“Para las autoridades, mi error fue sobrevivir”: María Elena Ríos

EMEEQUIS.– “Mi agresor está libre”. María Elena Ríos, saxofonista originaria de Oaxaca y sobreviviente de feminicidio, quedó expuesta y desprotegida por las autoridades y, de nuevo, peligra su integridad y la de su familia. 

Este fin semana, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco decidió liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priísta y presunto autor intelectual del ataque químico que le cambió la vida a Elena Ríos.

Le fue modificada la medida cautelar por el proceso que mantiene por feminicidio en grado de tentativa contra la joven ocurrido en 2019. Fue liberado bajo prisión domiciliaria y seguirá el juicio desde la casa de su hija, quien también enfrenta un proceso por violencia y amenazas contra la artista oaxaqueña.

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Para Elena, esta determinación envía un mensaje claro de impunidad para los agresores en Oaxaca y en todo México. Quienes, protegidos y solapados por el sistema de justicia, pueden quedar en libertad como un “pacto de corrupción e impunidad”. 

El gobernador Salomón Jara externó que, debido a que la casa del presunto agresor no cuenta con medidas de seguridad, seguirá en prisión, sin embargo, la medida cautelar es decisión que le compete al Poder Judicial. 

SEGUIRÁ SU LUCHA

“Si mi delito fue sobrevivir, si fue quedar viva, voy a hacer que esto valga la pena. Por mí y por todas, porque no soy la única quemada, no soy la única que está en la impunidad”, responde la sobreviviente en entrevista con EMEEQUIS. 

María Elena asegura que impugnará la decisión del juez Pacheco, en tanto le entreguen la resolución por escrito sobre la liberación de su agresor. Serán ahora magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca quienes determinen si continúa o se refuta la decisión del Juez de control, para no exponer la vida de la víctima y su familia. 

María Elena acusa al juez Pacheco Pacheco por violación a sus derechos humanos, así como agresiones e invalidaciones hacia ella y su defensora, Diana Cristal González Obregón, durante los seis días que duraron las audiencias virtuales.

“Todo el tiempo se portó parcial. De que yo tengo la culpa, me desechaba todo, no me dejaban hablar, me sacan de la audiencia, me silencian el micrófono y no solamente a mí, también a mi abogada y al Ministerio Público. Nos usaron como títeres para llevar el protocolo de una audiencia donde ya tenían dirigido que lo iban a sacar”, asegura Maria Elena, quien ve con temor y desconfianza los hilos al interior del poder que mantienen protección hacia su agresor, un poderoso empresario y político en Oaxaca. 

 Ríos duda de las intenciones del gobernador. Este lunes colocó este mensaje en Twitter. 

¿QUIÉN PROTEGE A VERA CARRIZAL?

El político y empresario de 59 años, Juan Antonio Vera Carrizal, ha mantenido un extenso camino de poder económico en Oaxaca. 

Además de haber sido legislador, es un conocido empresario gasolinero que, incluso, fue presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) de Oaxaca. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó posibles operaciones ilegales del empresario, por lo que se ordenó el congelamiento de sus cuentas, además de que ha sido señalado por robo de combustible.

Al momento de la agresión contra María Elena Ríos, quien fuera su pareja sentimental, tenía una diputación por el distrito VI de Oaxaca abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, que mantuvo el poder en la entidad hasta la salida del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Ahora es gobernado por el morenista, Salomón Jara.

CON LOS MEDIOS PARA ESCABULLIRSE 

Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 y se mantuvo preso en el penal de Tanivet, en Oaxaca. Sin embargo, durante tres años, su hijo, Antonio Vera Hernández, se ha mantenido prófugo de la justicia. También es acusado de la agresión contra la joven saxofonista.  

“Es un agresor con capacidades económicas importantes, que le ha permitido estar en fuga desde todo este tiempo. No descartamos que con la complicidad de diferentes personas que pueden ir desde el orden público hasta el orden civil, que le están brindando algún tipo de protección que nos ha impedido a las autoridades ejercer la prisión pendiente”, declaró en agosto del año pasado el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien renunció al cargo hace un mes. 

Su liberación domiciliaria representa un riesgo para la vida de María Elena Ríos, no sólo por el poder que tienen en el estado, también por las amenazas y violencia que ha ejercido la familia del agresor contra la víctima. Una de sus hijas de Vera Carrizal mantiene también un proceso por violencia y amenazas ejercidas contra la saxofonista.  

AUDIENCIAS PARCIALES

Durante seis días de audiencia, la defensa de Vera Carrizal presentó argumentos para solicitar el cambio de prisión preventiva a domiciliaria, afirmando que el detenido presentaba problemas de salud y síndrome de neurosis. Apelaron al plazo de dos años de prisión preventiva oficiosa que el detenido había cumplido sin una sentencia, para solicitar continuar el proceso en libertad. 

“Lo que quiso justificar el juez es que no tiene acceso a prisión preventiva oficiosa. Pero a él dos veces en audiencia se le reiteró que su prisión es justificada porque está acusado de feminicidio (…) No quiso tomar en cuenta el cese de los tribunales durante la pandemia, porque no estuvieron trabajando y se está tomando en cuenta como si no hubiera habido pandemia”, explica María Elena Ríos. 

El delito de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, forma parte del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva justificada, por el alto riesgo que implica para las víctimas y sus familias. Sin embargo, en el caso de Maria Elena, se omitió mantener esta medida cautelar. 

“Se trata de corrupción e impunidad. ¿Quién lo está permitiendo? Porque un juez hace todo para defenderlo tanto, yo creo que al tener esa libertad de eso es porque alguien le garantizó la protección para que lo hiciera”, señala la víctima quien incluso denunció a través de sus redes sociales las reuniones que ha mantenido el actual gobernador de Oaxaca, Salomon Jara con las hijas de su agresor. 

Ante ello el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres externaron preocupación por la determinación del Juez Teódulo Pacheco y por las dilaciones y omisiones del personal judicial del estado. 

“Esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia, y en ese sentido, envía un mensaje de impunidad y revictimización”, compartió el mecanismo en un posicionamiento oficial. 

Elena afirma que existe un alto riesgo de fuga de su agresor, así como de que ella o su familia puedan volver a ser agredidos. Muestra que incluso dio, Vera Carrizal dio parte durante la audiencia. “Él todavía dijo al último que iba a limpiar su nombre. Es una amenaza clara”, afirma la sobreviviente. “Ya salió, es un feminicida y un delincuente potencial. Tanto es su poder político y económico que su hijo sigue libre”.  

VERA CARRIZAL SE MANTENDRÁ EN PRISIÓN, PESE A ORDEN JUDICIAL 

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a través de redes sociales informó que el agresor Juan Antonio Vera Carrizal se mantendrá en prisión, sin modificar temporalmente las medidas cautelares aprobadas por el poder judicial. 

Afirmó que tras la decisión del juez Pacheco Pacheco, ordenó a la Secretaría de Seguridad de Oaxaca realizar un diagnóstico sobre el inmueble en el que el acusado mantendría su proceso, sin embargo se determinó que no contaba con los requisitos para garantizar su captura domiciliaria, por lo que se mantendrá en la cárcel. 

El posicionamiento del gobernador. 

“Por el momento no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia. Por lo tanto Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanivet”, aseguró el gobernador. 

Además refirió que solicitó al juez que se reevalúe el cambio de medida cautelar y al Magistrado presidente del Tribunal de Justicia que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derechos y en caso contrario aplicar sanciones para dejar sin efecto su resolución. 

“El mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad de un estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida”, afirmó. 

EN PELIGRO ELENA Y SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO

La agresión contra María Elena ha puesto en la mira la actuación de las autoridades de justicia respecto a los casos de tentativa de feminicidio, donde por vacíos legales y falta de actuaciones apegadas a la legalidad, las autoridades exponen aún más la vida de las sobrevivientes. 

“A mi me criminalizó el juez porque pareciera que en este país está mal sobrevivir, ese es mi delito, sobrevivir. Eso hice mal, sobrevivir”, refiere Elena en entrevista con EMEEQUIS. 

Afirma que las autoridades en Oaxaca y en todo el país minimizan las agresiones feminicidas cuando la mujer se mantiene con vida, y únicamente se revisan los casos y procesos una vez que las víctimas son asesinadas. 

“Así me dijo el juez, que no era grave y que él (Vera Carrizal) necesitaba la prisión domiciliaria porque yo no estoy muerta”, denuncia que pese a que ha solicitado a la Fiscalía General de la República atraer su caso, a ellos sólo les interesa hasta que las mujeres pierden la vida como, señala, ocurrió en el caso de Debanhi Escobar y otras víctimas de feminicidio. 

La Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio se pronunció sobre el caso de Maria Elena Ríos, en referencia a que es una muestra de la impunidad y tortura institucional donde no se escucha las voces de las mujeres sobrevivientes de violencia feminida. 

“Así nuestro sistema judicial que hoy protege a Juan Antonio Vera Carrizal, pero todos los días cobija a agresores de mujeres sobrevivientes de feminicidio en grado de tentativa, dejándolos en libertad durante los procesos. Si los liberan se escapan, si los liberan nos matan”, afirmó Ana Valderrama, miembro del colectivo. 

Afirman que pese a que desde abril de 2019, el delito de feminicidio consumado y en grado de tentativa están en el catálogo de delitos graves en México, esto es “letra obsoleta en la práctica”. El sistema de justicia las revictimiza, no les cree y aún se niegan a poner el tipo penal de feminicidio en grado de tentativa. “Denunciar en México es extenuante, es una tortura institucional”. 

@GloriaPE_

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