El futuro de la democracia en manos de la Suprema Corte

Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa

EMEEQUIS.– La concentración a favor de la democracia fue un éxito. El Zócalo lució lleno pese a los pronósticos oficialistas. Y más de 100 ciudades del país y otras partes del mundo también fueron escenario de manifestaciones ciudadanas. 

Como pocas veces, la agenda ciudadana dominó la narrativa, pese a los intentos oficialistas de “garcialunizar” el evento. Así lo confirmaron las primeras planas de los principales medios en México, incluso de otras partes del mundo. El foco de atención fue el Plan B, una reforma que debilita al árbitro electoral del país, además del llamado ciudadano hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarla.

La marcha ciudadana del pasado noviembre afianzó el bloque opositor para rechazar la primera reforma electoral del presidente. Sin embargo, tras la nueva manifestación del domingo, ahora el escenario es distinto. 

TE RECOMENDAMOS: MARCHA DEL INE LLENA EL ZÓCALO: EXIGEN A MINISTROS DECLARAR INCONSTITUCIONAL PLAN B DE AMLO

El primer paquete del Plan B, en materia de propaganda electoral, fue impugnado por partidos políticos y grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso. Recientemente fue suspendido por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se aplique en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México.

Tras la publicación de segundo paquete del Plan B en el Diario Oficial de la Federación, cuyo proceso se detuvo unos días por “cuestiones técnicas”, de acuerdo con el diputado Santiago Creel, seguirá un nuevo periodo de 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad.

Decía un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, que estaríamos frente a la reforma más impugnada en la historia de México. Y no es para menos. Se trata de un cambio de las reglas de juego un año antes de la elección presidencial de 2024, con claras ventajas hacia el oficialismo y sus candidatos. 

El éxito de la concentración del 26 de febrero obliga a la oposición a no quedarse pasmados. En esta etapa, no sólo deben impugnarla partidos políticos y grupos parlamentarios. También deben involucrarse gobiernos estatales y municipios, pues también afectarán los derechos político-electorales a nivel local. 

A partir de ahí, la SCJN se convertirá en otro campo de batalla. Actualmente la ley no establece plazos para resolver. Aunque es facultad de la presidenta de la SCJN (Norma Piña) atender solicitudes de resolución prioritaria que le hagan las Cámaras del Congreso, o el Poder Ejecutivo. Hasta el momento, Santiago Creel, como presidente de la Cámara de Diputados, anunció que lo solicitará haciendo uso de su facultad establecida en el artículo 94 constitucional. 

En el caso del Plan B, el tiempo apremia. El artículo 105 constitucional establece que no se pueden realizar cambios a las normas electorales a 90 días del proceso electoral, es decir, las elecciones serán a principios de junio. Si el Presidente publica el Plan B en estos días, eso daría a la oposición el mes de marzo para impugnar. El problema sería para la SCJN, que solo tendría algunas semanas antes de junio para resolver con la finalidad de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, de acuerdo al estudio del IBD.

LOS 8 VOTOS DE LA CORTE

Otro tema que nos debe (pre)ocupar, es que se necesita mayoría calificada en el pleno de la SCJN para invalidar las normas impugnadas. Es decir, ocho votos de ministras y ministros. O, dicho de otra forma, con cuatro votos en contra no será posible la invalidación. 

En la reciente discusión de la reforma que reestructura el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no se logró la mayoría calificada en el pleno de la SCJN para invalidarla. Los votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar y Margarita Ríos-Farjat fueron determinantes. 

Así que el futuro de la democracia estará en manos de cuatro ministras y ministros de la Suprema Corte. 

@Juan_OrtizMX

Powered by Froala Editor