Zaldívar, lo que se ofrezca

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La Guardia Nacional es una corporación de carácter militar en la que ya no intervienen los civiles. Esa es la realidad, más allá de que la Constitución ordene otra cosa y que haya amparos en contra de continúe el traslado administrativo a la Secretaría de la Defensa.

Por ello es tan importante la discusión que inició en la Suprema Corte de Justicia, donde se definirá si existen ocho ministros dispuestos a terminar con lo que a todas luces es contrario a la legalidad, e inclusive a los acuerdos legislativos que hicieron posible que se creara la Guardia, donde se especificó que al mando de esta institución tendría que estar un civil lo que, por cierto, nunca ocurrió, pero también se determinó que la adscripción sería a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que también dejó de aplicar. 

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El presidente López Obrador quiere que sean los militares los que se ocupen de las tareas relacionadas con la seguridad pública, porque solo confía en los generales y almirantes. Para el mandatario no hay necesidad de retórica y, por ello, señala que devolver el mando a los civiles sería propiciar la corrupción.

Pero en el Pleno de la SCJN la discusión es jurídica y ahí tiene a sus alfiles. Los primeros en dar la cara por el deseo presidencial fueron Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel. 

Argumentan en terrenos resbaladizos, porque saben que para que la triquiñuela funcione, hay que seguir diciendo que la Guardia Nacional es civil.

Para Zaldívar, todos los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar la seguridad desde 1999 resultaron inútiles, porque en ellos participó Genaro García Luna. Es decir, el ministro se suma a la argumentación del presidente de la República sin rubor alguno. Pero el tema no es el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sino la constitucionalidad de lo que está ocurriendo en la actualidad. 

El ministro recurre a un argumento falso, al decir que se pretende negar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, cuando no es así. Nadie, en su sano juicio, pretende que los militares vuelvan a sus cuarteles en este momento, por la sencilla razón de que ya no hay una policía de carácter civil. 

Reprocha a la minoría política por inconformarse, pero sin ella no habría Guardia Nacional, porque no le alcanzaban los votos al bloque mayoritario en el Senado de la República. 

Sostiene que la Guardia Nacional es civil, porque así lo dice el artículo 21 de la Constitución, cuando sabe que la discusión que se está dando es porque justamente es lo que no se respetó nunca. 

Yasmín Esquivel hizo lo previsto. Respaldará cualquier determinación del Poder Ejecutivo. No tiene margen alguno de actuación, porque su propia permanencia en el Pleno está en entredicho, derivado de las dudas que existen sobre su titulación como abogada. Sería más sano que se excusara de participar, pero no lo hará.

Su argumento para sostener que no hay conflicto con el Artículo 21 de la Constitución radica en que ella cree que la estrategia de seguridad se elabora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Esquiva el centro del problema, que es determinar si la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa contraviene a la Constitución. 

Zaldívar y Esquivel tienen en su favor los hechos consumados, porque será cuesta arriba el construir una policía civil, que es lo que se estipula en la ley.  Saben que las presiones para sus colegas serán inmensas y juegan en lograr que dos ministros más los respalden. Su apuesta es sencilla y factible, por desgracia.

Nadie duda que Loretta Ortiz se sumará gustosa a la argumentación de que la Guardia Nacional es civil, aunque sus mandos, integrantes y adscripción sean militares. Irá en contra de su propia trayectoria, pero ese es un lujo del que ya pocos pueden hacer uso. Es más, la duda que hay es si superará a Zaldívar en su alineación al poder presidencial o si se mostrará más recatada. Pronto lo sabremos.

En contraparte, la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte tiene la oportunidad de ejercer su labor de tribunal constitucional para detener lo que, a todas luces, es un fraude a la ley. 

Simbólico, si se quiere, pero indispensable para generar los resortes que permitan corregir el rumbo en algún momento.

@jandradej 

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