Autoridades de Nuevo León aseguran que ya no hay dinero para las cirugías de Liliana

EMEEQUIS.–  A Liliana Torres le avisaron que el fondo destinado a sus cirugías se ha terminado. El gobierno de Nuevo León ya no puede continuar costeando los gastos médicos que el mandatario, Samuel García, se comprometió a pagar, y la única opción que le dejan es regresar al hospital donde ella denunció previamente que fue víctima de malos tratos.   

En marzo del año pasado Liliana fue victima de violación e intento de feminicidio. La rociaron con gasolina y le prendieron fuego, su cuerpo fue abandonado en un terreno baldío donde algunos vecinos le brindaron ayuda.  Las quemaduras que recibió en el cuerpo son graves y han ameritado hasta el momento cuatro cirugías.

En un principio, tras la presión ejercida por diferentes colectivas, entre las que está la fundación Carmen Sánchez, los medios y de la sociedad en general, Samuel García se comprometió a pagar los gastos médicos de Liliana, pero ahora los servidores públicos le han dicho a la víctima y a Aldo, su esposo, que el presupuesto ha llegado a su límite y que no pueden continuar costeando el hospital que la ha atendido.

En este año de tratamientos, el gobierno de Nuevo León sólo costeó los gastos de la clínica; el cirujano donó su trabajo y los gastos postoperatorios fueron cubiertos por la familia de Liliana.

La alternativa que el gobierno ofrece al ya no querer pagar los gastos de un hospital particular es el Hospital Universitario de Nuevo León. En esta unidad médica no le resolvieron sus problemas y además la trataron mal, según acusó previamente la víctima y ahora también su esposo, Aldo.

Si bien Aldo reconoce que el hospital le salvó la vida a su esposa, también agrega que no hicieron las cosas como debían y eso implicó sufrimiento, deformaciones y más operaciones sobre el cuerpo de Liliana.

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En entrevista para EMEEQUIS, Aldo nos cuenta el vaivén que ha sido lidiar con los servidores públicos nuevoleoneses. Las autoridades no sólo se niegan a continuar pagando el servicio médico, sino que los servidores públicos le han “sugerido” a Liliana y a Aldo no hablar con los medios. Las palabras de Samuel García han quedado en el aire y los funcionarios públicos pueden lograr que este se convierta en un compromiso no cumplido. 

Después del ataque, la Fiscalía de Nuevo León le recomendó a la familia de Liliana salir del estado por su seguridad, puesto que los tres responsables de haberla secuestrado, violado e intentado asesinar aún están libres. Desde entonces viven fuera de la entidad y solo regresan a Monterrey cuando Liliana necesita atención médica. Los gastos del viaje los costean Liliana y su esposo. 

La investigación se encuentra parada, sin detenidos o alguna respuesta por parte de las autoridades, menciona Aldo, quien también acusa a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de revictimizar a Liliana y afirmar que su esposa cambió la versión de los hechos.  

En un principio, los presuntos responsables de secuestro, violación e intento de feminicidio de Liliana fueron capturados, pero la Fiscalía argumentó que la víctima cambió sus declaraciones y los dejaron en libertad. Aldo, su esposo, especifica que eso no pudo pasar, porque durante el periodo que las autoridades marcan la primera declaración de su esposa y donde se menciona que se tratan de autolesiones, Liliana estaba en coma.  

Liliana sigue en su lucha. 

El pasado domingo Liliana se sintió mal, su pareja la llevó a revisión en un hospital particular del estado donde hoy se refugian. Ella tenía poco de haber sido operada del cuello, un injerto de piel que ahora presentaba complicaciones. En el hospital les comentaron que no podían hacer nada y les recomendaron acudir con el médico que hizo la operación. 

Aldo inmediatamente llamó al médico cirujano de su esposa  y este le pidió que llevara a Liliana a la clínica.

Aldo  también se comunicó con Zéhlyca Maybé Sarmiento, quien es directora Sectorial entre Dependencias de Salud, Gestoría y Atención Ciudadana, “hagan lo que les indique el cirujano”, fue la respuesta de la servidora pública, ante lo relatado por Aldo. 

Antes de llegar a Monterrey, Zéhlyca se volvió a comunicar con Aldo y le mencionó “mi jefa, que es la licenciada Alma Rosa Marroquín, me dijo que ya no se iba a pagar ese hospital”. 

La opción que les daba era el Hospital Universitario, las autoridades ya sabían que esa misma unidad médica  no había logrado ser competente cuando Liliana llegó quemada, pero ese detalle no parece ser importante. 

“Lógicamente, no nos dejaron otro camino, no sé si lo hicieron de manera premeditada; hacernos salir del estado donde vivimos y a la mera hora decirnos que no”. La decisión “era de sí o sí, y pues tuvimos que aceptar el (Hospital) Universitario”.

Liliana no se sentía tranquila ante la idea de regresar al Universitario y tuvo un ataque de ansiedad. Aldo explica que las consecuencias en Liliana después del hospital fueron que: 

“Tenía prácticamente su brazo izquierdo pegado al cuerpo porque cicatriza mal. Y el cuello se contrajo a su izquierda, estaba pegada su mejilla izquierda hacia abajo; casi en el hombro; porque se le contrajo la piel que le pusieron. El labio también lo tenía retirado”. Todo como resultado del mal procedimiento que hace un año “hicieron en el Hospital Universitario” comenta Aldo, esposo de Liliana.

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León, “fue la que tomó la decisión y dijo que ya no se iba a pagar más, aunque si queríamos habláramos con el gobernador. Ya (se) había (rebasado) el límite del fondo, ya no.  Ya que ya no había dinero, así lo dijeron, tal cual”, expresa Aldo.

Nota del badabun y el gasto de Samuel García 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 26, fracción II, el Estado mexicano debe de garantizar los servicios médicos, psicológicos y jurídicos necesarios para la recuperación de las víctimas directas o indirectas.

El Estado mexicano debe garantizar servicios médicos de víctimas. 

Aunado a ello, el artículo octavo de la Ley General de Víctimas menciona  que si el sector público no es capaz de cubrir con las necesidades, tiene la obligación de remitir a la víctima al sector privado y pagar los gastos derivados de ello.

Atención médica y psicológica debería ser proporcionada por el gobierno.

Carmen Sanchez y Ximena Canseco son las iniciadoras de la Fundación Carmen Sánchez, que se enfoca en mujeres víctimas de lo que ellas denominan violencia química. Este también es el nombre de la iniciativa de Ley que han impulsado desde diferentes trincheras y que busca proteger a las mujeres que son atacadas con sustancias corrosivas o cualquier derivado químico. 

Cuando Ximena habla con EMEEQUIS, comenta que la violencia de este tipo es más común de lo que parece y  que los hospitales no están capacitados para atender a las víctimas; agrega que el caso de Liliana ha sido complicado desde el principio, pues la gente la  revictimiza. 

Pese a que Zéhlyca le afirmó a la familia de Liliana que el hospital ya los estaba esperando y que esta vez las cosa iban a ser diferentes, Aldo comenta que en la clínica nadie tenía idea de su llegada. Después de una serie de vueltas dentro del edificio, debido a una mala organización y la falta de camas, Liliana se quedó internada para pasar a quirófano al día siguiente. 

La mala atención que Zéhlyca prometió no repetiría, se volvió a dar. Liliana pasó más de 24 horas sin que el personal de la salud le limpiara una herida que ya “tenía pus y un olor fétido”, comenta Aldo.

Todavía requiere atención quirúrgica por sus quemaduras. 

Él, en busca de una mejor atención para su esposa, estuvo llamando a Zéhlyca, quien seguía prometiendo se haría cargo de la situación. Durante este episodio, “(Liliana) me dice ‘no me han venido a limpiar, tengo la herida bien mal. Ya me siento mal, (…) ya sácame de aquí porque me están atendiendo mal, no me hacen caso’”, expresa Aldo.

Liliana entró a quirófano el lunes 25 de abril. La cirujana encargada de la operación habló con Aldo y le dijo “que había salido bien la cirugía, pero que traía una fuerte infección que está debajo de la piel muerta, traía mucha pus y mucha infección ahí”. La zona infectada es la que no se le lavó en el hospital a Liliana. “Pienso que lo que agravó todo esto (son las más) de 24 horas con esa secreción sin lavar porque yo cada dos horas le estaba haciendo lavados en casa”.

Cuando a Aldo se le preguntan las impresiones que tiene respecto a la infección que presentó Liliana, él menciona: “Estoy seguro de que fue por la acumulación de la secreción (…) eso también desencadenó parte de que se le agravara aún más la lo que traía ella”. 

Actualmente sigue en atención médica. 

Para aclarar por qué les habían informado que se dejarían de pagar las cirugías de Liliana, Aldo, su esposo, se reunió con Omar Méndez Castillo, subsecretario de protección integral en la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León. Él le explicó “que ya había rebasado el límite de presupuesto y que no había dinero, así con esas palabras”, menciona el esposo de Liliana. 

De acuerdo con Aldo, Omar Méndez le dijo que el Estado ha pagado 700 mil pesos por los tratamientos de Liliana y que ya no podía pagar más. 

Entre las tres cirugías que se le realizaron a Liliana dentro de un hospital particular, Aldo comenta que se debieron de gastar aproximadamente 500 mil pesos, pues el cirujano no cobró ni un peso por su trabajo. También explica que no hay forma de comprobar la situación pues los servidores públicos no le han entregado ningún documento “No ellos no me entregaron ningún papel, todo ha sido de palabra, de acercamiento de ellos”.

Otra de las cosas que le dijo Omar Méndez a Aldo es que el gobierno había “ayudado” mucho a Liliana. El funcionario público omite que es responsabilidad del Estado resarcir los daños de los que fue víctima Liliana y que el gobernador de Nuevo León se comprometió a cubrir todos los gastos y no solo una parte. 

Hasta el momento, Liliana sigue internada en el Hospital Universitario, ella está   temerosa de que otra vez no se ejerzan de manera apropiada las operaciones y no sé le dé la atención adecuada. EMEEQUIS pidió al gobierno de Nuevo León su postura mediante un correo, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. 

@MarRome259  

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