Ataques con ácido: historias de impunidad y violencia institucional

EMEEQUIS.– A Elisa Xolalpa durante más de dos décadas le hicieron creer que fue su culpa cuando su expareja le arrojó ácido en el 40% de su cuerpo: acababa de cumplir 18 años.

Jueces, Ministerios Públicos y personal administrativo de la Fiscalía la culparon de lo sucedido: por no seguir el proceso de justicia a tiempo, por no estar atenta a la denuncia mientras ella llevaba un largo proceso médico para recuperar su salud. Perdieron su carpeta de investigación abierta en 2001. Su caso es el segundo registrado en el país de ataques químicos. 

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“Cuando tuve las fuerzas y la voluntad de recuperar mi vida me acerqué, pregunté a la Procuraduría, a Fevimtra y todas las instituciones me decían que no estaba mi carpeta”, relata la sobreviviente a EMEEQUIS, quien también se enfrenta a violencia institucional que le ha impedido encontrar justicia y recuperar la seguridad. 

Tiene 38 años y es originaria de la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco en la alcaldía Xochimilco;  donde se dedica al cultivo y venta de plantas ornamentales. Reconoce que ha aprendido a vivir con sus heridas, a pesar de ser señalada y discriminada, incluso, por las mismas autoridades que desconfiaron de su denuncia, pero lucha todos los días contra eso. 

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE “EXTRAVIAR” EL EXPEDIENTE 

En los 20 años que permaneció “perdido” el expediente, su agresor estuvo prófugo porque escapó de la comunidad de Xochimilco; hasta 2019 que regresó para agredir a ella y su familia. 

“Cuando él regresa me empieza a mover todo y fue muy complicado. Ha sido muy complicado arrebatar justicia, porque creo que es lo que he hecho, arrebatar un poco de justicia, porque es lo que merezco”, cuenta la sobreviviente. 

Reclamos de justicia por parte de Elisa Xolalpa. 

Javier Edilberto “N” regresó a violentarla y amenazarla, pero por la pérdida del expediente no se han logrado acreditar y sancionar las graves lesiones que le provocó con ácido en noviembre de 2001. Sólo pudo abrir una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, con posibilidades de una sentencia mucho menor. 

“Él me torturó, me ató a un poste. Me lanzó un garrafón de ácido en el cuerpo y al desatarme él iba corriendo atrás de mí y me decía que me iba a aventar al canal para que encontraran mi cuerpo. No sólo iba a lastimarme, él iba a matarme”, relata Elisa Xolalpa, quien busca que su agresor sea juzgado por tentativa de feminicidio porque asegura que hubo premeditación e intenciones de terminar con su vida. 

Tras un juicio que retrasó la pandemia, el 29 de abril de este año, Elisa logró que se le impusiera una sentencia de siete años a su agresor. Pese a ser una de las condenas más altas por el delito de violencia familiar, sabe que no es sanción adecuada, porque las agresiones de 2001 no fueron consideradas debido a que las autoridades obstaculizaron la búsqueda de justicia al perder su primer expediente. 

“Siempre me culparon a mí, pero yo cuando denuncié de verdad me encontraba en una situación muy vulnerable, porque de Xochimilco al Ministerio Público de Benito Juárez, donde se inició la carpeta, era una distancia de aproximadamente dos horas y media. Yo tenía que enfocarme en el tratamiento médico”. 

Para retomar el caso, Elisa tuvo que pedirle apoyo directamente a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Fue a partir de ese momento que la Fiscalía giró varios oficios para conocer el estatus de la carpeta de investigación abierta hace más de 20 años, hasta que Coordinación de Criminalística encontró los datos de su nombre, el delito, la fecha y el del agresor, dando valía a su denuncia original. 

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“Fue un alivio para mí decirles, ven, no estoy mintiendo. Sí me sucedió, si me hizo eso él, porque al principio no me creían”, cuenta Elisa, quien ahora espera que la defensa de su agresor no imponga amparos ante la sentencia y se decrete en la siguiente audiencia, programada el viernes 6 de mayo, que él pagará la condena en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Sin embargo, ella y su defensa preparan otro arrebato de justicia. Reincorporar los ataques con ácido al expediente contra Javier “N” para incrementar la pena y que sea juzgado como tentativa de feminicidio; pero también que se logre sancionar a los funcionarios que perdieron su averiguación y le impidieron seguir su caso. 

Dan seguimiento a una denuncia contra los servidores públicos para encontrar a los responsables de poner barreras a su proceso judicial. 

“Espero pronto pueda decirles que se logró una sentencia justa, que se logró reponer un proceso y dejar un precedente para otras mujeres de que una violencia tan extrema, después de tantos años fue castigada”, afirma Elisa con esperanzas.  

LIMITAN SEGURIDAD CON PRETEXTO DE “SUFRIR SÓLO VIOLENCIA EN REDES”

“Yo me convertí en mi propia defensora de mis derechos humanos y de los derechos de mi familia. Además en todo este proceso también me he convertido en defensora de otras mujeres cuando me lo piden”, cuenta a EMEEQUIS Maria Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña y sobreviviente de ataque químico en 2019.  

Tres años después del ataque que le cambió la vida, Malena, como la conocen quienes la aman, alza la voz contra las autoridades mexicanas que han sido omisas con su proceso legal y también para garantizar su seguridad. 

Además de que ninguno de sus agresores materiales e intelectuales han recibido sentencia, ahora también se ha enfrentado a una campaña de desprestigio mediático y acoso por parte de la familia de su agresor, quien se encuentra detenido desde el 2020 en el Penal de Tanivet en Oaxaca al enfrentar un proceso por tentativa de feminicidio.  

“Lo que si me da mucha tristeza es que sea el gobierno quien te violente y vulnera”, dice la joven de 28 años, a quien en fechas recientes le limitaron las medidas de protección otorgadas por el Estado. 

Pese a que las lesiones de su rostro y cuerpo están recuperándose, no así su seguridad y justicia pues aún siguen estancadas. Asegura que ser víctima en Oaxaca y en México significa enfrentarse a una doble violencia, no sólo de sus agresores, sino también de las instituciones a pesar de conocer las condiciones de riesgo que enfrentan las sobrevivientes. 

A principios de abril, la Secretaría de Gobernación anunció la reducción de las medidas de protección que le son asignadas como parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos Periodistas, al cual pertenece desde julio de 2021. Refieren que sólo pueden brindarle la atención de dos escoltas en el estado de Oaxaca y algunos puntos de la Ciudad de México. 

“Dicen que no corro riesgo porque sólo me agreden en internet”. María Elena Ríos. 

Para las instituciones era necesario que ella volviera a validar la calidad de víctima “verte siempre encerrada, sufrida, sin hacer actividades, pero todas las sobrevivientes tenemos el derecho a rehacer nuestras vidas, incorporarnos a actividades. Tenemos el derecho a sonreír, a salir, a volver a soñar, a enamorarnos si es que lo deseamos”, dice la saxofonista sobre el cuestionamiento institucional. 

“Dicen que no corro riesgo porque sólo me agreden en internet, sin evaluar la persecución y las consecuencias que anteceden”, cuenta la saxofonista a EMEEQUIS. A pesar de haber enviado informes de las agresiones que enfrenta como persecución de ella y su familia en vehículos, llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y campañas mediáticas en las que afirma, quieren distorsionar la realidad. 

“Todo esto lo sabe Alejandro Encinas. Lo he mandado por reporte al Mecanismo”, afirma Maria Elena, quien refiere que pese a tener una Junta de Gobierno con los representantes de la Fiscalía y el Mecanismo de Protección Federal decidieron modificar el rango de protección y limitarlo sólo en Oaxaca y en visitas a la Ciudad de México. 

Debido a las carencias presupuestales del mecanismo, reconoce que en ocasiones ha tenido que pagar el transporte y la alimentación de las personas que le asignan para su cuidado. Con desaliento asegura que pese a que las medidas de protección “son para hacer sentir a una víctima a una sobreviviente en un espacio seguro y ellos no lo hacen”. 

No hay cosa que más moleste a Maria Elena que la incongruencia de las autoridades Oaxaqueñas, afirma que, mientras presumen sus actividades culturales como la Guelaguetza o sus atractivos culinarios, hay mujeres que están siendo agredidas por sus mismas instituciones, asegura. “Oaxaca es bien corrupto, feminicida y omiso”.

NO SON LESIONES, ES TENTATIVA DE FEMINICIDIO

A pesar de que colectivas de sobrevivientes contabilizan que 29 mujeres han sufrido de ataques con sustancias corrosivas en México, este delito no existe dentro del Código Penal Federal. Tampoco hay un conteo oficial de las víctimas ni seguimiento a sus procesos. 

El pasado 27 de abril, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la modificación al artículo 85 para tipificar como delito los ataques con ácido y sustancias químicas con sanciones de hasta 13 años de cárcel y multa de 300 a 700 UMAS. 

El  27 de abril la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la modificación al artículo 85 para tipificar como delito los ataques con ácido y sustancias químicas. Así dio cuenta de ello María Elena Ríos. 

Además, al adicionar el artículo 297 BIS se busca obligar al Ministerio Público a garantizar la reparación del daño de manera integral del daño “proporcional a la gravedad del daño”; sin embargo no se establece las garantías, como lo aseguran sobrevivientes de ataques químicos. 

Afirman que son casos que no deben contemplarse como lesiones, sino como tentativa de feminicidio, ya que se tratan de actos premeditados y que no basta con una legislación, sino que debe hacerse efectivo en la actuación de los funcionarios públicos y las instituciones. 

La saxofonista Maria Elena Ríos agradece el “gesto” que tuvieron los legisladores, pero que no es la primera vez que se busca esta tipificación. Recuerda que en 2019 una propuesta se intentó impulsar, pero de 128 senadores, sólo ocho apoyaron la moción. 

Reconoce que es necesario nombrar a la violencia ácida, establecer un enfoque médico especializado sobre las necesidades de las sobrevivientes y una iniciativa para remover del cargo a funcionarios públicos que ejerzan violencia institucional al impedir el acceso a la justicia de las víctimas. 

“Como víctimas y sobrevivientes todas las mujeres tienen el derecho a recuperarse y volver a sonreír y eso no eximirá jamás a los criminales que nos intentaron matar”, resalta Maria Elena. 

@GloriaPE_