Reprobados: la fallida estrategia de seguridad en Guanajuato

Persona caracterizada como La Muerte con panorámica de Guanajuato. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La expresión de dar “un golpe de timón” se volvió popular en Guanajuato cuando en campaña el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prometió que lo realizaría con un único fin: dar seguridad al estado del que sería gobernador y que se caracteriza por la violencia.

“Hoy quiero enviar un mensaje muy claro y contundente a los guanajuatenses; en seguridad pública, tenemos estrategia, rumbo y decisión. Estamos asumiendo con fuerza y determinación, el liderazgo de la seguridad en el estado. Que no haya dudas, vamos a asegurar la paz y la tranquilidad de las familias guanajuatenses, vamos a responder con hechos a la confianza, las necesidades y las expectativas de la ciudadanía”, dijo Rodríguez Vallejo en noviembre de 2018 una vez que había tomado posesión como gobernador tras presentar su decálogo de acciones para mejorar la seguridad en el estado.

Sin embargo, cinco años y cuatro meses después de su toma de posesión, y a poco menos de un año para ponerle fin a su sexenio, las cifras y relatos de activistas muestran un panorama que difiere de dicho plan: violencia en Guanajuato se ha vuelto cotidiana.

MÁS DE 15 MIL HOMICIDIOS, LAS CIFRAS Y LOS CASOS

A partir de una revisión a las estadísticas presentadas del Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, EMEEQUIS pudo verificar que del registro de más de 20 mil carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en el estado de 2015 a 2023, las correspondientes a la gestión de Diego Sinhué suman más de 15 mil.

Asimismo, en el caso de otros delitos registrados en dicho reporte está que se acumulan más de 66 mil 586 carpetas de investigación por lesiones dolosas, 50 por secuestros, 17 por tráfico de menores, 169 mil 624 por robo y 90 mil 583 por narcomenudeo.

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En el caso de feminicidios, las cifras arrojan 114 asesinatos de mujeres.

Dentro del periodo donde se registraron dichas carpetas de investigación, están casos como el de la masacre de Salvatierra en diciembre de 2023 donde un grupo armado disparó contra jóvenes en una fiesta, matando a 12 e hiriendo a 11, además de quemar varios autos, hecho por el que hasta la fecha no se ha reportado detenidos.

Meses atrás, una mujer de nombre Milagros Monserrat fue asesinada a plena luz del día por un hombre con un arma blanca en el municipio de León. El crimen fue captado en video y filtrado por redes sociales y el feminicida fue detenido 40 horas después por pobladores de un municipio vecino.

Asimismo, el 2 de mayo de 2023 la madre buscadora Teresa Mayegual fue asesinada por varias personas armadas en Celaya cuando andaba en bicicleta.

Otro hecho, el cual no aparece todavía en los registros del Secretariado Ejecutivo dado que sucedió en enero de 2024 fue el secuestro de la madre buscadora Lorenza Cano Flores y asesinato de su esposo e hijo en Salamanca. Por este crimen, dos hombres fueron detenidos pero posteriormente liberados por irregularidades en el proceso y mientras tanto, Lorenza sigue en calidad de privada de la libertad y otro colectivo de búsqueda suspendió sus actividades tras recibir amenazas directas.

Evelina Guzmán, vocera del colectivo Justicia y Esperanza en San Luis de la Paz, quien tiene más de 10 años trabajando en la búsqueda de desaparecidos, señala que las omisiones estatales no son exclusivas del sexenio actual sino que se ha perpetuado la omisión y abandono del gobierno guanajuatense.

“Cuántos años llevamos nosotros, nosotros llevamos 13 años de la desaparición de nuestros familiares migrantes y hay muchas más personas que tienen personas desaparecidas desde hace años. Realmente estamos viviendo unas cifras gravísimas pero ahora es más visible gracias a las redes sociales pero la violencia y desaparición forzada viene desde hace muchísimos años.

“La señora Lorenza es claro ejemplo de que el Estado pues sigue siendo este olvidado, las personas buscadoras somos una muestra de que si la Fiscalía hiciera bien su trabajo, si en el caso de las fosas buscaran bien, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de salir a buscar”, explica Evelina.

El caso de Evelina, se remonta al 21 de marzo de 2011 y busca a su hermano Samuel y a 22 migrantes de San Luis de la Paz en Guanajuato y señala que la necesidad de actuar surgió ante las distintas fallas en el sistema de justicia.

“Ahora, las bases de datos no están al 100% alimentadas no tenemos confianza de que nuestros familiares estén en los registros, ahora los asesinatos y secuestros de buscadoras, lo que pasó con la señora Lorenza y las fallas en los mecanismos de protección a activistas y víctimas que no sirven de nada; realmente ¿nos tienen que matar o secuestrar para que hagan algo?”, señala la madre buscadora.

A la fecha, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta en el estado de Guanajuato un total de 2 mil 584 personas.

“LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL NOS ALCANZÓ A LAS MUJERES”

Verónica Cruz, integrante de la colectiva feminista Las Libres que trabaja desde hace más de 20 años acompañando casos de violencia de género en Guanajuato, explica que las fallas estructurales del estado eran prevenibles y de haber iniciativa la violencia no habría escalado al nivel en el que se encuentra actualmente.

“Del 2000 al 2015 con toda claridad y toda certeza, por ejemplo, la mayoría de los casos de feminicidios homicidios contra las mujeres estaban en el ámbito privado pero del 2015-2016 empieza a incrementarse un ejemplo clarísimo del cambio en la violencia hacia las mujeres y comienzan a ocurrir en el espacio público y mayoritariamente con armas de fuego.

“La violencia criminal generalizada del estado alcanzó a las mujeres, eso significa que se pudo haber prevenido, sin embargo, hoy estamos en esta situación donde va incrementando y son casos complejos en los que incluso se combina la violencia familiar con la criminal”, describe.

Asimismo, la activista explica que un problema de fondo está en que incluso desde las oficinas gubernamentales está normalizada la violencia de género.

“En la administración pública, no tenemos una sola dependencia que no haya venido una persona a confesar un caso de violencia. Eso nos habla de que si ni siquiera en las oficinas se atiende o se erradica la violencia, quién va a resolver las cosas”, concluye.

@FridaMendoza_