“Es como si fuera a pedir limosna”. Familiares de víctimas exhiben maltrato en CEAV

EMEEQUIS.– Según el Artículo 84 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es el órgano del gobierno federal encargado de atender y proteger los derechos de las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los testimonios exhiben que su funcionamiento está lejos de lo que promete.

Un ataúd rojo en medio de la avenida, con una persona simulando un muerto y dos mujeres sentadas a su lado. Un muñeco rodeado de vendas y sangre acompañaba la escena. 

El pasado 3 de febrero de 2022 algunas personas protestaron frente a la CEAV por su indiferencia ante los desaparecidos. En las imágenes se veían frases como “revictimizadores”, “buenos para nada” y “el gobierno nos viola los derechos”.

Su titular, desde diciembre pasado, es Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

En principio, las estadísticas de la CEAV durante 2021 indican avances en su funcionamiento:

• Inscribieron en el Registro Nacional de Víctimas al 80% (8 mil 306) de las personas que realizaron la solicitud (10 mil 448).
• Se utilizaron 773 millones de pesos en todo el año como aplicación de los recursos para personas en situación de víctimas.
• Se atendieron con esos recursos a 48 mil 88 personas en situación de víctimas.
• En todos los indicadores de interés público que presentan existió un crecimiento de su funcionamiento durante los últimos seis meses del 2021, alcanzando prácticamente todas sus metas programadas.

Sin embargo, también existen datos que revelan el mal funcionamiento que esconden las cifras generales. Por ejemplo, en el apartado de compensación a víctimas con violación de derechos humanos cometida por alguna autoridad federal, en todo el año sólo se compensó a 28 víctimas. Y en los últimos 6 meses del 2021, no se compensó a ninguna. 

Esto se rescató a partir de datos publicados en el portal de transparencia de la CEAV: en el primer trimestre en este rubro se compensó a 13 personas (6 en enero, 6 en febrero y 1 en marzo); en el segundo, a 15 (9 en abril y 6 en mayo). Y a partir de junio se dejó de compensar económicamente a las víctimas.

Esto a pesar de que la CEAV presentó en 2021 un presupuesto anual de 843 millones de pesos. 

Más allá de los datos, dos mujeres que tienen una misión similar: encontrar a sus hijas desaparecidas, cuentan su experiencia con la CEAV, que se convirtió en un obstáculo más que una ayuda para ellas.  

OBJETIVO: ENCONTRAR A IVETTE

Sandra padece cáncer de mama desde 2017. En 2014 —mientras realizaba búsqueda de un cuerpo— sufrió una fuerte caída que le provocó daño en la columna vertebral y ahora le dificulta la movilidad de sus piernas. También está diagnosticada con estrés postraumático crónico de alto riesgo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería haber cubierto los gastos de esos padecimientos, pero no. 

Incluso, se los está cobrando.

Sandra Luz Román Jaimes tiene 58 años. Su cabello corto brilla por las canas, usa lentes y vive en una casa pequeña, sin lujos, con una puerta recién arreglada que pasó casi dos meses atrofiada por balazos. Representa al Colectivo de Madres Igualtecas de su localidad en Iguala, Guerrero. Y, desde el 24 octubre 2012, su hija Ivette Melissa Flores Román está desaparecida.

TE RECOMENDAMOS: DESPOJO INMOBILIARIO: UN DELITO IMPUNE Y MILLONARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Esa tarde otoñal del 2012 transcurría normal en la casa de Sandra Luz. Hasta que unos presuntos policías irrumpieron a la fuerza en su domicilio y se llevaron a su hija. Las autoridades de la localidad no le dieron razones, ni atención. Todo lo contrario, recibió amenazas de muerte. Un día después, con urgencia y desconocimiento, llegó a la capital. Preguntó a todas las personas posibles y, tras visitar dos instituciones erróneas, dio con la CEAV.

Sandra Román no se rinde a pesar de los obstáculos. Foto: Cortesía. 

RESISTENCIA CONTRA LA CEAV

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ubica sobre Ángel Urraza 1013, en Ciudad de México. Es un edificio como cualquier otro: portón café, cuatro ventanas, un timbre, letreros de “no estacionarse” y cables de luz colgando frente a ella. Lo único que la hace distinta a las casas contiguas es el cartel que presenta sobre la fachada. “Gobierno de México”, abajo “CEAV” y más abajo “Centro de Atención Integral”.

Tras su llegada a la capital, unas cuantas noches de incertidumbre y penumbra, dormir en terminales de autobuses, hospitales, y “vivir como indigente”, como describe, fue recibida en la Comisión. En aquel momento Sandra no sabía qué esperar, sólo necesitaba apoyo y orientación.

La institución se comprometió a apoyar a Román Jaimes en el tema de salud y sus gastos derivados. Pero poco tiempo después ese compromiso se esfumaría. “Te pintan muy bonito que te van a ayudar, pero jamás llega el apoyo como debería”.

Cuando Sandra fue diagnosticada con cáncer, la CEAV consiguió que el tratamiento fuese gratuito en el Hospital de Cancerología. Sin embargo, no era gratis por completo. Para cada procedimiento, el hospital le pedía que llevara los materiales necesarios para realizarse. Ella debía costearlos. Incluso, en la cirugía ambulatoria de su columna y sus procedimientos derivados, fue ella la que pagó. Aquí comenzó el martirio.

Todo empeoró cuando un malentendido originó que la relación entre Román y la CEAV se fracturase por completo. Cuando Jaime Rochín del Rincón era el encargado de la Comisión, se ordenó que a Sandra Luz le otorgaran un lapso de seis meses para que comprara todos los medicamentos necesarios de su tratamiento y evitar que estuviera yendo y viniendo desde Iguala. En principio, acordaron que la mujer sólo debía preocuparse por superar la enfermedad, y ya después podría entregar algún comprobante de gastos médicos.

Sin embargo, actualmente la CEAV le está cobrando: le piden facturas para comprobar que ese dinero se utilizó para el tratamiento y no se malgastó. A pesar de que la señora Sandra Luz ha tenido un avance considerable de su enfermedad, y que el hospital en el que se trató tiene completo conocimiento de lo sucedido, la Comisión se rehúsa a apoyarla más porque la víctima no se tomó el tiempo de facturar, cuando en principio jamás le exigieron eso.

No obstante, la señora Román asegura que consiguió los tickets necesarios para comprobar que ese dinero se utilizó en el tratamiento. Pero cuenta que una persona le avisó que vio toda esa documentación en la basura. “Es mi palabra contra la suya. Ellos siempre van a salir libres de culpa”, expresa molesta.

A partir de ese momento, ella ha tenido que costear todos sus gastos (viajes a la capital, alimentos, hospedajes, procedimientos médicos). Calcula que, mínimo, ha puesto de su bolsa 350 mil pesos por gastos que, en teoría, debió cubrir la CEAV. Casi una década después de su primer acercamiento a la Comisión, lo único que recibe de su parte es revictimización.

Siempre es Sandra la que debe ir a tocar la puerta de la CEAV. “Es como si fuera a pedirles limosna”, ejemplifica. La mujer de 58 años tiene una disputa que parece interminable: Ella exigiendo apoyo y ellos negándose y cobrándole dinero. “Dios sabrá qué hacer con ellos, que me trataron de esa manera”. Pero ni eso, ni nada, detendrá su lucha.

DAR LA VIDA POR LAS VÍCTIMAS: LA LUCHA DE SANDRA

Después de la desaparición de su hija, la vida de la señora Román cambió completamente. Perdió su trabajo a raíz de la tragedia y ahora vive en una cápsula. Ya no es libre: la delincuencia organizada la tiene amenazada por sus actividades de búsqueda. 

Pero es consciente de que debe cuidar su vida, porque su misión aún no está completa. Está dispuesta a todo con tal de encontrar a su hija. Viva o muerta. Inclusive, ha comprado todo el equipo de trabajo necesario para la búsqueda (carpas, plantas de luz, entre otros). Se ha endeudado en esta labor y no le importa terminar sin nada.

Ella ha tenido que llevar toda la investigación de su hija. Desde 2013 tenía evidencias y culpables identificados, pero hasta la fecha no ha habido resoluciones ni detenciones. En 2014 por fin recibió ayuda adecuada, pero no de la CEAV. Fue la organización IDHEAS la que decidió tomar el caso de Ivette y apoyar a su madre Sandra en el proceso jurídico. Pero la actividad de búsqueda en campo la sigue comandando ella y su colectivo.

“Nosotras somos las que sacamos la chamba”. Arriesga su vida en cada desaparición. Sea quien sea, ella va y ayuda a la búsqueda. Ella, confiesa, daría la vida por las víctimas. Y no le importa. Es consciente del camino que toma y los riesgos que conlleva. Y todo lo hace en memoria de su hija Ivette.

Sin embargo, con el pasar de los años, todo ese esfuerzo tiene más repercusiones en su salud. Por ello, sólo pide ser valorada y apoyada. “Quiero que se den cuenta que todos los problemas que presento son derivados de los obstáculos que las autoridades ponen para encontrar a las víctimas”.

Teme morir, no por el miedo a la muerte, sino porque si ella no está. La busca porque, como ella expone, “si no lo hago yo, nadie lo va a hacer”. Espera que todo este sufrimiento valga la pena y pueda cumplir su único deseo: encontrar a su hija Ivette Melissa.

Araceli lleva 9 años buscando a su hija. Foto: Cortesía. 

ENCONTRAR A RUBÍ, LA LUCHA DE ARACELI 

Araceli Salcedo Jiménez tiene un porte elegante: viste ropa oscura, utiliza maquillaje y sus ojos adornados con pestañas largas lucen sobre su rostro. Tiene una mirada fuerte, pero humana. Es una clase de mirada que oculta una historia.  Esa historia es la de su hija, Fernanda Rubí, que a los 21 años de edad desapareció en la ciudad de Orizaba en Veracruz, en 2012.

El caso de Araceli, al igual que el de Sandra, la ha llevado a cambiar drásticamente su vida. A raíz de la desaparición, formó el Colectivo de Familias Desaparecidas de Orizaba, que actualmente tiene poco más de 360 integrantes y una participación importante en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Sin embargo, tiene una cuenta pendiente desde hace nueve años. El tiempo que lleva buscando a Rubí, su hija. “Son nueve años que no la veo. Nueve años que no la toco, que no la abrazo. Me da miedo olvidar su aroma”, confiesa Araceli. “Es una incertidumbre del día a día. Saber si mi hija come, si mi hija es violentada, si necesita algo. O saber si ya no está”. Esa incertidumbre es la que la llevó a recurrir a la CEAV.

EL MARTIRIO CON LA CEAV

Tras la desaparición de su hija, una institución de atención integral en Veracruz avisó a Araceli que mudaría toda su información a la CEAV en Ciudad de México porque ahí podrían ayudarla mejor. Así comenzó una historia repleta de revictimización, desatención y decepción con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Con la voz entrecortada y el gesto nostálgico recuerda las primeras veces que vino a la Ciudad de México: días en los que a veces no tenía qué comer y el lunch que le ofrecían en la CEAV era su única comida del día. Pese a la buena primera impresión, los gestos de apoyo quedaron ahí. En su caso, nunca más ha tenido una atención adecuada de su parte.

En mayo del 2020, la diagnosticaron con cáncer de garganta en fase 4. Ella pidió “a gritos” ayuda a la CEAV, ya que el avance de la enfermedad ameritaba una cirugía de urgencia. La única ayuda que recibió de parte de la Comisión de Atención fue una cita en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa, que solo sirvió para que le dijeran lo que ya sabía y le negaran la cirugía (debido a la pandemia).

Tras recibir negativa en todos los hospitales públicos de la zona, tuvo que recurrir a un particular. 200 mil pesos era el costo de la operación, cantidad que no podía cubrir. Enterarse de que se agotaban las opciones fue algo muy fuerte para Araceli. Significaba que moriría y, peor aún, que tendría que dejar de buscar a su hija.

Al otro día recurrió de nuevo a la CEAV y pidió ayuda. Se la negaron. Le pidieron un diagnóstico que demostrara que la enfermedad derivó de la desaparición de su hija. “Es algo ilógico. Jamás habrá un médico que diga que la enfermedad se desencadenó por eso. Yo no me inventaría un cáncer”.

Además, le notificaron que el trámite consistía en que ella absorbiera los gastos y después presentara a la Comisión una factura o comprobantes del total para que se los retribuyeran. “Eso es mentira, no pasa así. Yo viví mucho tiempo pagando mis cosas y presentando comprobantes y jamás me pagaron nada.” Incluso, cuenta que por mucho tiempo su expediente estuvo —extrañamente— desaparecido en la CEAV.

Para Araceli, la revictimización que realiza la Comisión comienza desde el momento en que niegan la ayuda o se excusan de formas ridículas para no apoyar. Acusa que no hay gente comprometida trabajando ahí y pide que los funcionarios sean más sensibles con los familiares, ya que la búsqueda de un familiar, como describe, “es desgastante físicamente, económicamente y de salud”. La salud, un tema con el que Araceli ha sufrido bastante.

Cuando parecía no tener más opciones, “Chely” —como todo mundo le dice— rifó todo lo posible que tenía en casa para ganar dinero. Y el rumor de su historia corrió. Con lágrimas en sus ojos cuenta que las personas la apoyaron increíblemente. Las muestras de apoyo fueron un envión anímico y la fe resurgió.

La operación fue un éxito, pese a su complejidad: como ella describe, “la degollaron”. Le abrieron desde la mitad de la garganta hasta atrás del cuello. Todo para retirarle dos tumores, la tiroides y cerca de 50 ganglios, de los cuáles 42 tenían metástasis. Su voz es ronca, fuerte y profunda. Aunque conserva tonos de delicadeza y suavidad. Esa voz que estuvo cerca de perder y que ahora le permite estar contándome esta historia.

Actualmente requiere de otra cirugía: el “monstruito”, como ella llama a sus tumores, ha vuelto a invadir su cuerpo. “Lamentablemente con la CEAV no se puede contar”. La idea de repetir el martirio que tuvo con su anterior cirugía le provoca lágrimas que regresan ante la frustración. Frustración que se agudiza al pensar en que de nuevo puede estar contra las paredes de la muerte y continúa sin encontrar a Rubí.

Familiares de víctimas protestan afuera de la CEAV. Foto: Cuartoscuro.com. 

LA HISTORIA DE RUBÍ

Derivado de las investigaciones, se sabe que Rubí salió de su casa en Orizaba ese 7 de septiembre de 2012 rumbo a un antro llamado “El Bulldog” acompañada de sus amigas. Araceli se comunicó a las 10:30 de la noche con su hija, quien cargaba un teléfono inteligente de la época. Como si el famoso instinto materno se lo advirtiera, en esa llamada le pedía a Fernanda Rubí que no fuera a ese lugar y que mejor se cuidara.

Sin embargo, Rubí quiso divertirse con sus amigas, como cualquier joven de 21 años. Lo último que pudo decirle a su madre fue un: “¿Sabes algo? ¿Sabes que te amo?”. Y colgó. Araceli se enteró que 15 minutos después de esa llamada unas personas entraron al antro y se llevaron a su hija. Solo a Rubí. No se llevaron nada más. Ni sus cosas, ni a sus amigas.

Comenzó a recibir llamadas cada media hora, después cada 15 minutos. Ahí se dio cuenta que algo malo ocurría. Al otro día, Araceli comenzaría lo que, sin saberlo, sería su primera historia de búsqueda. Y la más importante. La de su propia hija.

La primera parada de ese tour de la desesperación y la urgencia fue el antro donde todo ocurrió. Araceli se dirigió con el gerente y le puso una foto de su hija frente a los ojos. Para su sorpresa, el hombre tenía total lucidez sobre lo ocurrido. “Era una chica muy bonita, venía toda de rosa y estaba sentada ahí”, dijo señalando una esquina del lugar. Y agregó una frase devastadora. “No pudimos hacer nada. Entraron y se la llevaron”.

Araceli corrió rumbo a la Comandancia de Policía —la segunda parada— que estaba a unos metros del antro. Ahí no consiguió nada más que revictimización. La tercera parada fueron los hospitales, y la cuarta la Cruz Roja. El estado de alerta en el que se encontraba la hizo percatarse de que en todos los lugares a los que iba a buscar a Rubí se topaba a un mismo señor con un suéter café. Después entendería la razón: Ese hombre era padre de una de las 9 personas desaparecidas ese mismo día. En la misma localidad. Fueron 7 hombres y 2 mujeres. “Es extraño pero a ninguno de sus padres me los he topado en juntas o en búsquedas.” 

HACER LA CHAMBA DEL GOBIERNO

Araceli habla de las búsquedas como si fuera responsabilidad suya encontrar cuerpos desaparecidos. Y es que, para ella, son los padres y familiares los que deben tomar la estafeta y luchar. Ya no confía en el gobierno ni sus instituciones.

“Es increíble que una institución de gobierno (la CEAV) que me atiende cada 4 o 5 meses y lleva un proceso tan paulatino, ni siquiera pueda apoyarnos para estar sanas y fuertes para seguir ayudándolos a hacer su chamba”.

Y menciona esto porque muchas veces son ellas, las madres, las que hacen el trabajo de buscar, encontrar y ayudar a que las familias tengan de regreso a sus hijos desaparecidos.

Por ejemplo, el caso de Campo Grande. Ella dio con ese sitio porque unas personas le avisaron que existían fosas clandestinas, o como ella les llama, “campos de exterminio”. Resultaron ser tres fosas. Sin embargo, el plan de las autoridades solo era recuperarlas y cerrarlas. Pero el Colectivo de Familias Desaparecidas, tras una insistencia larga, consiguió que se hiciera un trabajo de búsqueda profundo y profesional. Gracias a esa lucha se han logrado exhumar 53 cuerpos hasta la fecha. Este caso es un ejemplo de lo que declara Araceli Salcedo: “Si mi colectivo y el equipo de búsqueda hubiera sido permisivo con la autoridad, ¿te imaginas cuántos cuerpos seguirían en la clandestinidad?”.

El pasado 18 de febrero, el Colectivo cumplió un año de buscar en las fosas de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, Veracruz. De todos los cuerpos exhumados, han logrado identificar y enviar a casa a 15.  Según la fundadora del colectivo, el gobierno evita indagar en esas cosas porque las personas señaladas como perpetradores de esos crímenes pertenecen a la Policía Estatal del estado de Veracruz. “Entonces el gobierno no le quiere pegar a su gente, pero su gente es la que está desapareciendo personas”.

Como ella explica, algunos de los cuerpos identificados no tienen más de 8 meses. “Gobiernos van, gobiernos vienen, pero son todos iguales. He visto madres morir con indolencia, sin encontrar a sus hijos. Morir con doble dolor: el de la injusticia y el de no volver a ver a sus seres queridos”.

El mayor deseo de Araceli es librar, de nueva cuenta, a la muerte. Poder seguir viva para encontrar a su hija y ayudar a más personas a recuperar a sus familiares desaparecidos —que, como ella dice, son las verdaderas víctimas del gobierno y su incapacidad—. Además, no parará de exigir y denunciar. Deberá hacer todo esto, probablemente, sin la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni de ninguna autoridad.

@aldo_canedov