Ataques químicos, olvidados por códigos penales

Por Gloria Piña y Maricarmen Gutiérrez

EMEEQUIS. Ana Saldaña tuvo que salir de México para protegerse de sus agresores y atender las afectaciones en su salud. María Elena Ríos lucha en Oaxaca para que su agresor no quede impune. Elisa Xolalpa exige justicia después de que la Fiscalía de la Ciudad de México mantuviera “desaparecida” su carpeta de investigación.

A Liliana Fernández, el sistema de salud de Nuevo León no le ha otorgado la atención necesaria para sanar sus quemaduras. Mientras que para Alejandra López Tovar han pasado 34 años sin justicia por el ataque con ácido del que sobrevivió. El agresor sigue libre.

En México al menos 36 mujeres, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, sobrevivió a ataques químicos, con sustancias ácidas o inflamables. Sin embargo, las autoridades no tienen un registro de la magnitud del problema, no hay programas de salud especializados para su atención y tampoco es reconocida como un tipo de violencia en las leyes. El 95% de los casos se quedan en la impunidad.

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En las normas y Códigos Penales, la violencia química o ácida no está reconocida, y lejos de ser considerada como un intento de feminicidio, suele clasificarse como lesiones que tardan en sanar entre 15 y 60 días. Cuando en realidad, las afectaciones de salud, emocionales y sociales quedan de por vida en las sobrevivientes.

A nivel nacional, sólo en siete estados está aprobada la tipificación de este tipo de violencia. Algunos de ellos son Oaxaca, Baja California, la Ciudad de México y el Estado de México; sin embargo, sólo se contemplan como agravantes al delito de lesiones por razones de género. Cuando de acuerdo con especialistas y sobrevivientes, este tipo de agresión se trata de un intento de feminicidio.

Hace unas semanas, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó la “Ley Malena”, en reconocimiento a la sobreviviente María Elena Ríos. Con ella se busca acreditar los ataques con ácido como una nueva forma de violencia dentro la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.

María Elena Ríos en el Congreso de la CDMX. (Twitter: @_ElenaRios)

Además de que es la primera vez que se busca clasificar a estos ataques como tentativa de feminicidio con sanciones de 12 a 30 años, pero sólo en los casos donde se acredite que las afectaciones son irreversibles.

“Se considerará tentativa de feminicidio, cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total en las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o ambos, provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar”, se lee en la iniciativa presentada.

Sin embargo, sobrevivientes de ataques químicos reclaman que en esta propuesta de ley no fueron consultadas para su formulación, además de que no hay mecanismos eficientes que propicien a la justicia para los casos ya existentes, ya que las leyes no son retroactivas para delitos ocurridos previo a la presentación de las leyes.

¿Cuáles son las leyes y la manera de impartir justicia que le deben las autoridades a las sobrevivientes de violencia feminicida por ataques químicos?

LA LEY MALENA SIN EFECTOS PARA CASOS DEL PASADO

La Ley Malena fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México por la diputada de Morena, Marcela Fuente Castillo, para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de México.

Durante la conferencia de presentación, ocurrió una disputa entre sobrevivientes y legisladoras de Morena, ya que no es la primera vez que se presenta una reforma en torno a violencia ácida, pero en anteriores proyectos las disposiciones no fueron aprobadas. Además, reclamaron que no se les tomó en cuenta para su formulación.

“Me parece una excelente día, pero no me parece una reforma que vaya a beneficiar a las víctimas que ya tenemos una carpeta de investigación abierta y que desafortunadamente no hemos podido alcanzar la justicia”, apunta Ana Saldaña, en entrevista con EMEEQUIS, sobreviviente de violencia ácida ocurrido en noviembre de 2018. Por su caso no hay detenidos ni personas sentenciadas.

Ana Saldaña, víctima. (Ana SaAg, Instagram)

Apunta que en 2019 presentó junto a la entonces legisladora del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega una iniciativa para tipificar los ataques con ácido, pero se quedó congelada sin tener repercusión para su caso ni el de otras sobrevivientes en el futuro.

“Es un infierno vivirlo. Te tienes que atravesar por todo el tema legal y tu agresor sigue suelto, es un peligro para ti y todos los que te rodean”, cuenta Ana Helena Saldaña, quien espera que las autoridades hagan efectiva una ley para prevenir y apoyar a las mujeres que en el futuro lleguen a vivir esta violencia, pero que tampoco se olvide la impartición de justicia para los casos del pasado.

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“Nos va a dar justicia que exhorten a sus fiscalías para que dejen de ser corruptas e incompetentes. Nos va ayudar que la Jefa de Gobierno deje de pronunciarse por las mujeres y le deje de importar que nos dejen con químicos y ácidos que venden por 15 pesos en la tlapalería…Nos va a ayudar que lleven esta iniciativa al pleno del Senado para que sea una reforma federal, no solamente local”, señala la sobreviviente.

La Ley Malena fue turnada a Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, y en marzo se realizarán foros públicos para que pueda nutrirse con las posturas de más colectivas y sobrevivientes; ya que al momento de su construcción sólo se contempló a la sobreviviente María Elena Ríos.

“Con la Fundación Carmen Sánchez no pudimos entablar mucha comunicación, con la que sí pudimos es con María Elena Ríos. Ella estuvo en la construcción de la iniciativa de ley”, afirma la legisladora de Morena, Marcela Fuente en entrevista con EMEEQUIS.

SIN REFORZAR LA FIGURA DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Con esta reforma se propone que los casos de ataques químicos no sólo sean contemplados como lesiones, sino como una agravante de tentativa de feminicidio cuando se determinen afectaciones de salud irreversibles, con sanciones de hasta 30 años de prisión.

 Sin embargo, la tentativa de feminicidio no es un delito autónomo en la Ciudad de México. 

A nivel nacional sólo cuatro estados reconocen la figura de tentativa de feminicidio: Nuevo León, Puebla, Campeche y Durango. Al no existir una figura específica en las leyes, los casos suelen clasificarse como lesiones o violencia familiar.

Pese a ello, la legisladora Marcela Fuente del grupo parlamentario de Morena, reconoce que esta iniciativa presentada no se enfoca en tipificar la tentativa de feminicidio, sino incluir los ataques químicos como una agravante.

“Que no sólo sean lesiones en razón de género, sino como tentativa de feminicidio. Sobre todo, cuando existe un daño a su autonomía sexual, órganos reproductivos, marcas permanentes o daños en el oído, el habla, la vista”, explica la diputada Marcela Fuente.

Considera que para reforzar la tentativa de feminicidio como un delito autónomo no es tema de esta propuesta, ya que debe analizarse junto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cómo funciona ese concepto; además de que implica un “debate sobre la coerción y el punitivismo de las leyes que tenemos que dar con las instituciones que imparten justicia”.

En el impulso de una reforma consistente para las víctimas de ataques con ácido. (Twitter: @_ElenaRios)

En tanto, colectivas y sobrevivientes como la Fundación Carmen Sánchez afirman que es necesario que exista un tipo penal autónomo de feminicidio en grado de tentativa a nivel federal y en los Códigos Penales locales.

“Desde la Fundación llevamos diciendo al menos dos años que el ataque con ácido se tiene que incluir no solamente en el Código Penal Federal, sino en todos los códigos locales, como un delito autónomo, como un feminicidio en grado de tentativa, porque el ataque con ácido es violencia feminicida. Que no haya beneficios judiciales para los imputados, eso significa libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad preparatoria y cualquier otro más”, afirma Ximena Canseco, historiadora, activista y cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez.

La legisladora Marcela Fuente afirma que para hacer posible una iniciativa de esta magnitud es necesario analizar el presupuesto destinado a prisiones, pues “para que una ley sirva tiene que apegarse a la realidad presupuestal”.

“Cuando hablamos de 30 años (de prisión), para el Estado ya es un gasto. Entonces también hay que analizar el tema de los reclusorios. Todo eso se tiene que hablar cuando pensamos en endurecer un tipo penal, en este caso, el de tentativa de feminicidio”. 

PENDIENTES EN ACCESO A LA SALUD

Una de las principales deudas para las sobrevivientes de ataques con ácido es el acceso a atención médica especializada para quemaduras y cirugías reconstructivas; además de que se garantice su protección y reparación integral del año.

“El tema de salud es un problema para empezar a hacer justicia, no puedes buscarla si no te encuentras bien físicamente. El lado psicológico también, piensan que el daño solamente es físico, pero no”, apunta la sobreviviente Ana Saldaña.

Al no existir programas especializados en salud pública, la Fundación Carmen Sánchez ha enlazado a sobrevivientes de estas violencias con médicos privados a través de donaciones, aunque afirman que es una responsabilidad del Estado dar la atención necesaria en cirugías funcionales, reconstructivas, estéticas y rehabilitación.

“El sector de salud pública, por ejemplo, tiene que atender de manera gratuita, integral, eficaz y proporcional las afectaciones causadas. Tiene que haber atención psicológica para ellas y sus familias. Las medidas de seguridad y de protección tienen que ser efectivas”, dice la activista feminista, Ximena Canseco.

La Ley Malena establece por primera vez que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar programas especializados para atender a las mujeres víctimas de violencia; además de llevar un registro sobre las personas atendidas en casos de lesiones causadas con ácidos o sustancias químicas y corrosivas.

@GloriaPE_

@marrome259

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