Violencia criminal, pobreza y, además, “quiebra financiera”: herencia de Carlos Joaquín en Quintana Roo

EMEEQUIS.– Una deuda de más de 6 mil 500 millones de pesos a proveedores del gobierno de Quintana Roo complica la llegada de Carlos Joaquín González a la embajada mexicana en Canadá, debido a una serie de denuncias públicas contra el exmandatario y sus exfuncionarios.

Organizaciones sectoriales como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y algunas otras pertenecientes al gremio empresarial turístico han manifestado sus intenciones de acudir a instancias judiciales ante los inexplicables pasivos.

Carlos Joaquín González dejó una herencia de violencia criminal, endeudamiento, empobrecimiento y corrupción a su paso por la gubernatura de Quintana Roo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha premiado, al proponerlo como embajador de México en Canadá, cuya ratificación aún está pendiente en el Senado.

Mientras el mandatario hace maletas para irse a Ottawa, voceros sociales como Carlos Cardín Pérez, presidente de la asociación Fundadores de Cancún, condenó la propuesta presidencial, pues aseguró que la cercanía del exgobernador con AMLO no es una “patente de corso, ni un título de impunidad”.

Las denuncias han atizado el encono entre exfuncionarios de la administración joaquinista. Por ejemplo, el extitular de la Oficialía Mayor del Gobierno del estado, Manuel Alamilla, se ha lanzado contra la exsecretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, actual diputada local y alfil del exgobernador para el encubrimiento de los presuntos desfalcos.

Alamilla anunció que Torres Muñoz tendrá que pedir licencia: “Es insostenible. No se puede ser juez y parte, ni cínica todo el tiempo. No hay mucho qué buscarle, ni quien cargue sus culpas (ni ineptitud)”.

La previsible caída de la legisladora, que llegó al Congreso con el único propósito de cubrir las espaldas a Joaquín Gonzalez, podría destapar aún más desfalcos. Sin fuero, tendría que pasar a cubrir las propias.

Y es que en el coctel de deudas no sólo están los proveedores, sino también numerosas liquidaciones y sueldos de burócratas que fueron suspendidos en la etapa de Carlos Joaquín y ahora tendrá que resolver Mara Lezama. De modo que los litigios se esperan por cascadas.

FINANZAS, BAJO SOSPECHA

La administración de Carlos Joaquín González (2016-2022) tuvo dos secretarios de Finanzas y Planeación cuestionados. El primero, Juan Vergara Fernández, con diversos señalamientos de ilegalidades. La sucesora, Yohanet Torres Muñoz, de capacidad cuestionable, pero lealtad probada.

Juan Vergara Fernández llegó con una carga oscura al arranque de la administración: el escándalo divulgado en medios de comunicación por sus ligas con empresas factureras y de outsourcing, en colusión con Víctor Manuel Álvarez Puga, el famoso marido de la estrella televisiva Inés Gómez Mont.

Vergara pertenecía a los consejos de administración de empresas como México Traveler Network, con 99% de las acciones; preside el Consejo de Auditores Corporativos Internacionales, con 90% de las acciones; posee el 59% de las acciones de Multimedios Turísticos, el 28% en Inmobiliaria Regiocaribe; el 25% en Telefrontera Management LLC y un participación semejante en Telefrontera LLC, así como el 55% de acciones en Salud TV.

Pero, además, había desarrollado por años en Cancún, a la vista de todos, un imperio con al menos 17 empresas irregulares. Según investigaciones reveladas en su momento, contribuyó a que hoteleros, comerciantes y alcaldes corruptos burlaran impuestos y ocultaran fortunas personales.

En 2016 reportaba, en su declaración patrimonial, un ingreso anual por 71.7 millones, y propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México, Cancún, Puerto Morelos, Holbox, Valladolid, Puebla y Solidaridad.

A pesar de la sombra de los negocios turbios, Carlos Joaquín sostuvo a Vergara por 17 meses, y salió de la secretaría hasta febrero de 2018. Buscaba la candidatura del PRD a la alcaldía de Benito Juárez-Cancún.

Sin embargo, días después de su salida, fue detenido bajo cargos de lavado de dinero. El halo protector del que disfrutaba le permitió ser excarcelado un par de días después y, posteriormente, ser exonerado en octubre de 2018, tras lo cual juró no volver a la administración pública.

TAPADERA AFLOJADA

En su sillón de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Vergara dejó a Yohanet Torres Muñoz, su mano derecha. El logro principal de Torres Muñoz sería una inmanejable deuda que sólo puede explicarse por la suma de impericia y corrupción, pero que ha justificado con un pretexto recurrente: dice que fue el costo económico de la pandemia.

El combate a la corrupción, presumido por el gobierno de Carlos Joaquín, fue sólo un ardid publicitario; el saqueo que condenaron del gobierno anterior no sólo se replicó, se multiplicó en dependencias del gobierno, particularmente en las áreas administrativas, donde se manejan los recursos para las licitaciones públicas.

Por ejemplo, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, su titular Edgar Sánchez Piña operó una red de empresas, algunas de ellas fantasma, para simular servicios y compras, manipular facturas, así como desaparecer alrededor de 50 millones de pesos.

Yohanet Torres Muñoz. Labor de escudo. Foto: Ve Noticias.

La diputada Yohanet Torres tuvo pleno conocimiento de los malos manejos de Sánchez Piña, pero lo dejó correr porque esas eran las instrucciones que él recibía de las altas esferas.

Pero el daño más lastimoso es un pasivo de más de 6 mil 500 millones de pesos por adeudos a proveedores de la administración de Joaquín González, que heredó a la administración de Mara Lezama, dejándola ante la disyuntiva de refinanciamiento o colapso económico.

Y es que en la administración que encabezó Carlos Joaquín González, han denunciado contratistas, prevaleció el incumplimiento en la cobertura de adeudos.

La CMIC – Quintana Roo lamentó la falta de seriedad de las autoridades de la administración pasada para liquidar a ese sector alrededor de 100 millones de pesos, que han sido heredados al nuevo gobierno.

Dicha cantidad es por concepto de obras ya ejecutadas y que fueron parte del crédito por 820 millones de pesos que adquirió el gobierno joaquinista etiquetado para obra pública, pero cuyo destino quedó en la incertidumbre.

Hay otros proyectos cuya cobertura de pagos tampoco se cumplió en los términos en que fueron contratados, para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Obras Públicas.

Hacia el término de la gestión, Joaquín González le consiguió a Yohanet Torres una promoción política con sus nuevos amigos: una candidatura plurinominal del obradorista PVEM a la legislatura local, para gozar de fuero durante los próximos dos años, justo en los que estaría en peligro legal por su mal desempeño.

Desde septiembre es diputada de la XVII Legislatura local, aunque el exmandatario no consiguió que Torres Muñoz encabezara la presidencia de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, donde el exmandatario esperaba que su exsecretaria de Finanzas y Planeación retuviera en sus manos los hilos necesarios para mantener los desfalcos lejos de la luz pública.

Por el contrario, Yohanet se ha convertido en blanco de la ira de los acreedores, dentro y fuera del Congreso. Ahora, hasta sus excompañeros de gabinete se han vuelto contra ella.

Apenas el 12 de octubre pasado, su excompañero de gabinete, Manuel Alamilla, que fuera Oficial Mayor del gobierno de Carlos Joaquín González, posteó en su cuenta de Twitter:

“Aunque es pronto, se prevé que a una legisladora ‘le pedirán’ licencia a su cargo… Es insostenible. No se puede ser juez y parte, ni cínica todo el tiempo. No hay mucho qué buscarle, ni quien cargue sus culpas (ni ineptitud). Lo que natura no dio, congreso no lo otorga”.

 Vaticinan la salida de Yohanet del Congreso local. 

Lo cierto es que, como legisladora, Torres Muñoz ha desarrollado una creatividad que como responsable de finanzas del gobierno joaquinista no se le conoció: primero salió con la historia de que la pandemia había causado el daño patrimonial de 6 mil 500 millones de pesos, y más recientemente dijo que su exjefe recibió la administración con un adeudo de 15 mil millones de pesos.

Pero las cifras han dejado de tener sentido. Y es que, en vísperas del arribo del gobierno de Mara Lezama a la gubernatura, Ricardo Román Sánchez Hau, encargado de despacho de la secretaría de Finanzas y Planeación desde marzo, dio a conocer que al inicio de la administración de Carlos Joaquín se heredó una deuda pública por 19 mil 170 millones de pesos y que, a la fecha, se había disminuido a 18 mil 868 millones de pesos, que significa que se logró amortizar más de 300 millones de pesos.

De perder el fuero, Yohanet Torres podría abrir una cloaca aún mayor, pues tendría que dejar de cubrir las espaldas del gobernador para proteger las propias.

Después de todo, como han revelado diversos proveedores, Torres mantuvo el control de la Secretaría durante la campaña electoral y hasta el final de la administración joaquinista: todo se tenía que acordar con ella, aunque ya no fuera la titular formal de la dependencia.

APAPACHOS DE AMLO NO IMPLICAN IMPUNIDAD: FUNDADORES DE CANCÚN

Antes de la transmisión del poder a Mara Lezama, Carlos Joaquín González se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí salió Joaquín González aliviado, y el tabasqueño lo propuso como embajador de México en Canadá, “por la experiencia que tiene con la gran afluencia de turistas de ese país en el Caribe mexicano”.

El Senado deberá ratificar su eventual nombramiento, pero en Quintana Roo se considera que el premio diplomático es una burla.

 Rumbo a Canadá. Carlos Joaquín con AMLO y Mara Lezama. Foto: Especial. 

Carlos Cardín Pérez, presidente de la asociación Fundadores de Cancún, condenó la propuesta presidencial apenas en octubre. Dijo en una entrevista con la agencia SIM que los apapachos presidenciales a Carlos Joaquín no lo eximen de ser investigado por las deudas que adquirió su administración.

Expresidente municipal de Benito Juárez, Cardín aseguró que la cercanía del exgobernador con AMLO no es una “patente de corso, ni un título de impunidad”; por lo que instó a las autoridades en turno a “resolver el tema de la deuda adquirida”.

“Los apapachos no sirven de nada ―advirtió―, y menos con este presidente. En la administración pública no se puede omitir nada. Hay muchas cosas que se están descubriendo”.

Lamentó que Carlos Joaquín “escondió hasta el final el tema de las finanzas, alegando que la deuda estaba equilibrada, pero ahorita [cuando los proveedores están solicitando sus pagos] se está demostrando que no”.

Exigió: “Es necesario que se aclare por qué nos volvieron a saquear, porque ya no se puede seguir saqueando al estado. […] No es justo que teniendo Quintana Roo 48 años de historia, ya sea considerado como un estado prácticamente quebrado”.

Apeló para ello al Congreso del Estado, de quien espera que no haya, dijo, “alcahuateos”.

Otro adeudo es el que dejó el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR) con proveedores, por alrededor de 300 millones de pesos. Artemio Santos, designado como enlace con el sector privado del equipo de recepción de la gobernadora Mara Lezama, aseguró que la nueva administración asumirá el pasivo.

Santos, que lidió con numerosos reclamos de la misma naturaleza, con diferentes líderes sectoriales,  durante la etapa de transición del gobierno estatal, carga con un gran compromiso. Y es que, al arranque de la actual gestión,  se convirtió al cabo en jefe de la Oficina de la gobernadora Mara Lezama.

POBREZA Y VIOLENCIA CRIMINAL

Carlos Joaquín González renunció al PRI en los tiempos en que su medio hermano, Pedro Joaquín Coldwell, estaba encumbrado en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, como secretario de Energía y Consejero de Pemex, y terminó salpicado en el escándalo de corrupción del Caso Odebrecht y en la venta de la planta de Agro Nitrogenados.

En un acto de traición, Carlos Joaquín tejió acuerdos políticos a espaldas de los partidos que lo encumbraron: PAN y PRD. Y ahora, es una de las estrellas del obradorismo.

Salió de la administración presumiendo logros que sólo aparecían en su propaganda. Su gestión estuvo marcada por la frivolidad y los caprichos de poder, como los escoltas privados para él y sus familiares, sufragados por los contribuyentes, que aún conservará por doce años después de su mandato.

Mientras, la población enfrentaba la más violenta de las épocas que recuerden las generaciones, donde los tiroteos, masacres, aparición de cadáveres y fragmentos de ellos en las calles y avenidas de las ciudades principales se convirtieron en un espectáculo cotidiano.

De 2016 a 2021, la tasa de asesinatos pasó de 11 por cada 100 mil habitantes, a 31.5 por cada 100 mil, de acuerdo con las mediciones reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Una ola de sangre bañó al estado; las acusaciones de complicidad del gobernador y sus mandos policíacos con la delincuencia se multiplicaban, en especial contra Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La extorsión y los asesinatos alcanzaron cada rincón de la Riviera Maya, que se convirtió en territorio franco para las organizaciones delictivas, a tal punto que la condición de zona libre alcanzó fama global y convocó la presencia de grupos delictivos foráneos, como la mafia rumana y rusa.

Pero el negocio de la droga no estimuló el crecimiento económico, sino que pegó a los circuitos turísticos y al final a la población más desprotegida. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016, al arranque de la gestión de Carlos Joaquín, el 31.7% de la población se hallaba en situación de pobreza.

Al término de la desastrosa cabalgata del joaquinismo, en 2021, la situación era gravemente dramática, pues el 47.5% de los quintanarroenses ya se encontraba en esa categoría de miseria.

Sólo progresaron amigos y miembros del grupo cercano del exgobernador, quienes multiplicaron negocios inmobiliarios.

@estedavid

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