

Sólo estamos viendo los primeros pasos hacia una versión científica y judicialmente demostrada, que, por cierto, no debería llevar el título de “nueva verdad histórica”, como los defensores de la original y única tratan de llamarla para contaminarla con su descrédito.

El objetivo debe ser alcanzar verdad y justicia. Sin adjetivos.

@temoris