Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
En el Panteón de San Fernando, más de 40 gatos sobreviven gracias a activistas como Diana Arredondo y su proyecto Catacumberitos. Un cambio administrativo en 2024 limitó su cuidado, causando maltrato y muertes. El abandono de estos felinos refleja una crisis mayor en CDMX, donde el 70% de perros y gatos vive en las calles, buscando refugio en espacios olvidados
Ana Valdez, presidenta de Latino Donor Collaborative, revela que los latinos generan 3.6 billones de dólares al PIB, por lo que las deportaciones masivas son una mala idea de Trump.
La creciente inseguridad en Sinaloa, intensificada tras la detención de “El Chapo” Guzmán, afecta gravemente la salud mental de los sinaloenses. La violencia cotidiana genera desesperanza, ansiedad y miedo, impactando la vida social y familiar. Los ciudadanos perciben al gobierno estatal como incapaz de controlar la crisis
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
Proselitismo desde la mañanera: El Tribunal Electoral, corrigiendo al INE, está implementado una tutela preventiva para evitar que se viole la equidad, debido a las constantes intervenciones del presidente.
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
EMEEQUIS.–El presidente López Obrador está interviniendo en las contiendas de Coahuila y el Estado de México. Lo hace desde su conferencia mañanera y por ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo llamó a abstenerse de realizar llamamientos al voto.
Esta situación es recurrente y ya implicó otras tres sentencias al respecto. La primera de ellas fue en 2021 y las otras dos en este año, a la que hay que sumar, por supuesto, la que apenas se aprobó hace unos días en la Sala Superior.
Pero la más reciente determinación de la autoridad electoral, la Sup-REP-114/ 2023 es especialmente relevante, porque pone límites sobre la elección presidencial del 2024.
Los días 9 y 11 de mayo de este año, el titular del Ejecutivo estaba furioso con la resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales las reformas a la ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que precisamente se refieren a los límites en la libertad de expresión de los funcionarios.
La mayoría de Morena y sus partidos aliados aprobaron, violando el procedimiento legislativo, ajustes que en lo fundamental implicaban un cambio en el modelo de comunicación política que se implementó después de 2006 y justamente por las quejas de los partidos que respaldaron al actual mandatario en aquella contienda.
El objetivo de esas disposiciones que se agrupan dentro de lo que se conoce como Plan B era el de permitir el proselitismo en todo momento.
Si los ministros no hubieran puesto un alto, el presidente López Obrador podría dedicarse a realizar campaña desde Palacio Nacional y en horario laboral sin que nadie lo reconviniera por ello.
De todas formas, lo hace, es verdad, pero la ley lo prohíbe. Se dirá que de poco sirve en un contexto de rebeldía, pero sería peor de habérsele ratificado la carta blanca para comportarse como jefe de campaña en lugar de someterse a la neutralidad que exige el desarrollo de las disputas por el poder político para quienes ostentan altos cargos en los gobiernos.
El Tribunal Electoral, corrigiendo al INE, está implementado una tutela preventiva para evitar que se viole la equidad que debe prevalecer en una competencia democrática y que pueden causar daños irreparables.
Estamos en temporada electoral y están en disputa dos gubernaturas y hacer llamados al voto por el proyecto de la 4T y de paso advirtiendo que con ello se evitará que se cancelen los programas sociales y se impedirá que retornen “los corruptos” es propaganda en todo el sentido de la palabra.
Si bien el presidente López Obrador a lo que se refirió es a la obtención de una mayoría suficiente para poder modificar la Constitución a su antojo en el 2024, es evidente para cualquiera, con excepción de la Comisión de Quejas del INE, que esto puede incidir en el voto el próximo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México.
¿Qué tanto puede influir el presidente de la República? Eso no lo sabemos con certeza, pero recordemos que uno de los focos rojos sobre la calidad de la elección del 2006 fue justamente la participación discursiva del entonces mandatario Vicente Fox. En el expediente de calificación que se emitió en su momento, hay señalamientos más que específicos al respecto.
Algo es seguro, si no se siguen estableciendo límites, poniendo contenciones a una intromisión indebida en los procesos de elección, las cosas se saldrán de su cauce con todo lo que ello puede implicar en términos de gobernabilidad democrática.
Otro aspecto que se tendrá que analizar y ponderar, son los mensajes que inducen al miedo sobre la pérdida de apoyos económicos de corte social, como consecuencia de no respaldar a la 4T. Es vergonzoso que provengan de quienes sustentaron toda una trayectoria política denunciando la indebida utilización de los recursos públicos para obtener el voto.
Es muy delicado que sean servidores públicos los que estén esquivando la legalidad y que lo hagan con la certeza de que nadie los podrá sancionar. Insisto, en ese contexto es en el que hay que valorar el proyecto aprobado de la magistrada Janine Otálora, que a fin de cuentas de lo que se está ocupando es de atajar problemas y despejar nubarrones antes de que sea demasiado tarde.
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
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Ana Valdez, presidenta de Latino Donor Collaborative, revela que los latinos generan 3.6 billones de dólares al PIB, por lo que las deportaciones masivas son una mala idea de Trump.
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