OPINIÓN 51. AMLO y el Poder Legislativo en los tiempos del cólera y contra la transparencia

EMEEQUIS.– Para la periodista Itzel Castañares, los intentos por modificar el medio digital, el acceso a transparencia y los datos personales “suponen un riesgo latente de censura, de bloqueo para acceder a información pública y, también, de ver vulnerada la privacidad,” estas acciones dan acceso directo a una autoridad al “dominio de información personal privada y datos biométricos”, de acuerdo con su columna en Opinión 51.

La cortina que lo ampara es el control por parte del estado “sin que haya claridad en cómo se van a garantizar los derechos, desde el acceso y manejo de los datos en Registros Civiles o en la famosa red social, hasta en cómo se garantizaría el acceso a información de interés público que está en manos de los sujetos obligados”, menciona la periodista. 

Castañares recuerda que en el más reciente informe Anual sobre prácticas de Derechos Humanos, Estados Unidos informó sobre la existencia de “problemas significativos” ante la falta de libertad de expresión para la ciudadanía y los medios de comunicación en México. 

Esta llamada de atención surge después del “hackeo cibernético por parte del colectivo Guacamaya” que develó información sobre el Ejército, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos e, incluso, la Lotería Nacional.

Para la autora, esto deja en evidencia “la vulnerabilidad de la infraestructura cibernética en las dependencias del gobierno” que implica la pérdida de información sensible y la obtención de “información de interés público que quería ocultarse a toda costa para evitar la rendición de cuentas gubernamental”. 

Los casos de espionaje a la población civil, incluidos activistas y periodistas, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se suma a la presión ocurrida y que incluso, alcanzó a Alejandro Encinas, actual subsecretario de derechos Humanos y, quien es considerado cercano al presidente. 

Dentro de estas circunstancias, también se suma el cierre definitivo de la agencia de noticias de México, Notimex “que debió ser fuente de información para la sociedad, pero se convirtió en un instrumento para atacar a periodistas”.  Su cierre definitivo se da después de tres años en huelga y un presupuesto de 237.6 millones de pesos.

Todas estas circunstancias ocurren dentro de “un constante ataque por parte del presidente en sus conferencias matutinas, donde día con día descalifica el trabajo periodístico” menciona la autora, y agrega que el presidente llega al extremo de crear una sección “Quién es quién en las mentiras” y utilizarla para descalificar “a aquellos medios o periodistas que cuestionan su gobierno, un hecho que ha sido criticado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. 

Castañares menciona que dentro de las acciones del presidente hay remates como “propuestas desde la academia por parte de cercanos al presidente” y coloca como ejemplo “un decálogo sobre derechos digitales que se desprende de un programa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) liderado por John Ackerman” a quien considera cercano a la Cuarta Transformación. 

REVÉS A LOS DATOS PERSONALES 

Itzel Castañares menciona que la creación de una red social mexicana únicamente quedó en una idea del presidente y la desaparición del INAI no es algo concreto, pero “la maquinaria legislativa, principalmente morenista, ‘revivió’ al Panaut en una nueva ley, cuya tutela recae en la Secretaría de Gobernación”.

La necesidad de comprender el origen y fin del Panaut, la cual se puede comprender como una versión moderna del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) el cual surgió en “pos de la seguridad nacional bajo el argumento de prevenir y evitar delitos” y “con la finalidad de recabar los datos personales y biométricos como reconocimiento facial, iris y huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil en el país”.

Sin embargo, pese a que el padrón fue avalado por el Congreso, el rechazo a la iniciativa y las solicitudes de amparos “así como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la máxima autoridad judicial derivó en una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” y los ministros decidieron desechar la propuesta pues identificaron “varias afectaciones a la privacidad y protección de datos de los usuarios”.

Pese a ello, Castañares menciona que “en marzo de este año, la creación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles dio un revés a la negativa del Panaut pues, con esta nueva normativa, se establece la recopilación de los datos biométricos de la población, aunque sin especificar cuáles son y bajo la advertencia de que la ley sancionará a quien acceda al Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) sin autorización o que filtre datos confidenciales”. 

Michel Hernández, en palabras de la autora menciona que el “Estado mexicano es quien debe proteger la privacidad de los ciudadanos y no interferir en ella bajo la justificación no fundamentada de proteger la seguridad” por lo cual no debe tener “más orden en los registros civiles a nivel nacional, tal como lo establece la nueva ley”. 

 DECÁLOGO CON ‘PEROS’

En su columna Itzel Castañares también nombra al “Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales”, el cual tiene como meta “evolucionar a iniciativas de ley y cuyos objetivos radican en proteger la libertad de expresión, dar herramientas a los internautas y limitar el alcance de las grandes redes sociales a los datos de los usuarios”. 

El decálogo fue desarrollado por Tlatelolco Lab, la unidad del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y que fue liderado por Ackerman, personaje cercano al presidente.

Diversos legisladores, académicos y representantes de organizaciones civiles advirtieron también riesgos a la libertad de expresión y al tratamiento de datos personales, principalmente, de escalar el contenido a iniciativas de ley tal y como está ahora estructurado, sin una discusión previa y sin considerar a voces interesadas”. 

Esto con el fin de evitar censura previa y de que el Estado “asuma el control de la información y sea quien determine qué y que no es veraz”. 

La abogada especialista en telecomunicaciones y entorno digital, Irene Levy, también fue entrevistada por la columnista. La especialista mencionó que “una de las alertas que enciende el decálogo es la redacción del mismo, al tener una carga ideológica alineada a la 4T” lo que “podría desacreditar la imparcialidad de la propuesta”. 

En la siguiente entrega para Opinión 51, la periodista Itzel Castañares revisará los pendientes en ciberseguridad, la estrategia digital y el papel del legislativo en estos temas.

@emeequis

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