La tortura se pasea impune frente a los ojos de 5 gobernadores de Jalisco

* Colaboración especial de Pie de Página en EMEEQUIS.

Guadalajara, Jalisco.– José Martí García Espinoza fue torturado en las instalaciones de la Procuraduría de Jalisco en mayo del 2004. Luis Enrique Camargo Herrera fue torturado en las instalaciones de la ahora Fiscalía en el año 2014 y encarcelado durante cinco años.

Entre ambas historias pasó una década; de las represiones por las protestas altermundistas a la detenciones ilegales y tortura como fábrica de culpables. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), una organización que nació en el contexto de la represión a las y los jóvenes altermundistas ese 2004, ha documentado desde entonces la prevalencia de la tortura en Jalisco.

En el año 2017, Cepad publicó el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016” ^[1] en el que –a partir del análisis de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL)realizada en 2016–, encontró que en el estado el 80 por ciento de las personas detenidas en centros penitenciarios sufrieron algún tipo de tortura física, psíquica y sexual, un 4 por ciento más que a nivel nacional.

 José Martí fue torturado en las instalaciones de la Procuraduría de Jalisco en mayo del 2004. Foto: Daniela Rea

“Jalisco tiene prácticas de tortura por encima de la media nacional, prácticas vividas por personas desde la detención hasta la puesta a disposición de un juez. Jalisco destaca por la falta de defensa, por el tipo de agresiones, por tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos que archiva o concilia las quejas, sin intervención de las víctimas”, dice César Pérez Verónica, quien era director de Cepad al momento de esta entrevista. [2]

Cepad como organización de derechos humanos se ha dedicado a acompañar a víctimas de tortura y desaparición forzada, hace incidencia política y también se ocupa por visibilizar estas problemáticas a nivel social.

Desde la tortura de José Martí, en 2004, hasta la fecha, han desfilado cinco gobernadores en Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (2001- 2007), Gerardo Octavio Solís Gómez (2007), Emilio González Márquez(2007- 2013), Aristóteles Sandoval Díaz (2013 – 2018) y Enrique Alfaro Ramírez (2018 a la fecha), sin que ninguno logre avances para frenar esta práctica.

LA REPRESIÓN

El 28 de mayo del 2004, José Martí García Espinoza tenía 20 años de edad, se enteró que habría protestas contra la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea y quiso sumarse. Desde siempre ha simpatizado con la izquierda. Sin pertenecer a ningún colectivo, acudió a las marchas:

“No imaginé lo que iba a suceder. Yo estaba del lado del restaurante Sanborns y llegó el momento en que empezaron a avanzar. Se hizo una estampida de gente cuando entraron los policías y vinieron contra mí. Yo traía playera negra, pelo largo, tapado. Me rodearon los antimotines, me detuvieron con otros y nos pusieron una joda en el piso, toletes, patadas, pisadas, lo único que hice fue cubrirme para recibir los menos golpes, pero ellos me jalaban de la mochila, me llevaban arrastrando y eso no se me olvida nunca: llegó un antimotín y de frente, con sus botas, me patea el rostro. Me llevaron a los portales de Plaza Universidad y ahí me echaron lacrimógeno en la cara. Me hincaron y sin poder ver apenas escucho que me dicen ‘vengo de derechos humanos, ¿cómo te llamas, a qué organización perteneces?’ Eran policías. Me hicieron una herida de 5, 7 centímetros en la cabeza…  Nos trasladaron a la calle Libertad y veo que estoy detenido con un montón de gente, nos trasladan a otro lugar y escucho gritos, gente, barrotes, golpes. Era la procuraduría y los que nos golpean son judiciales vestidos de civil.

“Luego llegaron los de derechos humanos y me dan un celular y le marco a mi papá, él me dice que me va a ayudar, pero yo no sé en qué estoy metido. Nos sacaron de ahí y nos llevaron a La 14 a los separos. Fueron dos o tres días ahí, sin dormir, sin comer, incomunicados, a golpes. Una noche nos sacaron como a 5 o 7 personas y nos pusieron frente a una barda de piedra, nos abrieron las piernas, nos apuntan con sus armas y nos dicen ‘hasta aquí llegaron’. Yo sentí que mi vida iba a terminar, pensé que iban a disparar y en eso una mujer llegó y nos golpeó las piernas con un tolete.

“No recuerdo bien, pero nos movieron una o dos veces entre La 14 y la Procu. Un día llegaron unos judiciales y me subieron a un auto y empezaron a decirme ‘¿qué hiciste, a quién perteneces?’, de manera amistosa, manejando hacia el penal. Estaba remitido al penal: me tomaron las huellas dactilares, me cortaron el pelo, me pusieron ropa de recluso y me metieron con otros 9 a una celda. Estaba procesado por motín, pandillerismo, lesiones, desobediencia a representantes de la autoridad. 

“Esto que me pasó, que me hicieron, fue abrir los ojos a una realidad oculta al público. La tortura sí existe”.

Junto con José Martí otras 47 personas fueron presas.  Se abrió una averiguación previa en su contra (544/2004) y llevó el proceso en libertad, pues su padre pagó la fianza. Durante cinco años estuvo bajo proceso y eso implicaba que acudiera a firmar cada semana. “Es un desgaste para que aceptes la culpa”, dice. Lo sentenciaron a dos años de prisión, que se conmutó con una multa, pero José Martí quedó como culpable. Además de que el Estado nunca reconoció que lo torturaron y menos castigó a quienes lo torturaron.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) cedió la investigación de la represión a la marcha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que publicó el “Informe relativo a los hechos de violencia suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004” ^[3]. En el documento reconoció que 73 personas mexicanas y extranjeras fueron víctimas de detención y retención arbitraria, de ellas 55 víctimas de tratos crueles y degradantes y 19 víctimas de tortura –entre ellas José Martí–. Las personas extranjeras fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración para su deportación. Las mujeres, además, fueron insultadas, amenazadas y obligadas a desnudarse.

Aunque la CNDH acredita que funcionarios municipales y estatales de Guadalajara y Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado cometieron violaciones a los derechos humanos, no emitió recomendación contra las autoridades responsables. Menos se iniciaron procesos judiciales contra los torturadores.

El entonces procurador del estado, Gerardo Octavio Solís –ahora titular de Fiscalía del Estado de Jalisco–, emitió un discurso criminalizante a las víctimas. “La negación y minimización de hechos de tortura por parte de las autoridades estatales, particularmente a partir de los hechos del 28 de mayo de 2004, llevó a que más organizaciones de la sociedad civil alzaran la voz en contra de declaraciones de autoridades estatales. El procurador calificó los señalamientos como ‘infundados’ y se refirió a las víctimas como ‘delincuentes’”, dice la tesis “Análisis de la situación de la tortura en el estado de Jalisco 2001-2015”, de Faride Assad-Gómez^[4].

TORTURA, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Es difícil saber cómo ha evolucionado la tortura en los últimos tres lustros en el estado de Jalisco, afirma César Pérez Verónica. Existe la Encuesta ENPOL que ayuda a tener un aproximado de cuántas personas la sufrieron en el momento de su detención, pero no para conocer la evolución de esta práctica en el tiempo. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), explica César, tenía un registro promedio anual de 150 quejas presentadas por tortura, en los primeros años de este siglo, cuando Gerardo Octavio Solís era procurador de la entidad.  

“Había una constante anual de quejas ante la CEDHJ que nos dejaba ver que la tortura persistía. Luego llega Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a la CEDH (en el 2007) y el registro de tortura disminuyó 90 por ciento”, dice César Pérez.

Entre el año 2002 y 2006 se registraron en promedio 150 quejas anuales, en el año 2007, que coincide con la llegada de Álvarez Cibrián, el registro disminuye la mitad y continúa descendiendo, como se ve en la tabla.

Cepad solicitó información que explicara ese extraño fenómeno y la defensora de los derechos de las personas le dijo había sido consecuencia de capacitación a funcionarios y policías; Cepad preguntó información sobre esas capacitaciones y la respuesta fue que esa información no existía. Por eso, dice César, además de investigarse a quienes han torturado personas, debe investigarse a la institución que debió defenderlos, por lo menos durante ese periodo.

“La práctica continúa, es un juego muy perverso, un círculo vicioso donde las víctimas que se atreven a denunciar aspiran a que se haga justicia. No tenemos ningún caso donde haya una sentencia condenatoria contra un servidor público por tortura”, agrega.

Para Cepad es urgente poner atención en el hecho de que Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fue procurador del estado cuando la represión a la marcha altermundista, sea actualmente el fiscal del estado y que haya cero sentencias por tortura en Jalisco. En el ‘Análisis de la situación de la tortura en el Estado de Jalisco, 2001- 2015’, Faride Assad señala que entre el 2001 y 2006, las quejas por tortura sumaron 816en el estado. Las PGJE, unidad comandada por Gerardo Solís Gómez, fue la autoridad más señalada en quejas, con un 79 por ciento del total de quejas presentadas, “a pesar de que el procurador negara que se trataba de una práctica sistemática al interior de la corporación”, agrega el análisis. 

A raíz de las anomalías detectadas –la repentina disminución de quejas y recomendaciones, así como la recurrente impunidad en los crímenes de tortura–, Cepad publicó en el 2017 el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016”. En ese periodo en el se presentaron 401 quejas por tortura ante la CEDHJ, pero solo 35 lograron recomendación, según ese informe.  

“Nuestra sorpresa es que la mayoría de las recomendaciones no salen por actos de tortura, sino por otras violaciones a los derechos humanos menores”, apunta Denisse Montiel Flores, encargada del área de acompañamiento a la tortura de Cepad y actualmente co-directora interina de la organización.

La Comisión las clasificó bajo otras categorías como lesiones o abuso de autoridad porque, según el informe, “no es un organismo autónomo y responde a otros actores” o “porque el personal no tiene la capacidad ni el conocimiento en Derechos Humanos y Derecho Penal. O, lamentablemente, quizá se trata de ambas”.

El análisis de quejas y recomendaciones realizado por Cepad señala que el 51 por ciento de las autoridades responsables son policías municipales, el 21.2 por ciento policías investigadores, el 15.3 por ciento policías estatales. Sin embargo, también intervienen médicos, agentes del Ministerio Público y custodios con menos del 3 por ciento cada uno.

También se detecta un patrón que explica patrones del uso de la tortura: comienza con una detención arbitraria, luego se tortura a la persona, se procesa penalmente y se ingresa a un centro penitenciario y el caso se mantiene en impunidad. 

En el análisis, Cepad encontró que en 21 casos las víctimas de tortura murieron, 15 por posibles actos de tortura y seis por suicidio en los separos municipales y Ceresos, y uno por agresiones de otro interno. 

En una mirada más global se registra que desde 1997 a 2019 víctimas de tortura presentaron mil 530 quejas ante la CEDH, pero sólo el 4.7 por ciento logró recomendación; de esas 72 recomendaciones menos del 10 por ciento se cumplen, según información obtenida por Cepad de la Comisión estatal. Es decir, sólo 0.5 por ciento de las mil 530 quejas presentadas fueron “cumplidas”, según la CEDHJ; para Cepad ese dato debería ser “cero” porque no ha habido sanciones a los responsables, afirma Denisse Montiel. 

Desde 1993 en Jalisco –cuando se publicó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura– existe un marco legal que prohíbe y sanciona la tortura, sin embargo, el crimen no ha dejado de cometerse y no existen sanciones a funcionarios involucrados que permitan acabar o disminuir con el delito.

Esas sanciones ejemplares para las y los servidores públicos que cometen y son cómplices de la tortura, dice César, “deberían involucrar al sistema de procuración de justicia, al sistema de derechos humanos, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses… hay un círculo vicioso muy tremendo que es imposible lograr que se llegue a las últimas consecuencias en términos de verdad y justicia”. 

En junio del 2017 se publicó en México la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En noviembre del 2019 Jalisco instaló el Mecanismo estatal contra la tortura y comenzó a operar la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía del Estado de Jalisco ^[5]. Sin embargo, para Cepad esta oficina no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General, específicamente en la obligación de que dicha institución encargada de la investigación de la tortura, sea autónoma. Por lo que su implementación sigue siendo una deuda por parte  del gobierno estatal. 

“Quien tiene la obligación de velar para que la integridad, la seguridad, la vida esté protegida es el Estado, pero si el Estado provoca violaciones a derechos humanos que han derivado en la tortura, en la muerte de personas, lo que vemos es que la tortura es parte del control que hace que mantenga el estado de impunidad”, explicó César.

LA TORTURA CONTINÚA

El 13 de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera estaba en una fiesta cuando él y sus compañeros escucharon disparos. Salieron a ver qué había sucedido y encontraron a un joven que estaba siendo golpeado por otros con un bat de beisbol y unos tubos. Era la media noche. Los agresores se fueron y dejaron tirado y moribundo al joven. Luis y otros se acercaron a ayudar, un par de ellos subieron al herido a una moto para llevarlo a urgencias. Mientras lo subían a la moto Luis le sostuvo la cabeza y un par de gotas de sangre cayeron sobre sus tenis. Después de que amigos del herido se lo llevaron, Luis y otros volvieron a la fiesta. Pasaron las horas y a las 6 de la mañana unos policías judiciales lo detuvieron, lo esculcaron, le preguntaron del homicidio, lo esposaron. Esperaron en la calle a que llegara el personal del Semefo y le hicieron en ese lugar la prueba de disparo. Como a las 7:30 u 8:00 de la mañana se lo llevaron a unas oficinas de la Fiscalía central, conocidas como “La 14”, por estar ubicada en la calle con ese nombre.  

“Al llegar a la 14 me encueran y me vendan las manos, los pies, la cabeza y empiezan las preguntas, ¿con quiénes andaban?  ¿quiénes eran? ¿dónde vives? Me pusieron una bolsa en la cara, además de la venda y yo miraba por ahí abajo, estaba mirando, entonces me pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y pues a puros golpes y sopapos en el estómago, cachazos y seguían las preguntas, ¿quiénes andaban? ¿dónde viven? Y pues ya uno siente ahogarse cuando te dan los golpes en el estómago. Busqué la manera de jalar la bolsa y la mordí para respirar y se dan cuenta que la rompí y pues más gacho me daban, hasta que se cansaron. 

“Me volvieron a llevar a unas celditas chiquitas y había otras personas ahí en espera para la tortura, ahí se escuchan los gritos de cuando están torturando a la gente. Hay gente que a las 2, 3 cachetadas hablan.

“Y luego volvieron por mí, ¿ahora sí vas a hablar?, ¿quiénes más fueron? Es que no sé, ustedes me están inculpando, yo no sé, yo no estaba en esa riña. Me acuestan en el piso y me ponen una franela en la boca y me empiezan a echar agua y, cuando ven que uno se está ahogando, lo levantan del cuello y a puros golpes, aviéntale más agua… y la consume uno por la nariz, por la boca y se empieza a ahogar empieza uno a toser y lo sientan y a golpes y patadas lo hacen reaccionar, ¿quieres más agua? ¿vas a hablar? Es que no tengo nada de que hablar, yo no fui, no andaba…

“Y me suben a un carro y me trasladan a la casa donde supuestamente pasó todo y me empiezan a pasear y de nuevo golpes, cachazos. Pero yo les decía que no sabía nada, ¿a quién le gusta que lo golpeen? Llegando me quitan mi ropa y ahora totalmente encuerado avientan un cuero o un hule y se sube uno y ya me iban a pegar, no sé si eran cables, pinzas, total que le dice uno al otro, ‘no se los pegues así porque viene intacto’, todos los golpes que me daban eran con tal de no hacerme moretes ni nada. Moja un trapo, me lo ponen y me empezaron a dar toques eléctricos. Se siente feísimo… Llegaron a los testículos y a la persona que tenía encima la aventé del dolor y se sienta otro y otro, encima de mí y ya no los pude aventar y me dan toques hasta que se cansaron. Ya estuve otro rato y me vuelven a sacar otra vez y uno amarra mis testículos con un hilo y me hincan y empiezan a jalarnos con el hilo, ‘ahora si vas a decirnos quiénes eran’. No tengo nada que decir, así me maten…  Ellos querían que dijera que hice un homicidio. Ellos querían que yo mintiera”.

Luis pasó 16 horas en manos de policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco, quienes lo torturaron, de las 6 de la mañana que lo detuvieron, a las 10 de la noche que lo presentaron en la Agencia del Ministerio Público del Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Estatal.

En la ENPOL 2016 se encontró que del total de las personas que fueron detenidas y señalaron haber sido torturadas, el 58.9 por ciento fueron incomunicados o aislados (como Luis), el 57 por ciento fue amenazada con levantarles cargos falsos, el 48.8 por ciento fue desvestida (como Luis), el 41.5 por ciento fue atada, al 45.7 por ciento le vendaron los ojos o cubrieron su cabeza (como a Luis), el 38.6 por ciento fue presionada para denunciar a alguien, al 44.87 por ciento le impidieron respirar (como a Luis), al 24.5 por ciento le amenazaron con hacerle daño a su familia y al 7.9 por ciento le hicieron daño a su familia.  El 66.6 por ciento recibió patadas o puñetazos (como Luis), el 45.6 por ciento golpes con objetos, el 45.4 lesiones por aplastamiento (como Luis), el 26.9 por ciento descargas eléctricas (como Luis), el 9.3 por ciento quemaduras, el 6.1 por ciento violación sexual, el 4.7 por ciento lesiones con arma blanca, 3.1 por ciento lesiones con fuego.

QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS

“Me llamo Yesenia, tengo 44 años y me dedico al tianguis para superarnos, porque con el hijo detenido es bien difícil, se dejó de pagar la casa, mi esposo perdió su trabajo y toda la herramienta de mi esposo la vendimos, la camioneta la vendimos para movernos, para conseguir abogado, para pagarle, que para el expediente y ni las copias sacó… Estábamos desesperados porque mi hijo fue detenido y acusado de un homicidio que no hizo. A mi esposo lo despidieron porque estaba en Durango cuando detuvieron a mi hijo y se vino y como tardó en regresar, lo despidieron”.

Yesenia es mamá de Cristian, un joven de 26 años detenido, torturado y acusado de homicidio. Está preso en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco desde enero del 2015.

 Familia de Cristian Daniel Mejía Alvarado, quien aún está preso. Foto: Daniela Rea

La ENPOL registra las condiciones de detención e internamiento de las personas privadas de su libertad, como Cristian. En esta encuesta realizada en 2016 y publicada en 2017 se refiere que, en Jalisco, el 82 por ciento de la población detenida tiene entre los 18 y 45 años, esa cifra por sí misma plantea las hipótesis de si los jóvenes cometen el mayor número de delitos o es el perfil poblacional al que se detiene arbitrariamente con más frecuencia. Sobre el nivel educativo en Jalisco, el 74 por ciento sólo tenía educación básica al entrar a prisión y poco más del 5 por ciento de la población penitenciaria no sabía leer, escribir o ambas, tanto a nivel nacional como estatal.

Para Cepad “estos datos nos dicen mucho acerca de la actuación de las instituciones de seguridad con respecto a las formas de detención, investigación y enjuiciamiento, pues sólo un 10 por ciento de las personas que detuvieron y quedaron privadas de su libertad no tenían trabajo, el resto, sí contaba con un empleo, pero con una educación mínima. Por lo que se puede inferir que las detenciones están dirigidas a un sector de la población específica”, según el informe “La impunidad interminable: La Tortura en Jalisco Análisis 2010 – 2016”.

Yesenia continúa: “A Cristian se lo llevaron los policías del MP, iba él caminando en la calle con su esposa, su hijo y su hermana, llegó un coche de la Fiscalía sin logotipos, lo encañonaron y lo llevaron. Fui a la Fiscalía y me decían que no lo tenían, con mi esposo nos decían que no estaba, así durante tres días. Y nos metimos a la (oficina) de derechos humanos y dijimos que se lo habían llevado los judiciales y les dimos el nombre de mi hijo y ahí estaba, pero a mi no me dejaban verlo. Entró mi esposo y lo vio todo greñudo, agachado, mi hijo ni siquiera volteaba a verlo. Dice mi esposo que estaban dos de la Fiscalía a un lado y mi esposo les dijo ‘A base de golpes quieren hacer a la gente culpable’. Y Cristian seguía sin hablar. Un día después se lo llevaron al penal de Puente Grande, el sábado amaneció en la penal. Fui a verlo y me abrazó y lloró y me dijo ‘Me ponían bolsas con agua, me querían ahogar, así hincado, nomás oía sus pasos y decía ahí vienen otra vez… me pusieron hasta toques para que aceptara’. Dice mi hijo que ahí en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. 

Un día Yesenia se metió a Facebook y en su muro apareció una nota periodística sobre Luis Enrique Camargo Herrera, el joven torturado y acusado de homicidio, como Cristian. Quien declaraba en la nota periodística que Yesenia leyó era don Salvador Camargo, papá de Luis. Don Salva, como le llaman, exigía que se reconociera la tortura sufrida por su hijo y que se liberara de la cárcel. También agradeció el apoyo recibido por Cepad. Yesenia se metió a la página de Cepad y le dio “me gusta”; les escribió un mensaje sobre la historia de Cristian y les pidió ayuda. 

“Les conté que a Cristian le pusieron 3 abogados de oficio que no conocían el caso, que yo les decía que fueran a preguntar a la colonia donde pasó eso, porque los del MP querían que nosotros trajéramos los testigos. El gobierno no debería tener esos elementos como funcionarios porque trabajan mal, trabajan mal”. 

Cristian aún espera.

Mientras tanto, Cristian escribe canciones en prisión, en las que denuncia la violencia y criminalización que ha sufrido desde su detención.

LO QUE SE ROMPE Y LO QUE SE CREA

En el 2004, cuando la represión a los altermundistas, recuerda César Pérez, la sociedad jalisciense no tuvo elementos para reaccionar rápido y defender a las personas detenidas. Reflexionando eso es que varias organizaciones que trabajaban la documentación de violaciones a derechos humanos –como el Programa de DDHH del ITESO, el Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitario y CEREAL– es que deciden unirse y fundar un centro especializado en la atención a la tortura. Así surgió Cepad.

“Desde entonces a la fecha la tortura sigue presente, no hay controles para erradicar y prevenir la práctica, vemos que no obstante el haber una reforma constitucional en sistema oral, la práctica no ha disminuido, aunque era uno de los objetivos”, dice César Pérez.    

A los pocos años de que surgió Cepad se dieron cuenta de que los jóvenes detenidos y torturados necesitaban apoyo psicológico. “No lo teníamos claro, eso de la atención psicosocial, hasta que vimos las secuelas en ellos. Entendimos la importancia de atender esto y trabajamos en que se recuperaran de los traumas como para que no les impidiera seguir su vida”, agrega.

Desde entonces, además del asesoramiento legal, el Cepad acompaña de manera integral a las víctimas de tortura y sus familias. 

–¿Qué ha aprendido en este proceso? –se le pregunta a Yesenia Alvarado, la mamá de Cristian, el joven preso desde hace cinco años, acusado de homicidio.

–Que se puede luchar, que no hay que rendirnos, que hay gente que ayuda, que hay que buscar ayuda. Cien puertas estarán cerradas, pero va a encontrar una abierta. Yo buscando, buscando, encontré a Cepad y estamos luchando para sacar a Cristian de la cárcel.

Luis Enrique Camargo Herrera, el joven cuya historia Yesenia conoció en las redes sociales, salió en libertad meses después de que Yesenia leyera su historia en Facebook. Luis había sido sentenciado a 20 años, pero Cepad apeló y logró la libertad. “La sentencia logró recuperar muchos planteamientos que hicimos desde Cepad como reconocer que fue detención arbitraria, el tiempo que tardaron en presentarlo ante el MP, el mencionar la tortura y darles valor probatorio pleno a los dictámenes independientes”, dice Denisse Montiel. 

Salvador Camargo, padre de Luis, encabezó la lucha durante más de cinco años para liberar a su hijo. Aunque ese tiempo se deterioró en su salud y estado físico, tiene ánimo y energía para iniciar un proceso penal contra los torturadores de su hijo:

“La tortura te cambia la vida, no sólo a quien la sufre sino a la familia. Cuando recién aconteció eso yo estaba todavía muy fuerte y le llevaba 35 kilos de víveres a la cárcel, los cargaba yo solito, ahora no puedo ni 10 kilos porque me fui cayendo en cinco años 1 mes 1 semana y 16 horas que estuvo mi hijo encerrado en la cárcel. Ahí no solamente la pena, la privación de la libertad es para el detenido. Uno de padre quiere llevarles lo mejor, llevarles todo, música, grabadora, paliativos que les ayuden un poco a pasarla mejor en la detención. Sufre tanto el que está afuera como el que está adentro, porque ellos tienen la esperanza de que uno se mueva y que haga milagros para sacarlos y pues no se equivocan porque la verdad en el caso de mi hijo me moví hasta que llegue aquí a Cepad y luego a la ONU. Y yo quiero seguir dando batalla hasta que castiguen a los responsables, a los que le hicieron daño a mi hijo”.

–¿Qué hizo posible que su hijo Luis saliera libre? –se le pregunta a don Salvador. 

–Muchas cosas, la primera es que a mí me ayudó mucho la plática que tuve con mi hijo, le dije “hijo, no trates de engañarme, de sorprenderme, cuéntame todo para poder defenderte, necesito que cuentes exactamente lo que aconteció”. Y él escribió como siete, ocho páginas. Eso me sirvió mucho para esclarecer y empecé a escarbar y a investigar y pedí ayuda a mis vecinos que conocen nuestro trabajo de jardineros, que me ayudaran a hablar de la verdad, que dieran su testimonio. Otra cosa que ayudó mucho fue que nos uniéramos, que nos ayudaran. El apoyo de Cepad era como la gasolina, yo era un auto sin gasolina y pues no avanzaba. Para mí eso fue el que todos ayudaran, yo era un automóvil sin combustible, los que me daban la fuerza eran Cepad, la ONU… Hay que tocar puertas, que nos escuchen, no quedarnos con una Comisión Estatal de los Derechos Humanos que no hacen nada, en mi caso desecharon la queja, la archivaron. Hay que creer y seguir, seguir hasta lograr la libertad.

La tortura cambia vidas. No sólo la vida de las personas sobrevivientes, sino la de sus familias. Modifica las estructuras familiares, rompe economías domésticas, lazos, confianzas. Luis perdió la confianza en el Estado, en la sociedad. Durante un tiempo temía salir, temía que le hicieran daño. Su vida se trastocó, pero también aprendió a tener calma, a ser paciente, a recuperar la alegría. Le gustaría volver a la jardinería, a lo que se dedicaba con su papá antes de ser detenido y torturado.

Don Salvador no ha dejado de visitar la cárcel, a pesar de que su hijo está libre. Ahora visita a otros internos a quienes conoció durante las visitas a Luis. Les lleva de comer, les ayuda a vender sus mercancías en la calle. Luis se compadece de su padre, lo ve cansado, pero le apoya en su decisión de seguir yendo al penal. 

“Mi papá los acompaña, los ayuda. Yo no le digo nada porque yo ya estuve allá dentro y ya sé lo que se siente”, dice Luis.

Para las personas que fueron víctimas de tortura, así como para Cepad, el gobierno de Jalisco tiene una deuda de justicia: castigo a las personas responsables, reparación integral del daño y no repetición de este delito que, al menos durante tres lustros, ha sido constante. La permanencia de Gerardo Octavio Solís al frente de la institución encargada de procurar justicia es un mensaje del gobierno estatal sobre su falta de compromiso para combatir la tortura.

@DanielareaRea