La guerra jurídica por Ayotzinapa

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Los militares no van a dejar pasar lo que consideran injusticias en el caso Ayotzinapa. Desde hace meses, un grupo de abogados que en algún momento estuvieron ligados a Julio Scherer, el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, y entre los que destaca César Omar González, trabajan para sacar de prisión a los soldados que están sujetos a proceso por el delito de desaparición forzada.

El fin de semana obtuvieron una victoria bastante significativa, al lograr que ocho de sus clientes salgan de la cárcel, aunque sujetos a la firma quincenal en el juzgado, el pago de 50 mil pesos como fianza, la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país. 

Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz. 

Hace unos meses, el general Rafael Hernández Nieto, quien fungió como comandante del 41 Batallón de Infantería, también obtuvo la prisión domiciliaria por el mismo asunto. 

El cambio en la medida cautelar obedece a la instrucción de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, pero sobre todo a las garantías de que los propios inculpados no huirán y no lo harán, porque en el Ejército los están ayudando para que puedan probar su inocencia. 

Lo que está ocurriendo son señales ya muy claras del derrumbe de la indagatoria del caso Ayotzinapa en lo que respecta a los intentos de implicar a elementos de las Fuerzas Armadas.

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Es el costo de agarrar un clavo ardiente, como son los testimonios, a conveniencia, de un testigo protegido, al que le llaman “Juan” pero que en realidad es el líder de los Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo “El Gil”. 

En la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVaj), cayeron en la trampa, desde hace tiempo, de creer los cuentos de un personaje que, para mantener su libertad, les decía lo que querían escuchar. 

Inclusive, en su momento, el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió sobre el asunto, molesto por todas las insidias que se desataron alrededor de capturas de pantalla de WhatsApp de las que nunca se pudo acreditar ni su procedencia y mucho menos su veracidad, pero que representaron un serio problema para los soldados.

Es probable que, con el paso del tiempo, los militares sean exonerados de la acusación de desaparición forzada. Es porque cuentan con abogados profesionales, pero también porque no hay nada serio en su contra. 

En ese sentido, en la Secretaría de la Defensa acertaron en no condenar a sus propios elementos y, por el contrario, apostar a que fueran las instancias judiciales las que resolvieran el asunto. En eso están y así va a continuar. 

Lo terrible es el desperdicio del tiempo, los presuntos responsables, ligados esos sí al crimen organizado, que alcanzaron la libertad por la negligencia de la fiscalía responsable de atender uno de los casos penales y de lesa humanidad más graves de la historia reciente. 

La historia es conocida, los policías de Iguala, por órdenes del alcalde, secuestraron a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los entregaron a los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e hicieron desaparecer los cadáveres. 

Está narrativa es ya incontrovertible, porque está presente en las indagatorias de la PGR, las de la FGR, las de la CoVaj y las del propio GIEI. 

El problema fue la demagogia, la irresponsabilidad de acusar a autoridades de todo orden y en particular al Ejército. Es el peor de los mundos posibles, porque los padres de las víctimas tendrán un motivo más para la frustración y se sentirán, de nueva cuenta, engañados. 

El fracaso es tan grande como las promesas que se les hicieron, las que estaban cargadas de mentiras y de mucha, pero mucha, irresponsabilidad. 

Pueden intentar acusar a los jueces, pero en lo que respecta al expediente de los militares, es un asunto que solo compete a los que ahora gobiernan. 

LAS VÍSPERAS DEL 2024

Venció el periodo para renovar la credencial de elector. Hay una buena señal y fueron las largas filas de ciudadanos que esperaron por horas para hacer el trámite para ejercer su derecho al voto en junio próximo. La participación ciudadana, en democracia, es indispensable. 

@jandradej 

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