Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
El equipo del nuevo gobernador morenista enfoca sus baterías en evidenciar presunto quebranto financiero en las secretarias de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano, así como en el ISSSTESON. El posible daño al erario alcanzaría la cifra de 4 mil millones de pesos.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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EMEEQUIS.– Tan pronto como asumió el cargo de gobernador de Sonora, el equipo de Alfonso Durazo Montaño documenta un posible quebranto financiero contra la administración de su antecesora Claudia Pavlovich Arellano, por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos.
Una fuente al interior de la actual administración asegura que se revisan anomalías en cuanto al manejo de recursos, específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora (ISSSTESON).
Entre los nombres que sobresalen en la indagatoria, se encuentran los de Sergio Torres Ibarra, esposo de la exgobernadora, y Miguel Ernesto Pompa Corella, exsecretario de Gobierno, además de marido de una prima de Pavlovich.
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La fuente agregó que para la misión de documentar las irregularidades se seleccionó a dos personajes clave de toda confianza del gobernador, ello para guardar absoluta secrecía, pues genera desconfianza que todavía quedan en la actual administración funcionarios del gobierno anterior, sobre todo en cargos de dirección.
Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores indican que se habría negociado un consulado en Europa para Claudia Pavlovich, pero ello no la eximiría de enfrentar una posible denuncia.
Como es de esperarse, los detalles de la indagatoria se mantienen bajo gran seguridad y hermetismo, pero existen antecedentes ya ampliamente difundidos sobre irregularidades tras investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, aunque sin consecuencias legales todavía.
OPERACIÓN “SAFIRO”
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, y Colima, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la “Operación Safiro”, nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI se encontró evidencia de que el Gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el ex agente del CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia.
Sin embargo, la administración de Pavlovich respondió a peticiones de información con reportes en el sentido de que solamente realizó cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la red fantasma.
En una publicación del diario Vanguardia de diciembre de 2019, se establece otra posible línea posible de investigación que involucra a la firma Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V. (SISPS), la cual fue una de las más beneficiadas en la prestación de servicios de seguridad durante la administración de Pavlovich con 97 millones de pesos.
La empresa SISPS en ese entonces era representada por Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la exgobernadora de Sonora.
@emeequis
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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