Consulta de vehículos “chocolate”, negocio oscuro de Banjército

EMEEQUIS.– Homero 1425 esquina con Sócrates, despacho 102, en Polanco, es una dirección donde, después de varias visitas por parte del equipo de EMEEQUIS en las que no se encontró a nadie, por fin alguien contesta: “no está el encargado, si necesita algo déjelo debajo de la puerta”.

Se trata de la oficina de Car Information System SA de CV, una pequeña empresa con unos cuantos empleados registrados ante el IMSS, fundada en el año de 2008. Su labor es ser intermediarios de contratos multimillonarios con Banjército, mismos que empezaron en 2014 con un monto de 411 millones de pesos y que, en esta administración federal se elevaron  hasta poco más de 742 millones de pesos. La función primordial de esta oficina es mantener activo el sitio http://carinfo.com.mx/. Esta liga remite a la versión mexicana del “informe CARFAX” que en realidad  el público en general puede tener acceso mediante un pago de 172 pesos más IVA. La página de la supuesta empresa no funciona ya que no permite acceder para ingresar los datos del vehículo y solicitar el reporte, solamente es una portada.

Certificado de no registro de Car Information System.

Car Information System no aparece en el Sistema del Registro Público del Comercio, ni tampoco está registrada en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la SHCP en Compranet, sin embargo recibe contratos por adjudicación directa de Banjército desde 2014. Su representante legal es César Augusto Flores Esquivel que también es ex presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Este organismo agrupa a fabricantes, importadores y comercializadores de vehículos ligeros, y desde siempre ha manifestado su oposición a la regularización de los autos “chocolate”. Hace apenas unas semanas manifestó en un comunicado que el decreto firmado por el presidente AMLO para la regularización de autos importados impactará negativamente en el precio de los vehículos, y “se corre el riesgo que se regularicen vehículos de contrabando considerados “basura automotriz””. Flores Esquivel aparece también como socio mayoritario de la empresa de reciente creación, apenas en 2019, llamada “Carfax México SA de CV” que comparte sociedad con su empleado Emanuel Nuñez Cazarez, mismo que también aparece como apoderado en la firma de los contratos con Banjército.

Respuesta de fiscalías sobre el método que usan.

FISCALÍAS NO PAGAN UN PESO POR ESTE SERVICIO

A pesar de que el encargo de otorgar los permisos de importación temporal de vehículos lo tiene el banco de los militares desde el sexenio de Vicente Fox, que es cuando se emite la Ley de Control Vehicular, es hasta 2014 cuando aparece en el sistema de portales de transparencia el primer contrato para el “SERVICIO DE CONSULTA DE HISTORIAL VEHICULAR A TRAVÉS DE UN SERVICIO WEB, MEDIANTE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHlCULAR (NIV O VIN POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)” por un monto de 30 millones de dólares. A pesar de que es Banjército quien tiene la designación para hacerse cargo de las importaciones temporales, las instancias de procuración de justicia tanto federal como de los estados fronterizos también requieren estos datos.

La empresa no se encuentra inscrita en el registro de proveedores. 

Al cuestionar a Banjército sobre la contratación de la empresa mexicana para proveer información de vehículos americanos y no usar la información que se proporciona gratuitamente, la institución castrense argumentó que no lo hacía porque dicha información “no cumple con los requisitos legales, técnicos, administrativos y de seguridad que esta sociedad nacional de crédito requiere para prestar y garantizar el servicio que se requiere para cumplir la normatividad antes citada (la regla de comercio exterior para importación temporal de vehículos)”.

Sin embargo, las fiscalías de los estados fronterizos como Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua sí mantienen comunicación con los departamentos de policía de los estados americanos colindantes, según respondieron a solicitudes vía transparencia.
Para el caso de Chihuahua sostiene información compartida con enlaces del National Insurance Crime Bureau (NICB) y el Border Auto Theft Information Center (BATIC) que provee información sobre el estatus de los vehículos norteamericanos. Con estos mecanismos obtienen de manera directa la información por la que Banjército desembolsa millones de pesos. El Estado de Baja California también intercambia  información con la oficina del Sheriff y la High Way Patrol además del Consulado General de los Estados Unidos de América.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, en su respuesta a EMEEQUIS, explica que al no existir en USA una plataforma nacional como es el caso del REPUVE en México, existen otras instancias con costo además de las gratuitas mencionadas anteriormente. 

Además, EMEEQUIS realizó una revisión de las ofertas que existen en otros portales, la cual arrojó opciones en algunos casos, más completas y menos costosas, inclusive gratuitas y que contienen la información necesaria para cumplir con la consulta que debe hacer Banjército para expedir el permiso de importación temporal de vehículos.

AUDITORÍA SUPERIOR HABÍA DETECTADO LAS ANOMALÍAS

Desde 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que estos contratos se estaban adjudicando irregularmente de manera directa sin contar con la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); incluso, en el resultado de la auditoría 14-2-06G1H-02-0067 se determinó una penalización de más de 16 millones de pesos a la empresa Car Information System por incumplir lo comprometido en el ccontrato y se emitió la recomendación 14-9-06G1H-02-0067-08-001 para que se iniciara el procedimiento sancionador contra los servidores públicos de Banjército que realizaron la contratación y que incurrieron además en falta de supervisión de los términos del propio contrato. A pesar de haber sido sancionada y la pertinencia de su servicio puesta en duda, la organización militar ha seguido contratando su intermediación.

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En el primer contrato multianual que se le adjudicó a Car Information System (01/2014), y que fue motivo de la recomendación y sanción por parte de la ASF, se estableció un precio unitario por consulta de 18.85 dólares americanos más IVA, este cubrió los años de 2014 a 2016 por un monto máximo de 30 millones de dólares; en ese mismo año de 2014, Banjército realizó también otra adjudicación directa a esta misma empresa por un monto de casi 56 millones de dólares, equivalente a 744 millones de pesos. La  ASF determinó que dicha contratación resultaba redundante ya que esta adjudicación era para la consulta en el caso de la importación definitiva de vehículos, y de acuerdo a las reglas aduaneras, este trámite compete a las agencias aduanales y no a Banjército, por lo que no se repitió la adjudicación para este rubro en los años posteriores, pero sí en el tema de la importación temporal. 

El importe de los contratos disminuyó sensiblemente después de las observaciones de la ASF, tanto en la cantidad total como en el precio unitario por consulta, al pasar de18.85 a 8 dólares en el contrato de 2017, y a 7 dólares en el contrato de 2018. Los montos totales para esos años fueron por 4 millones de dólares en 2017, y 3 millones de dólares para 2018 y 2019. Sin embargo, esa cantidad se incrementó a casi 11 millones de dólares para 2020 y a casi 20 millones y medio de dólares para 2021, cuando hubo  un nuevo incremento del costo unitario al pasar de 7 dólares a 7.90 dólares por consulta. 

SE DEBERÍA INVESTIGAR AL PROVEEDOR: ESPECIALISTA

Las adjudicaciones directas debieran limitarse a los servicios que solamente una persona o entidad pudiera proveer, “debieran ser la excepción , y no la regla”, expresó Salvador Mejía, Socio de Asimetrics y experto en delitos financieros, consultado por Emeequis para este caso.

El hecho que Banjército contrate estos servicios por adjudicación directa de entrada no resulta congruente con la ley de austeridad republicana, en especial si los resultados pueden obtenerse a través de convenios o tratados con otras instancias de los Estados Unidos de América, dijo.

En su análisis sobre este caso, el especialista indicó que el asunto a su parecer más grave, ya que demuestra que  el conjunto de mecanismos y procedimientos del banco militar para identificar los riesgos operativos y legales (compliance) pueda tener fisuras en su integración y no descartó la existencia de intereses paralelos en la autorización de estas contrataciones. 

“Banjército, a pesar de ser una sociedad nacional de crédito, está obligada al cabal cumplimiento de todas las obligaciones antilavado del sector financiero, en especial la de la debida diligencia (due dilligence)” es decir que el banco de los militares debiera hacer una investigación conforme al nivel de riesgo de la operación, investigando con cierto nivel de profundidad. “Para los montos de estos contratos, la lógica más elemental dictaría una investigación profunda de ese proveedor”, explicó. 

Salvador Mejía señaló también que aunque las entidades del sistema financiero en una primera instancia pueden contratar software o sistemas para atender y resolver una necesidad, por lo general, si esta necesidad se mantiene, buscan desarrollar internamente sus propias soluciones porque les permite obtener estrictamente lo que se requiere y abaratar costos; en este caso la institución debiera estar haciendo las labores inherentes para extraer la información y generar su propio software para atender este requerimiento, “Yo encuentro muy probablemente una falla grave y una falla preocupante por parte del área de compliance del banco, esto en un banco normal no tendría cabida” acotó. 

Ya se habían detectado irregularidades. 

En una institución bancaria cualquiera, que no sea una Sociedad Nacional de Crédito, el tema es sencillo, se conceptualiza como un asunto de costo-beneficio, por lo que se establecen los mecanismos para obtener la información requerida y no incurrir en sobrecostos.

“Banjército a pesar de haber sido creado por medio de un decreto, no lo exime de cumplir con todos los protocolos antilavado del sistema financiero, está cometiendo un grave error al no ejecutar una investigación de debida diligencia, como cualquier otro banco en México” Finalizó.   

MÁS DE 74 MILLONES DE DÓLARES

Car Information System ha recibido más de 74 millones de dólares, es decir poco más de mil 519 millones de pesos al tipo de cambio actual, en adjudicaciones directas entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andres Manuel López Obrador, por un servicio que resulta redundante y cuya información puede ser obtenida utilizando otras vías o fuentes de información, o por medio de los covenios binacionales existentes tal como se consigna en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 1999, según constataron especialistas consultados por EMEEQUIS.

Los contratos y los montos por consulta. 

La justificación que Banjército ha dado para realizar estas adjudicaciones es el cumplimiento de la regla 4.2.7. de Comercio Exterior que obliga a la banca militar, previo a la emisión del Permiso de importación temporal, a realizar las consultas necesarias para comprobar que los vehículos que se encuentren o se hayan encontrado reportados en los Estados Unidos de América o Canadá como siniestrados, restringidos o prohibidos para su circulación, los reportados como robados en dichos países; los que no cuenten con placas extranjeras vigentes; los que sus placas no coincidan con las señaladas en el título de propiedad del vehículo o con el vehículo que se presente físicamente; los que no cuenten con el documento comprobatorio de circulación extranjero, vigente, o bien, los que no hayan aprobado la inspección de emisión de contaminantes en el país de procedencia, en su caso, no podrán ser importados temporalmente al territorio nacional. Banjército debe resguardar vía electrónica el resultado de dicha consulta, por lo menos durante 5 años.

 Costos del reporte.

También el banco castrense aduce que esta pequeña empresa es la única en México que presta el servicio, sin embargo esto no es exacto, si se considera que los datos que se requieren no son de origen nacional, y que estos trámites se realizan en territorio norteamericano, ya que las oficinas de los Módulos de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) se encuentran en las aduanas de entrada a territorio nacional y en los consulados en Chicago, Austin, Dallas, Houston, Los Angeles, San Bernardino, Sacramento, Albuquerque, Denver  y en Phoenix. 

FORMAS DE CHECAR DATOS DEL AUTO