Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
Las quejas de ciudadanos ante el INAI por fallas en la transparencia y acceso a la información pública han subido 3 mil 723% al comparar la primera mitad del sexenio de AMLO con igual periodo de Peña Nieto: 54 mil 570 contra 7 mil 340.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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EMEEQUIS.– Desde que AMLO tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, se han disparado las quejas ante el INAI, por considerar los ciudadanos que la Federación no está cumpliendo de manera adecuada sus responsabilidades de transparencia y acceso a la información pública.
Las obligaciones de transparencia se han visto comprometidas, así como la calidad de la información proporcionada por los sujetos obligados.
De acuerdo con los datos abiertos de la Plataforma de Transparencia, las quejas por incumplimiento de información se han incrementado en más de 3 mil 723%, comparando los tres primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto con igual periodo de la administración actual.
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Los procedimientos de queja durante todo el sexenio anterior, entre 2012 y 2018, fueron 7 mil 340, por parte de ciudadanos que consideraron que la información que proporcionó la Federación a sus solicitudes no fue la adecuada.
Mientras que a la mitad del periodo de Andrés Manuel López Obrador se suman ya 54 mil 570 inconformidades de personas que consideran que la información es incompleta o inexacta. Siete veces más quejas.
SABER QUÉ HACE EL GOBIERNO: UN DERECHO HUMANO
El derecho a la información está considerado dentro de los derechos humanos. Cualquier sociedad que se considere humanista debe contener en su legislación y en la práctica la garantía de los derechos humanos y la seguridad de que el derecho a la información y la transparencia de los actos de gobierno se encuentran accesibles y garantizados para todos los ciudadanos.
Pero el aparato burocrático se ha convertido en el principal obstáculo hacia la consolidación de la cultura de transparencia.
En México es hasta 1996 cuando se incorpora el concepto de “transparencia” en el lenguaje público, en la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, como respuesta a la adhesión de México a las recomendaciones de las Naciones Unidas en la Conferencia de Río en 1992 respecto al medio ambiente y desarrollo.
Se suscribió que “…toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos…”.
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se publica hasta el 11 de junio de 2002 y su reglamentación complementaria hasta un año después.
Como resultado, en 2003 durante la administración de Vicente Fox, se constituye el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que se transforma en 2015 en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los avances tecnológicos permitieron la implementación del sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) donde confluyen todos los sujetos obligados y los organismos garantes de la información pública.
MANO A MANO EN TRANSPARENCIA
@salamillab
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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