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La FGR interpondrá medidas legales contra la jueza que dictaminó libertad provisional contra 8 militares implicados en Ayotzinapa, además de los magistrados del tribunal colegiado. El gobierno acusa “sabadazo” y el Centro Prodh lamenta la “inoperancia” de la Fiscalía y la intervención de SEDENA.
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EMEEQUIS.– Tras darse a conocer el día de ayer que la jueza federal Raquel Duarte concedió libertad provisional a ocho militares acusados de desaparición forzada por los hechos acontecidos en 2014 en Ayotzinapa, la FGR iniciará un proceso legal en contra de la impartidora de justicia.
“La Fiscalía General de la República (FGR), rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”, informó la dependencia en un comunicado.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, ordenó liberar a los elementos Gustavo R, Omar T, Juan Andrés F, Ramiro M, Roberto S, Eloy E, Uri R y Juan S, quienes llevarán en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
En el comunicado de la FGR se informa de las medidas legales que se tomarán para revertir la libertad “riesgosa” de los implicados. “Esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Duarte Cedillo impuso medidas cautelares, como el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la firma periódica del libro de procesados y la entrega de sus pasaportes para evitar que salgan del país. Los militares antes citados están recluidos desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.
El pasado 20 de diciembre, la misma jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo confirmó la prisión preventiva en contra de los ocho militares.
Y el 21 de junio pasado, la jueza Duarte liberó 16 órdenes de aprehensión contra militares por delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos entre el 26 de y el 27 de septiembre de 2014.
Ayer por la noche, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) condenó el cambio de medida cautelar para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados ‘sabadazos’, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
Arturo Medina, titular de COVAJ.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
La COVAJ (gobierno) se coordinará con la Ueilca (FGR) para asegurar que se agoten todas las instancias legales.
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) se lanzó contra los jueces por la medida, pero también contra la FGR. “Lamentamos liberación de militares acusados en caso #Ayotzinapa. Muestra que el proceso se está derrumbando. A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de SEDENA, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.
@emeequis
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