SPR de Villamil contrata para “coffee break” a una empresa que sirvió a Javier Duarte

EMEEQUIS.― El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) requería del servicio de Coffee Break y contrató para ello a una empresa que prosperó con contratos del gobierno del priísta Javier Duarte en Veracruz. 

El anexo técnico del primero de dos procedimientos planteaba como opciones para el coffee break a contratar, “quiche” de determinados rellenos, “focaccia de queso con pepperoni”, o “panini de espinacas con pechuga de pavo”,   por casi medio millón de pesos, para consentir al equipo de producción, “atendiendo el plato del buen comer”, una guía del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

En 2020 les repitieron la receta.

Para el surtido, SPR encontró como proveedora a Claudia Melo Espinosa, una contratista con participación en la empresa Torres del Golfo, que se benefició de contratos con el gobierno priísta de Javier Duarte en Veracruz (2010-2016). Le vendió desde tóner hasta neumáticos.

Convocatoria para el servicio de coffee break.

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Ya en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía veracruzana de la era de Jorge Winkler le quedó a deber 5.6 millones de pesos. Pero recibieron la contratación de SPR, como una especie de contrato de consolación, si bien de modo efímero.

Para facturar con el gobierno obradorista, Claudia Melo creó Producciones Bolena, con su hija Michelle Tapia Melo. La empresa nació con el arranque mismo del gobierno obradorista: en realidad tres días antes, el 28 de noviembre de 2018.

La registraron en una notaría de Jilotepec, con dirección comercial en Naucalpan y operan desde Xalapa, donde abrieron, precisamente en 2020, Bolena Café, en un inmueble que perteneció a la Universidad Veracruzana.

LA POSTURA DE VILLAMIL

Consultado al respecto, el director del SPR, Jenaro Villamil señala: “No estaban impedidas por la Secretaría de la Función Pública”. 

También afirma que –para la mala fortuna del segmento de muchachos de la producción de SPR– el segundo contrato se canceló “por la pandemia”. Lo cierto es que el gobierno cerró actividades, comenzando por la Secretaría de Educación Pública, el 17 de marzo de 2020. Y la convocatoria para ese contrato cerró el 10. El fallo de esa asignación se registró el día 12 del mismo mes.

El estatus oficial del contrato con dicho recurso ya no puede consultarse, de hecho de ningún contrato, “hasta nuevo aviso”: los registros de Compranet dejaron de ser públicos desde el desastre técnico del 15 de julio pasado en esa plataforma web. 

Villamil aprovecha para comentar que en octubre de 2020 efectuó una depuración del área de compras de la dependencia a su cargo para evitar proveedores sin las características deseadas por la institución, “porque siempre hay empresas que se cuelan”, aunque aclaró que la limpia no tenía que ver con este caso específico. 

Jenaro Villamil asegura que no se ejerció la totalidad de los montos asignados. Foto: Facebook.

“EL BUEN COMER”

Las contrataciones aludidas con Bolena Producciones por Servicio de Coffee Break, box lunch, y bebidas isotónicas para la realización de producciones y programas, fueron dos.

El primer contrato, de agosto de 2019, fue una adjudicación directa, con vigencia del 24 de agosto al 31 de diciembre de ese año, por 498 mil 480 pesos. El segundo, de 2020, fue una asignación bajo el procedimiento de invitación a tres personas, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, por un monto de 1.5 millones de pesos.

Desde la primera convocatoria para la contratación del coffee break, SPR estableció requerimientos muy precisos.

Estableció que “de forma enunciativa más no limitativa el servicio de coffee break deberá contener:

 “1. Coffee break básico: café americano y té, pan dulce miniatura y galletas, refrescos, agua embotellada, agua mineral, azúcar estándar, crema para café, sustituto de azúcar, servilletas, cristalería y loza. 

2. Coffee break con bocadillos: café americano y té, pan dulce miniatura y galletas, refresco, agua embotellada, agua mineral y azúcar estándar, crema para café, sustituto de azúcar, servilletas, cristalería y loza, fruta de mano o bocadillos o crudités (verduras crudas con aderezo), variedad de botanas y semillas”.

En cuanto al Box Lunch, demandaron “de forma enunciativas más no limitativa” las opciones (no necesariamente todo el producto, sino como opciones a ser elegidas por el proveedor):

 “1 baguette de jamón con queso, lechuga y jitomate.

1 focaccia de queso con pepperoni.

1 panini de espinacas con pechuga de pavo y queso panela.

1 baguette de ensalada de pollo.

1 torta de pollo al horno con lechuga y queso.

1 club sándwich con papas fritas.

1 panini de cochinita pibil con frijoles refritos

1 rebanada de quiche de rajas con elote y queso.

4 rebanadas de sincronizada con chiles jalapeños.

(Quiche es una tarta salada de inspiración francesa, focaccia apunta hacia una variante de la pizza, y panini no es otra cosa que un emparedado con pan más ancho o largo de lo común, generalmente “a la plancha”,  en realidad tostado en sandwichera).

Además de alguna de las opciones señaladas, la producción debería tener junto con ello “una fruta de mano, una bebida (refresco, jugo o bebida isotónica) y un postre”.

El anexo técnico de la convocatoria aclaraba que, “considerando que el box lunch es el sustituto de una comida completa, su elaboración deberá contemplar cantidades en gramaje y  porciones adecuadas atendiendo el plato del buen comer”.

Y detalla:

 “Cereales y tubérculos (pan, pasta, según sea el caso).

Leguminosas (frijoles si la receta lo requiere)

Verduras y frutas frescas.

Productos de origen animal (los gramajes de la carne deberán ser en cocido y corresponden a 130 g. carne magra, en la elaboración de guisados con pollo o carne deshebrada deberán ser 150 g. y cuando sea en trozo dos de 80 g. cada uno, costilla 230 g., pollo con hueso 250 g.,  en pescado 130 g., res o cerdo y molida 160 g. en cocido). Grasas moderadas (mantequilla o mayonesa)”. 

Es decir, todo lo que el pueblo mexicano debe saber para su alimentación (especialmente en tiempos de complicaciones económicas). 

Claudia Melo y Michelle Tapia. Foto: Especial.

¿Y LA AUSTERIDAD?

EMEEQUIS le planteó al director de SPR, Jenaro Villamil, que tratándose de la actual, una gestión que ha sido crítica del dispendio de otras administraciones, y que se concibe al lado del pueblo llano, siempre surgen preguntas sobre las diferencias entre la prédica y la práctica. 

Por ejemplo, ¿qué quiere decir que el servicio contratado debe surtirse “atendiendo el plato del buen comer”? ¿Cuál es la relevancia de que sea exactamente “quiche”, “focaccia de queso con pepperoni”, o “panini de espinacas con pechuga de pavo”?

El director del organismo respondió que “el bien comer es una norma” del SIAP (Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera), y compartió una guía al respecto. Aclaró además, que “sólo se ejercieron 324 mil pesos” en el caso del contrato correspondiente a 2019.

El plato del bien comer al que hace referencia Villamil.

Respecto del segundo contrato, de características semejantes, de 2020, el funcionario aclaró que fue cancelado: “Fue una terminación anticipada. La pandemia hizo que se suspendieran muchos eventos de transmisión en vivo y ya no se necesitaba de ese proveedor”.

Un detalle desconcertante de este último caso es que el gobierno obradorista cerró actividades el 17 de marzo de 2020, y sólo cinco días antes había sido emitido el fallo para esta contratación. Además, la sábana descargable de excel del Compranet marca el contrato como terminado, no como cancelado, si bien no es extraño que algunas contrataciones aparezcan con un estatus diferente en el parea de consulta por código. 

Sólo que el estatus oficial del contrato con dicho recurso ya no puede consultarse, de hecho de ningún contrato, “hasta nuevo aviso”: los registros de Compranet dejaron de ser públicos desde el desastre técnico del 15 de julio pasado en esa plataforma web. 

LAS PROVEEDORAS, DUARTISTAS

Producciones Bolena nació el 27 de noviembre de 2018, exactamente tres días antes del arranque del sexenio obradorista. Pertenece a una familia del Estado de México, aunque operan desde Xalapa, Veracruz.

Las socias, Cinthya Michelle Tapia Melo, de 21 años; Paola Nicole Carrillo Tapia, de 19, protocolizaron notarialmente la compañía ante el Notario Número 121 de Tejupilco, estado de México, y declararon su domicilio en Naucalpan. En efecto, Michelle ha figurado como funcionaria de casilla en la tercera sección de Lomas Verdes.

Paola Nicole, por su parte, figura como estudiante de odontología según registros de la Unidad Iztacala de la UNAM.

Michelle es la administradora única y representante legal, y pusieron como comisaria de la sociedad a Bertha Gracia Ortega Hernández, una contadora que también es vecina de Naucalpan.

Pero la inversionista detrás de Michelle y Paola Nicole es Claudia Melo Espinosa, madre de la primera, como lo declaró en una transmisión de Facebook sobre uno de los negocios que echaron a andar justo en 2020, Bolena Café, en Xalapa:

“Encontramos estas instalaciones que pertenecían a la librería de la Universidad Veracruzana, y esta era la parte del estacionamiento, y hemos ido restaurando estas instalaciones desde la banqueta hasta la parte del salón, que, bueno, nosotros convertimos en salón esta bodeguita”.

Claudia Melo tiene participación en Torres del Golfo, una empresa que prosperó con contratos del gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (2010 -2016). Pero aquella prosperidad terminó cuando el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes no cubrió los pagos de dichas asignaciones.  

Platillos a la carta.

TORRES DEL GOLFO EN TIEMPOS DE DUARTE

En 2019, la madre de Michelle comenzó a difundir en medios el conflicto con el gobierno de Veracruz:

“Soy Claudia Melo Espinosa de Xalapa, Veracruz, me permito escribirles ya que estamos en una situación desesperada y sin encontrar un camino con la Fiscalía del Estado de Veracruz, dependencia que se supone es la autoridad máxima que debería procurar nuestra seguridad e integridad como ciudadanos.

“Tenemos una empresa llamada Torres del Golfo S.A. conformada principalmente de pequeñas empresarias mujeres, y hace ya casi tres años, en junio de 2016, participamos en una licitación pública de consumibles de cómputo, con dicha dependencia y en ese momento nos sentimos muy orgullosas y privilegiadas por haber logrado registrado como proveedores de esa dependencia y ya que piden un sin fin de documentos.

“Al principio empezaron pidiendo compras pequeñas y adjudicaciones directas, después nos invitaron a participar en una licitación, en la cual participamos y al darnos la noticia de que ganamos fue una alegría muy grande, pero una presión muy fuerte ya que nuestra capacidad económica no soportaba surtir toda la licitación que en ese momento fue de $ 5,600,000, para lo cual acudimos a negociaciones con proveedores, bancos, préstamos con familia y vender bienes ¡con tal de cumplir con el compromiso! Ya que estaba de por medio un contrato, en el cual especificaba un plazo de treinta días.

“Nosotros logramos entregar en tiempo y forma todos los bienes comprometidos, que son básicos para que las diferentes oficinas de la fiscalía operen (papel, tóners, cintas, etc.); tenemos invitación, fallo, contrato, notas de remisión, fotografías de entrega, facturas. (…) al suceder lo ya conocido con el exgobernador Duarte y llegar el equipo del nuevo fiscal y su oficial mayor, la contadora pública Gabriela Reva, toman posesión y acudimos de inmediato a ella (…)”.

Si bien era una injusticia por parte de la Fiscalía de Jorge Winkler, que tenía en situación semejante a otras empresas, lo cierto es que Torres del Golfo había recibido suficiente contratación con el gobierno de Duarte como para andar pidiendo prestado.

Carlos y Noemí Tapia Torres, familia paterna de Michelle Tapia Melo, fundaron Torres del Golfo en 2007, justo con el giro principal de comercialización de equipo de cómputo, consumibles, artículos de papelería, de escritorio y de limpieza y productos para artes gráficas.

Por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) vendió en 2013, 2014 y 2016, equipos de cómputo por 938 mil pesos; en 2014 vendió a la Unidad Administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador Duarte “artículos para taller” por 140 mil pesos; en 2016, la “Oficina del Programa de Gobierno”, le compró consumible y papelería por 106 mil pesos, y la secretaría de Finanzas, de nuevo, equipo de cómputo, esta vez por casi 200 mil pesos.

Y en fin, otros contratos menores a otras dependencias veracruzanas, pero también a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y a Liconsa.

Acabado Duarte, también se acabaron los contratos y para Torres del Golfo. Pero al menos, a través de Producciones Bolena, la familia ha encontrado una nueva veta, esta vez con el gobierno federal. Aunque sea de manera efímera. 

Jenaro Villamil aclara que en el momento de la asignación, las proveedoras “no tenían ningún impedimento por parte de la Secretaría de la Función Pública para participar en licitaciones”.

@estedavid