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Ofensiva autoritaria
ENRIQUE SERNA asegura que “la historia registrará que desde su primer año en el poder, el partido gobernante cometió dos atentados contra la democracia: el Bonillazo y la reciente imposición de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH”
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No hay peor autoritarismo que el de una aristocracia moral convencida de su pureza. Cuando un partido cree tener el monopolio de la virtud cívica, hasta el atropello más descarado a la convivencia democrática se puede justificar invocando un bien superior: la salvación de la patria, el compromiso con la justicia, la simbiosis del líder con el pueblo, etc. Pero la realidad no se puede falsificar y aunque los propagandistas del oficialismo esgriman las más peregrinas razones para blanquear el chapopote, la historia registrará que desde su primer año en el poder, el partido gobernante cometió dos atentados contra la democracia: el Bonillazo y la reciente imposición de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, gracias a una marrullería en el conteo de los votos emitidos en la Cámara de Senadores.
Morena es un partido caudillista y alérgico a la democracia, que ni siquiera puede celebrar elecciones internas con un mínimo de limpieza. Sus militantes aparentan desinterés y camaradería, pero cuando está en juego una candidatura o la dirección del partido se lanzan tarascadas a la yugular. No aceptan la voluntad general ni en los pleitos de familia, como lo demuestran las guerras fratricidas libradas en los comités estatales de Morena para elegir al nuevo presidente del partido. Es lógico, entonces, que en las contiendas con otras fuerzas políticas tampoco respeten la decisión de la mayoría, como sucedió en la Cámara de Senadores. Menos dispuesto aún a compartir el poder, López Obrador descalifica sin cesar a las organizaciones civiles y a los diarios que han desempeñado un importante papel en la construcción de la democracia, el orden institucional que le permitió llegar adonde está.
El antiguo paladín del voto por voto odia los contrapesos, considera un enemigo del pueblo a cualquiera que pretenda limitar su omnipotencia y es muy probable que en el futuro su movimiento “regenerador” siga cometiendo fraudes cuando pierda votaciones.
La complicidad de Olga Sánchez Cordero con el gobernador Bonilla, evidenciada en el video donde celebra el éxito de la componenda ilegal que le permitirá prolongar su mandato a cinco años, tres más de los que le concedía la ley, y el chanchullo cometido en la Cámara de Senadores para imponer a una morenista al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un puesto que requiere imparcialidad, exhiben al desnudo el talante autoritario del actual gobierno. Con razón AMLO trata con algodones a Donald Trump, a los capos del narcotráfico, a los dinosaurios sindicales, a Peña Nieto y a la élite empresarial estrechamente ligada al antiguo régimen, que apostó por el hundimiento de la democracia en 2012: el presidente añora la aplanadora tricolor y si la resistencia ciudadana flaquea, quizá pueda restaurarla.
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La única ventaja de los sucesos recientes es que el despotismo en ciernes se ha quitado la careta. Quienes no se explicaban la ojeriza del presidente contra la sociedad civil ya saben por qué se empeña en satanizarla. El principal reproche de AMLO contra las organizaciones que la representan con mayor o menor legitimidad es el carácter fifí de sus fundadores. Desde luego, se requiere de un fuerte respaldo económico para crear una organización como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, pero el hecho de que algunas empresas la patrocinen no invalida sus meritorias aportaciones para sanear y transparentar la vida pública. Si la investigación de la Estafa Maestra exhibió el modus operandi de una mafia que nos robó miles de millones, ¿por qué AMLO excomulga desde su púlpito a Claudio X. González, el presidente de la ONG que descubrió ese fraude?
González representa a un sector del empresariado que rompió lanzas contra la rapiña de Peña Nieto y con denuncias como ésa contribuyó a desbaratar el PRIAN, quizá sin proponérselo. Durante más de 80 años hubo un firme contubernio entre la élite económica y la política, de modo que cualquier ruptura de esa alianza beneficia al resto de la sociedad. Los enemigos públicos serían más bien los empresarios que con tal de proteger sus intereses aceptaron y usufructuaron la perpetuación de un régimen putrefacto. Estarán moralmente derrotados, pero todos han encontrado cobijo bajo el manto protector de AMLO. Pelearse con los hombres de negocios que saltan a la arena política para defender causas nobles, y congraciarse en cambio con los viejos aliados del PRI, recortando los tiempos oficiales en las cadenas de radio y televisión, para que tengan mayores ganancias, equivale a confesar que el principal objetivo del presidente no es dar un salto al futuro, sino reconstruir el pacto gansteril que sostuvo en el poder al PRI durante setenta años y los gobiernos del PAN dejaron intacto.
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