Uriel Carmona, el derrumbe de la autonomía

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, tenía los días contados en libertad. El presidente López Obrador y el gobernador Cuauhtémoc Blanco lo querían en la cárcel y ya lo tienen ahí. 

Hace algunos años hicieron lo mismo con el fiscal veracruzano Jorge Winckler, a quien destituyeron y también encarcelaron porque no congeniaba con el mandatario estatal, Cuitláhuac García. 

Son malos precedentes que en realidad lo que hacen es vulnerar a los órganos que procuran justicia y que terminan con una de sus variables más importantes, la independencia. Ese es el meollo del asunto y no los supuestos delitos que pudieron cometer Carmona o Winckler, el primero por obstrucción de la justicia en una indagatoria de feminicidio y el segundo por supuestas omisiones y complicidades en casos de tortura. 

Con Carmona, primero intentaron su destitución en 2022, alegando que no había cumplido con los exámenes de control de confianza que son indispensables para acceder a un cargo de procuración de justicia. Carmona demostró que la propia FGR (entonces PGR) se los había realizado en 2018. 

En la Cámara de Diputados determinaron que Carmona no contaba con fuero y que la FGR podía proceder en su contra. En el Congreso de Morelos se inconformaron y se presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la primera Sala resolvió, hace apenas unos días, que los fiscales estatales sí cuentan con la protección del fuero. 

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En Palacio Nacional se pusieron furiosos y el presidente López Obrador acusó: “desempolvaron un expediente que llevaba un año y medio en archivo, y los ministros, la mayoría, le dan impunidad (a Carmona) resolviendo que solamente puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo”.

Pues sí, de eso se trata el fuero y por ello se pronunciaron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Fajart, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, con el voto en contra de Arturo Zaldívar. 

Cuando hay una instrucción presidencial, aunque sea controvertida, siempre existe el que se anima a ejecutarla, y en este caso fue la fiscal Ernestina Godoy, quien encontró un recoveco en la Constitución de Morelos, que le permitió actuar contra Carmona por delitos relacionados con la investigación del feminicidio en contra de Ariadna Fernanda, ocurrido el año pasado, y que tanta controversia generó por las dispares conclusiones forenses entre los morelenses y los capitalinos. 

La mecánica de la detención es interesante. Participaron elementos de la Marina Armada, agentes de la FGR y de la Fiscalía de la Ciudad de México para cumplimentar una orden de captura.

Carmona buscó la protección de la justicia en los tribunales del Estado, pero le fue imposible tramitar un amparo, porque una amenaza de bomba impidió que se pudieran hacer las solicitudes.

Esto resultó central. Horas después, pero ya en un reclusorio capitalino, obtuvo la más amplia protección para no ser detenido, pero el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México consideró que ya no aplicaba la suspensión, porque se trataba de hechos consumados, y lo sujetó a proceso.

En los próximos meses sabremos todo lo que se rompió para lograr una destitución, porque eso es, en la que el principal beneficiado resultó el gobernador Blanco, quien podrá dormir tranquilo a pesar de las 10 investigaciones que, por delitos graves, hay en su contra. 

Una de ellas, por cierto, relacionada con la animada charla que tuvo con tres de los líderes del crimen organizado en la región: Irving Solano, de Guerreros Unidos; Homero Figueroa, “La Tripa”, del comando Tlahuica, y Raymundo Castro, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pero hay otras relacionadas con el crecimiento patrimonial de los allegados al mandatario morelense.

Lo inquietante, por lo demás, es que el derrumbe de Carmona no significará mejoría alguna en el desastre de la seguridad en el estado, porque todos saben que el problema, en realidad, es estructural, y que los años de Blanco en el poder no han hecho más que profundizarlo. 

El exgobernador Graco Ramírez señaló con claridad que “el fiscal Uriel Carmona fue elegido por todos los partidos en el Congreso. Alcanzó la mayoría calificada. No protegió a nadie (…) Lo que hoy vimos es una violación a la Constitución. No quieren fiscales autónomos”. En efecto, malos días para Morelos. 

@jandradej

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