A Jeysol Amaya le deben justicia: sobrevivió a 37 puñaladas y el agresor sigue libre

EMEEQUIS. Jeysol Selene Amaya Sánchez sobrevivió a un intento de feminicidio que la mantuvo durante meses en terapia intensiva. Perdió la movilidad temporal de las articulares, aún mantiene daño en las cuerdas bucales, problemas de respiración y se ha sometido a varias cirugías para recuperar su salud. 

A días de que se cumplieran siete años de la agresión, la justicia no llega para la sobreviviente de feminicidio. Pese a que el agresor fue sentenciado a 30 años de prisión sigue prófugo, protegido por autoridades al interior del gobierno de Campeche. 

Las cicatrices y daños físicos en el cuerpo de Jeysol no son los únicos estragos del feminicidio al que sobrevivió. Ella y su familia también perdieron la estabilidad económica, salud física y emocional, así como la certeza de seguridad. 

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Recientemente se hizo pública la exigencia de justicia para Mya Villalobos Saldaña, que en octubre de 2022 sobrevivió 47 puñaladas en el estado de Chihuahua. Su agresor, identificado como Erik “N” había sido liberado por ser menor de edad. Fue recluido hace una semana y enfrenta un proceso por tentativa de feminicidio. 

Como muestra de la impunidad y falta de perspectiva de género para sancionar intentos de feminicidio, Jeysol Amaya cuenta su historia. Espera que la lucha por justicia de otras sobrevivientes no sea la misma que ella ha enfrentado por siete años. 

“Si los servidores públicos siguen protegiendo a los agresores esto no va a parar. Pareciera que están protegidos por las leyes y por las personas que deberían de actuar para detenerlos. Se sienten con toda la libertad de dañarnos”, cuenta Jeysol Amaya sobreviviente en entrevista con EMEEQUIS.

De 2020 a marzo del año pasado, las fiscalías de todo el país reportaron la investigación de mil 426 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por este medio contempladas en el reportaje-documental “Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia”.

Los estados con mayor incidencia son Nuevo León (579 casos), Jalisco (132), Guanajuato (93), Tabasco (81), Sonora, Chihuahua (55), y la Ciudad de México (50). 

De estas agresiones de extrema violencia cometidas contra mujeres; el 25% fueron cometidas por lesiones provocadas con armas blancas como cuchillos, navajas y objetos punzocortantes. El 33% fueron provocadas por golpes y el 9% por armas de fuego. 

El caso de Jeysol Amaya en Campeche hizo que en el Código Penal del estado se incorporara la figura penal de tentativa de feminicidio; que actualmente sólo contemplan las leyes de cuatro estados en todo el país: Puebla, Nuevo León y Durango. 

Pese a ello la reparación del daño no se ha hecho efectiva para la sobreviviente, ni que se cumpla la sanción impuesta al agresor Rodrigo Paredes. 

Ella denuncia que la protección para la familia Paredes, que mantiene vigente en el estado de Campeche, ya que ocupan cargos en la Secretaría de Obras, son jueces o magistrados. 

Pese al cambio de gobierno entre el PRI y la llegada de Morena, la justicia le debe a Jeysol Amaya. 

LA DILACIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE CAMPECHE

El caso de Jeysol lleva detenido dos años. El último citatorio que recibió fue el 16 de octubre de 2021, le notificaron una reunión en el Centro de Justicia para las Mujeres de Campeche. 

“Me citaron para decirme que tenía que seguir esperando y que mis medidas de protección estaban suspendidas…Durante dos años mi expediente estuvo escondido, lo habían archivado y le dieron carpetazo. Me dijeron que la SCJN se podía tardar en resolver hasta 10 años que debía esperar”.

Explica que desde ese momento, las autoridades le han cerrado la puerta para recibir justicia, pese a que existe una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que exhorta al estado a cumplimentar la sentencia contra el agresor. 

Según las autoridades de Campeche, refiere Jeysol, el proceso se mantiene detenido por un recurso que interpuso la defensa del agresor ante la Suprema Corte de Justicia para revertir la sentencia de 30 años. Sin embargo, este recurso fue desechado en 2021 y se confirmó la sentencia del agresor; pero insisten que aún falta otra revisión al amparo. 

“En 2019 hubo una resolución de amparo a mi favor. Le dictaron sentencia de 30 años a mi agresor y una reparación del daño, que tras un recurso que metimos ante Derechos Humanos, obligaba al estado (de Campeche) a cumplirla, por todas sus irregularidades y violaciones a mis derechos”, cuenta Jeysol en entrevista con EMEEQUIS. 

Desde ese momento el estado de Campeche debió tramitar la formulación de una reparación integral del daño para la víctima, pero ella sólo ha recibido tratos denigrantes y violencia institucional por parte del gobierno de Campeche, encabezado actualmente por la gobernadora Layda Sansores. 

Uno de los funcionarios a los que se acercó la sobreviviente fue Eduardo Mex Pérez, titular de la Unidad de Asesoría a Víctimas del Delito del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, para solicitarle una nueva defensoría pública, pues su abogada se jubiló sin finalizar el proceso. 

“Me acerqué a Eduardo Mex y muy groseramente me dijo que todavía no había resuelto la Suprema Corte, que no habían sido notificados y que yo tenía que seguir esperando…Fue muy grosero, me trató muy mal. Me dijo que yo no podía estarle exigiendo, que no podía ir cuando quisiera, que era con cita”, cuenta la sobreviviente. 

Jeysol asegura que existe protección por parte del estado de Campeche para dilatar su proceso. Familiares del agresor han mantenido puestos políticos en el estado desde el gobierno del priísta Alejandro Moreno. 

José Ángel Paredes Echavarría, tío del agresor, se desempeñó como Fiscal Anticorrupción desde octubre de 2017 hasta su fallecimiento en agosto de 2019. Sin embargo, el poder de la familia Paredes se mantiene en también en el Poder Judicial. 

“Toda la familia Paredes está en el gobierno. Tiene dos tíos en Obras Públicas, tías que son juezas, una que es Magistrada”, denuncia Jeysol, quien solicita apoyo del gobierno de Campeche pues teme por su seguridad. 

EL CASO EN DERECHOS HUMANOS 

“¿Cómo es que, con un delito como tentativa de feminicidio, sabiendo los riesgos que corre el agresor de huir, por qué lo dejan libre como si no hubiera hecho nada? Más con una sentencia, él sigue libre. Ya hasta la protección me han retirado”, cuestiona Jeysol a las autoridades de Campeche. 

Pese a que existe una sentencia ratificada en contra del agresor por el delito de tentativa de feminicidio, se mantiene en libertad. 

Por la demora que ha tenido el caso en la Fiscalía de Campeche, Jeysol busca de nueva cuenta que el caso llegue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sería la segunda vez que se busca la intervención de esta institución para exhortar al estado de Campeche por darle certeza jurídica al caso de la sobreviviente. 

“Tengo un recurso en Derechos Humanos por todos los atropellos en mi caso, que condenó al estado al pago de mi reparación del daño. A causa de la mala administración y del favoritismo y del tráfico de influencias de la familia que me agredió. Le habían dado mucha dilación. Me cancelaron las audiencias, el agresor se daba por no notificado y no asistía a las audiencias”, dice Jeysol. 

Hace unas semanas, la sobreviviente fue contactada por Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Campeche, para otorgarle una representación pública federal. Se encuentran recopilando la información de la carpeta en espera de llevarlo de nueva cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además de que hace una semana, una juez de ejecución otorgó 5 días hábiles al agresor para presentarse y ser recluido, de no hacerlo se emitirá una orden de aprehensión. 

Jeysol Amaya espera que con esta resolución se cumpla la sentencia que se había establecido desde 2018; de no hacerlo buscará el apoyo de la gobernadora Layda Sansores para garantizar su protección. 

“Que se dé cumplimiento a todo. Que se localice al agresor porque corro peligro. Que se me de protección porque no puedo tener una vida normal. No tengo tranquilidad. Me quedé endeudada. Han sido cosas espantosas las que hemos sobrevivido y tratamos de seguir adelante. Yo quiero justicia, tengo derecho a ella y voy a luchar por ella”.

@GloriaPE_

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