A 10 años de la masacre de San Fernando, la justicia no llega

EMEEQUIS.– “Con los señores que hayan hecho eso sí, tengo eso en mi corazón, de que han venido disparando sin alma, tengo resentimiento, no con todo México”, dice Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, uno de los jóvenes asesinados en la masacre de 72 migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India, ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas.

 “Bien lo recuerdo mi hijo, tengo mucha pena, mucho sentimiento, a pesar de que todo me dieron, pero nunca puedo olvidar”. El “todo me dieron” es porque Margarita logró obtener la residencia en Estados Unidos, su gobierno (ecuatoriano) la apoyó un año con “comida y consejos” (despensas y terapias), atrapó al “coyotero” que se llevó a su hijo y lo condenó a 16 años de prisión y una reparación económica –aunque no pudo cobrarla–. 

Además, el gobierno de México la indemnizó, a ella y sus otros dos hijos, con lo que pudo construirse una gran casa con flores que sobresale del resto en su pueblo de la montaña, en Chunchi, Ecuador. 

Foto de la casa de Margarita Chimborazo. 

Pero algo le falta: “sería bueno que en México… si pueden hacer más la justicia –dice con voz de súplica al otro lado del teléfono–, coger a todos (los culpables) allá”.

En 2018, personal de las Cancillerías de Ecuador y de México la visitó en su casa, le dijeron que la indemnizarían por la muerte de su hijo. “Sí nos dieron a las cinco familias (de Ecuador), lo vi con el papá de una de las muchachas (víctimas), dijo que para ellos también venían haciendo casas”.

DESCONFÍAN DE SU GOBIERNO Y EL MEXICANO

Diez años después de la masacre de migrantes en San Fernando, no hay justicia: para el Estado mexicano fue más fácil pagar indemnizaciones considerables a las familias que sentenciar a los culpables, y aunque existen 15 personas procesadas por los homicidios, no se ha logrado ninguna sentencia; tampoco se ha investigado la participación de las autoridades que estuvieron involucradas, pese a que las indemnizaciones significan la aceptación de la participación del Estado, por omisión o negligencia. El propio Felipe Calderón cita el involucramiento de los policías municipales en estos hechos, en su libro autobiográfico.

Ecuador fue el primer país que se movilizó para cobrar las indemnizaciones que anunció la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) en 2018 para los deudos de los hechos criminales de San Fernando 1, en agosto de 2010, y en San Fernando 2, en abril de 2011, cuando hallaron 43 fosas clandestinas con al menos 196 cuerpos, una gran mayoría de migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

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Jaime Rochín, entonces titular de la CEAV, encabezó las primeras indemnizaciones.  “Es muy difícil acercarte a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, desaparecidos o ultrajados de manera violenta por el Estado mexicano, ya sea por negligencia u omisión. Las familias son de muy escasos recursos y tienen absoluta desconfianza en su gobierno y en el de México, entonces, se requiere de personas que tengan vínculos de confianza”. Ese trabajo lo hizo el entonces embajador de Ecuador en México, Leonardo Arízaga y su Cancillería.

Tras indemnizar a los ecuatorianos, se acercó el embajador de Honduras, de donde es un gran número de las víctimas, y empezaron a trabajar las reparaciones con la CEAV. “Ahí el tema es que algunas familias están acompañadas por una organización mexicana (la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FJEDD) que exige que para entrar a un proceso de reparación tiene que haber justicia y sentencias, porque no quieren que se pretenda parar el proceso de justicia y ocultar la verdad a través de una reparación económica; me parece muy razonable y aceptable, pero como los procesos de justicia han ido muy lentos, muchas de esas familias no han alcanzado la reparación”, señala Rochín.

Para la Fundación –que representa a 11 familias de las 72 víctimas de San Fernando, ésta es una forma de presionar para que se sancione a los responsables y se establezcan medidas de no repetición. “Igual que los padres de Ayotzinapa, que siempre han señalado que no hay reparación posible si no tenemos justicia, la verdad de los hechos, dónde están y que pasó exactamente”, ejemplifica Rochín.

 “Y así debe ser…el problema en la práctica es que con un sistema del 98% de impunidad que tenemos en México, resulta muy complicado esperar a que realmente haya justicia y verdad para proceder a la reparación”. Aun así, otras familias que no estaban con la Fundación han solicitado la reparación.

Para las familias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, sus embajadas no han dado respuesta, “y hasta donde me quedé no habían mostrado interés alguno”, dice Rochín, quien renunció a la CEAV en junio de 2019. “Y la participación de las embajadas es vital, porque resulta muy difícil contactarlas, viven en poblados muy alejados, a donde no se llega en auto, sin acceso a Internet ni cuentas bancarias para hacer el pago, nada de información”.

De las 72 víctimas de la masacre de San Fernando, al menos 26 eran de Honduras (3 identificados en los últimos años), 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de India. En la fosa común del Panteón Dolores de la Ciudad de México quedan aún 9 restos humanos sin ser identificados.

¿CÓMO PAGAR LA PÉRDIDA Y EL DOLOR?

La Navidad de 2017 Fredy Lala –uno de los dos sobrevivientes de la masacre– llegó a Quito a visitar a Andrea Ledezma, quien fue su abogada por siete años. Iba acompañado por personal de la Cancillería de Ecuador: le informó que le revocaba los poderes y ya no podría representarlo. La abogada lamentó que decidiera irse con quienes, considera, lo traicionaron, porque el gobierno de Ecuador le quitó los beneficios de testigo protegido, no le entregó los papeles de la casa que supuestamente “le dieron” y tampoco cumplieron con la ayuda médica y psicológica que requería.

Andrea dejó la defensa de Fredy y el trabajo adelantado para conseguirle una visa humanitaria en Estados Unidos. Desconoce si lo indemnizaron, pero cree que no, porque el padre llamó recientemente para pedirles dinero y ropita, ya que la están pasando muy mal por la pandemia.  Rochín está seguro que Fredy Lala sí fue indemnizado, él le ofreció disculpas a nombre del gobierno mexicano. Seguramente le tocó menos dinero, porque en su caso no hubo pérdida de vida. 

Para hacer el cálculo de la reparación se utilizan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y son cinco elementos:

Rehabilitación.– Algunas de las víctimas hondureñas y salvadoreñas han venido a México a recibir apoyo de las instituciones de salud. 

Restitución.– Que en este caso es imposible, porque sería entregarles vivos a sus seres queridos.

Satisfacción.– Tiene que ver con la disculpa pública y el reconocimiento y responsabilidad del Estado. 

Garantías de no repetición.– Son sanciones a los culpables, “y ahí es donde todavía falta mucho”.

Compensación.– El dinero que se otorga por el daño material y la afectación personal recibida, porque muchas veces eran los que mantenían a las familias. “Se hace una consideración matemática de aquello que pudieron haber ganado a lo largo de su vida y hay un sistema actuarial. Expertos analizan cuánto pudieron percibir en un año, por la esperanza de vida en su país y se sacan las cantidades”.

Documentos que entregó el gobierno mexicano a la embajada de Ecuador. 

“Por supuesto que del sobreviviente a los fallecidos o desaparecidos hay diferencias y pudo ser menor la compensación: si una persona fallece a los 20, se considera un periodo de 50 años en que pudo haber vivido y trabajado, y se consideran el número de miembros en cada familia. Si no perdió la vida, pero no quedó imposibilitado para trabajar, se hace un cálculo; si queda imposibilitado, hay otro criterio”. 

En las sentencias que se dictaron en Ecuador contra los traficantes, el juez ordenó un pago de daños a Fredy Lala por 8 mil dólares, y de 50 mil para Margarita, aunque ninguno de los dos pudo cobrar porque el “pollero” no tenía propiedades a su nombre.

“Las víctimas ya saben, deben acudir a la CEAV y llenar un formato muy sencillo de dos páginas, lo que no podemos es otorgarles una reparación sin que explícitamente lo soliciten, porque podría ser una falta de respeto”, explica Rochín. 

“ME DEJARON EN EL OLVIDO”

Elvia Rodríguez vive en Ciudad de México, en la colonia Doctores. Ha padecido sus propias faltas de respeto. Es una víctima directa de la mala actuación del Estado: quedó prensada con un auto que le aventó el tráiler que transportó los cuerpos de los migrantes al Semefo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2010. Sufrió la amputación de su pierna izquierda y, como medida de reparación, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la puso a elegir: indemnización o una plaza de trabajo. Eligió lo segundo, con la promesa de que tendría todas las facilidades dada su condición de discapacidad, podría seguir estudiando y desarrollarse en la institución. Pero una vez que se fueron los funcionarios, sus jefes inmediatos empezaron a hostigarla por sus idas al médico, porque iba a la escuela o porque quiso presentarse con la nueva subprocuradora para que conociera su caso. “Son otros tiempos y te tienes que adaptar”, le dijeron en Recursos Humanos.

Como “estaba estudiando” la enviaron al archivo, donde pasaba la mayor parte del día de pie. Le dijeron que no podría ascender por falta de licenciatura y cuando se hizo una reducción de personal al interior de la Procuraduría, la comisionaron a otra área. Ahora podría incluso perder su plaza de confianza, porque no tiene ningún papel firmado.

Elvia sufrió la amputación de su pierna izquierda. 

El Gobierno de la Ciudad de México le regaló una prótesis de avanzada, de titanio, pero también se deslindó de ella cuando se fue el doctor Armando Ahued. Su sueldo de 4 mil pesos a la quincena se va la mitad en el Uber que la lleva y trae al trabajo y el resto en gastos de casa. No logra ahorrar para darle mantenimiento a su prótesis y “ya está bastante dañada”.  Busca que el ISSSTE le otorgue una, como la que tiene, porque para ella es imposible costearla: vale más de 100 mil pesos, y el pie, entre 25 mil y 30 mil. 

 “Mi familia y yo nadábamos en ignorancia, nos decían una cosa y otra, no teníamos conocimiento. En ese momento pensé que sí se estaban haciendo responsables al darme trabajo, pero que no me hayan dado seguimiento, que me cerraran las puertas en la Procuraduría, me molestó, porque me dejaron en el olvido”. 

Elvia, viviendo en la Ciudad de México, ni enterada estaba de estas indemnizaciones.  

“SITUACIÓN DE RETROCESO”

Entre las familias representadas por la Fundación “hay una visión integral de la reparación, que es justicia y verdad, y cómo avanzan los casos”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, que acompaña a 11 familias de los masacrados en San Fernando 1, y a 18 familias de los cuerpos hallados en las fosas; también a 9 de Cadereyta, Nuevo León, donde arrojaron 49 cuerpos en 2012, y a 13 de los 16 hallados en febrero de 2015 en una fosa de Güemez, Tamaulipas, todos migrantes, algunos de México, pero en su mayoría centroamericanos. 

Familias de Guatemala y Brasil dudan de que los restos entregados por la PGR en 2010 pertenezcan a sus familiares. La Comisión Forense –formada entre peritos de la PGR y el equipo de Antropología Forense Argentino– revisó la información documental y recomendó que los restos sean exhumados, pero Guatemala se niega y rechaza que intervengan peritos externos.  “Y México tampoco toma acciones contundentes con Guatemala para que se logre”, explica Delgadillo: “y lo primero es que haya certeza de los restos recibidos”. 

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“Muchas de estas familias ya están en el registro de víctimas de la CEAV y deberían estar recibiendo medidas de atención y apoyo, y no lo hemos logrado. Y con este gobierno sí podemos decir que estamos en una situación de retroceso… la titular de la CEAV, Mara Gómez (después renunciaría), ha tenido un rechazo a apoyar a víctimas migrantes. En un caso de un africano que murió en México tratamos de que pagaran por lo menos el envío del cuerpo a Camerún y me dijo que tenía pocos fondos y los que tenía, los iba a aplicar en familias mexicanas”.

Para Jaime Rochín esto es un error porque la ley no distingue nacionalidad, “si fueron víctimas en México la consideración debe ser la misma”.

Sobre el presupuesto para las víctimas aclara: Existe un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contemplado en la Ley de Víctimas, es una obligación de los diputados incluirlo en el Presupuesto y por ley debe estar siempre como mínimo en el 0.014 del Presupuesto, que son unos 500 millones. “Es un fideicomiso que no desaparece y no está en riesgo, como los que no están en la ley”.

El recorte que se anunció estaría relacionado con los gastos de operación —personal y renta— y no afecta al Fondo de Ayuda a las Víctimas. “Y como no ha habido muchos avances en las reparaciones, deben tener ese recurso íntegro”.

RECONSTRUCCIÓN DE LA MASACRE

“Para nosotros el balance general es de impunidad”, dice Delgadillo, “porque aunque hay algunas personas procesadas, no existe ninguna sentencia definitiva del caso –una persona fue sentenciada, pero promovió un amparo– no vemos una investigación para estructuras jerárquicas y del crimen organizado, ni de la actuación del Estado”.

Luego de litigar por siete años en los tribunales como representantes legales de las víctimas, la Fundación logró acceder a las copias del expediente  en febrero pasado (30 tomos de entre 500 y mil fojas cada uno) y establecer la estructura criminal de los autores de la masacre  de los 72, lo que toma relevancia, porque la SEIDO fue sumamente opaca en informar y porque una cosa es lo que declaran las autoridades en los medios y otra la que obra en el expediente.

Pudieron establecer 15 personas procesadas por la masacre, todos con juicio radicados en juzgados de Tamaulipas, donde no existen garantías para que abogados y periodistas vayan a hacer su trabajo. 

LOS 15 PROCESADOS

En la declaración ministerial de Édgar Huerta Montiel, “El Wache”, a la que tuvo acceso el colectivo Periodistas de a Pie, afirmó que “El Moneneke” avisó desde Ciudad Victoria a “El Coyote” que iban dos camionetas con gente. Pidió que al llegar a San Fernando los checaran, porque gente del Cártel del Golfo los estaba reclutando para trabajar de halcones o de esclavos. Ahí los detuvieron, “El  Kilo” informó a “La Ardilla” que eran migrantes, pero éste dio la orden de matarlos. “El Alacrán”, “El Chamaco” y “El Sanidad” los mataron, con tiro de gracia, en un lapso de dos horas, mientras “El Coyote”, “El Junior” y él daban seguridad afuera del rancho. Como ya era de noche, se fueron a dormir a San Fernando. Al día siguiente regresaría “El Chamaco” a enterrarlos, pero llegaron antes los marinos.

Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “El Ardilla”, fue detenido y presentado en octubre de 2012 como el jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, autor intelectual de la muerte de los 72 migrantes de San Fernando, responsable de las narcofosas y más el asesinato de 50 personas, entre ellos el americano David  Harley y el policía ministerial que investigaba el caso; la fuga de 151 reos del penal de Nuevo Laredo y 132 del penal de Piedras Negras, Coahuila. 

El gobierno de Coahuila lo reclamó como probable responsable del homicidio de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira. Sin embargo, este sujeto depredador, que saludaba a la prensa mientras lo presentaba la Marina, no aparece en la investigación por los hechos de San Fernando, y la Fiscalía no aporta información de su situación jurídica. [1]

También existen enormes dudas sobre la participación de las autoridades en la masacre, pues como se supo por cables desclasificados por el National Security Archive, hubo colaboración de los policías municipales que trabajaban para Los Zetas en el secuestro de estos y otros migrantes. En su libro autobiográfico, el propio Felipe Calderón responsabilizó a los municipales para ejemplificar la captura del Estado: 

 “De los 73, sólo uno sobrevivió milagrosamente y narró la dantesca escena. Un aspecto trágico de este episodio, uno de los más tristes en materia de seguridad durante mi administración, fue que los migrantes fueron puestos en manos de sus asesinos… ¡por los propios policías municipales de San Fernando!”.   

Se le olvida al expresidente que era su responsabilidad era capturarlos y procesarlos. Quizá pudo haber evitado la tragedia de las fosas con 196 cuerpos halladas ocho meses después.  “Habrá que ver si los está confundiendo con el capítulo de las fosas —donde consignaron a 18 policías municipales— o bien ¿qué sabe él que ignoramos los demás?”, dice Delgadillo. 

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Durante los días de la crisis, cuando parecía que los mandatarios y cancilleres de los países con víctimas demandaban esclarecer el caso y justicia para sus connacionales, existió una amplia comunicación diplomática entre los gobiernos, pero la Cancillería mexicana reservó toda esa información por 12 años. También la Procuraduría de Tamaulipas recurrió a la reserva para cubrir a los ministerios públicos y peritos que hicieron las primeras indagatorias, incurrieron en pérdida de evidencias, no preservaron la escena del crimen, repatriaron cuerpos equivocados y armaron el pésimo operativo a la Ciudad de México que mutiló la pierna de Elvia. 

La Cancillería reservó la información 12 años. 

Por su parte, la embajada de Brasil en México informó a través de su consejero Luís Guilherme Nascentes que desconocían de ese fondo y esas indemnizaciones y  tras una búsqueda en sus archivos, ni en la embajada ni en el consulado hallaron alguna notificación o referencia al respecto. “No es que no hayamos tenido ningún interés en movilizarnos, por el contrario, haremos los trámites necesarios para esas familias que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Las embajadas de El Salvador, Guatemala, Honduras e India no respondieron.

Otra de las grandes incógnitas es por qué, pese al tamaño de la masacre, no existe sangre salpicada en las paredes, como ha sucedido en otras masacres. ¿Ahí los mataron o ahí los arrojaron? ¿Con ayuda de quién?  

No existía sangre en las paredes, como en otros casos. 

Diez años después tampoco sabemos nada de la red internacional de traficantes de personas que se confabularon para llevarlos a hasta Tamaulipas, de la captura de los “polleros” a los que pagaron los migrantes entre 5 y 10 mil dólares, que incluía el “derecho de piso” que cobran los grupos criminales por cruzar “su territorio”, a excepción de Ecuador, que detuvo a dos: Carlos Heriberto Guzmán, sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de personas, en agravio de Rosa Amelia Panza Quilli, y José Arcesio Vázquez Marín a 16 años, por el tráfico de Fredy Lala y Telmo Leónidas, el hijo de 17 años de Margarita. 

BUENAS NOTICIAS AL FIN

La Fundación ve tres cosas positivas para las familias que representa y no son las indemnizaciones: 

• El amparo logrado en la Suprema Corte que obligó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a calificar el expediente como graves violaciones a derechos humanos, que significa también que los delitos no prescriben y responsabilidad mayor del Estado. 
• La FGR aceptó modificar la metodología de investigación y acumular en la Fiscalía de Derechos Humanos todos los casos de masacres ocurridas en el Norte, aceptó la propuesta de la Fundación para hacer un abordaje diferente porque se dio de manera conjunta, en territorio vecinos, todos ejecutados, por el mismo tiempo y pudieran ser los mismos criminales.
• La CNDH aceptó en la anterior administración reabrir parte del expediente para investigar violaciones a integridad y vida, y si las autoridades estuvieron involucradas en este tipo de violaciones.

@CPeraltaS