Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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La Suprema Corte ordenó distribuir más de 54 millones de dólares entre trabajadores mineros tras dos décadas de litigio contra el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, marcando un revés histórico para el morenista. La resolución sienta un precedente contra la opacidad sindical. Al mismo tiempo, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un estancamiento en el diálogo con la CNTE, que rechaza la propuesta oficial sobre pensiones y acusa falta de voluntad para atender sus demandas.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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EMEEQUIS.- Tras dos décadas de litigio, un grupo de trabajadores mineros logró una victoria histórica al obtener el derecho a la distribución proporcional y equitativa de más de 54 millones de dólares provenientes del extinto Fideicomiso número 10964526 (anteriormente 9645), entregado en marzo de 2005 al sindicato que los representaba, liderado por el morenista Napoleón Gómez Urrutia.
Cabe destacar que Gómez Urrutia, que actualmente es diputado por representación proporcional, ha sido uno de los activos más importantes del gobierno morenista, en particular por su cercanía al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Urrutia también ha sido una de las figuras más mediáticas del oficialismo para la “defensa” de los derechos de los trabajadores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinaron esta resolución, plasmada en un documento de 700 páginas que detalla las razones para ordenar el pago de dichos recursos. El fallo, basado en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho fundamental de los trabajadores a recibir estos fondos y ordena la apertura de un incidente de liquidación para determinar el número de beneficiarios y el monto correspondiente a cada uno.
Esta resolución representa una derrota directa para el sindicato, que administró el fideicomiso en dólares estadounidenses durante casi veinte años sin distribuir los recursos a los trabajadores. Además, el tribunal absolvió a la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., así como a la Refinería Electrolítica de Zinc y la Planta de Cobre, de todas las prestaciones reclamadas, responsabilizando exclusivamente a la organización sindical por la mala gestión de los fondos.
Este caso establece un precedente importante en la defensa de los derechos laborales frente a prácticas opacas de los sindicatos, abriendo la posibilidad de que otros trabajadores exijan rendición de cuentas sobre recursos colectivos no entregados. Asimismo, desnuda uno de los conflictos más longevos en los que participan actores de la Cuarta Transformación.
La 4T también enfrenta conflictos con los trabajadores de la educación. El gobierno de Claudia Sheinbaum emitió un comunicado tras el estancamiento en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En él, se anunció una propuesta centrada en mejorar las pensiones del ISSSTE, que incluye la creación de un Colectivo Interdisciplinario para analizar alternativas al sistema actual, la conformación de comisiones tripartitas para revisar otros problemas y una invitación al magisterio para realizar una consulta en cada escuela para rediseñar las reglas de ingreso y promoción, eliminando la USICAMM.
Aunque el gobierno asegura que las secretarías de Gobernación, Educación y el ISSSTE mantienen abiertas las puertas al diálogo, la CNTE expresó escepticismo, calificando la propuesta de cinco ejes como “pura paja” por no atender sus demandas principales. El punto de mayor fricción es la negativa del gobierno a derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una exigencia histórica del magisterio disidente. La CNTE considera que las medidas propuestas, como congelar la edad de retiro y reducirla progresivamente hasta 2028, son insuficientes y no garantizan una jubilación digna, pues no modifican la ley ni afectan los intereses financieros en juego.
Mientras la dirigencia sindical evalúa la propuesta, miles de docentes han marchado y bloqueado calles en la Ciudad de México, denunciando que el verdadero bloqueo proviene del gobierno, que ha cancelado mesas de diálogo previas y minimizado sus argumentos. Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado su disposición al diálogo, la CNTE sostiene que no existe una voluntad real para atender sus demandas de fondo. Esta ruptura evidencia el distanciamiento persistente entre el magisterio disidente y la actual administración.
@emeequis
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