Mentiras y equívocos sobre la Corte

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Las mentiras forman parte del ADN del populismo. Se les utiliza de modo cotidiano para presionar a los adversarios, pero a veces se llega al absurdo.

Es el caso de los ataques que está padeciendo el Poder Judicial a raíz de que la Suprema Corte nulificó la primera parte del Plan B. 

En medios oficiales se afirma que el rechazo de los ministros a las reformas de la ley de comunicación social, que permitiría que los servidores públicos realizaran campaña, se debió a que los ministros en realidad quieren mantener sus supuestos privilegios. 

Inclusive en el Canal Once se difundió una pieza bastante lamentable en la que se hablaba de los 40 privilegios de los ministros y se les llamó “secuestradores de la justicia”. Todo viene del propio discurso presidencial, pero se potencian las distorsiones y los equívocos. 

Es increíble el nivel de degradación al que están llegando espacios que en otro tiempo fueron ejemplo de profesionalismo y de ética periodística. 

Pero esto se inscribe en la serie de ataques a la ministra Norma Piña donde se llegó al absurdo de señalar que el premio que recibió, en materia de Derechos Humanos, de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces “era patito” y que “se podía conseguir en Santo Domingo”, afirmación en la que no coincide nadie enterado y mucho menos otras galardonadas como, Berta Wilson, primera jueza de la Corte Suprema de Canadá, Navanethem Pillay, jurista sudafricana y Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Carmen Argibay, de la Suprema Corte de Argentina y Silvia Cartwrigth, gobernadora general de Nueva Zelanda, entre otras personalidades. 

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Es más, la distinción es una muestra de que sí existe una valoración del papel de las mujeres juzgadoras y de los desafíos que enfrentan en países como México, donde todavía impera la misoginia. 

Los estrategas de estas campañas de erosión saben que están mintiendo, porque en la Suprema Corte no se decidió nada que tuviera que ver con las percepciones de los ministros o de los consejeros del INE y más bien rechazaron la reforma por el enorme descuido en las prácticas parlamentarias. Es más, ni siquiera se discutió el fondo del asunto, que también tenía problemas de carácter constitucional.  

Pero el tema del dinero que tiene la Suprema Corte y en particular los fideicomisos están siendo utilizado para denostar y presionar. Se está siguiendo un esquema similar al que se utilizó contra el INE, sembrando dudas sobre la utilización de los presupuestos.

La supuesta austeridad es una especie de ariete con la que se quiere desmontar todo lo que no converge con los intereses de la 4T. 

Por ello se utiliza la comparación de salarios entre el presidente de la República y los ministros, cuando lo que debiera hacerse es un contraste de las percepciones y ahí se vería que en Palacio Nacional no ganan poco y que en la Corte no reciben tanto como se afirma. 

El presidente López Obrador recibe 174 mil pesos mensuales, pero a ello hay que añadir que cuenta con alimento, alojamiento y diversos servicios. En los hechos no tiene que gastar un solo peso si no quiere. 

Los ministros tienen un salario de 297 mil pesos y diversas prestaciones, pero no se comparan con las del primer mandatario y 

no está mal que así sea. 

Hay una buena cuota de hipocresía en el tema, pero funciona muy bien cuando de lo que se trata de denostar. 

Y, por supuesto, tiene sentido desde la óptica de la propagandística, ya que se juega con la idea de que a la gente le gusta que sean exhibidos los ingresos de los jueces, ya que hay la creencia de que son estratosféricos y fuera de la realidad.

A estas alturas está claro que el objetivo es que el Poder Judicial deje de estorbar a los cambios que impulsa la 4T y por ello están promoviendo que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya anunció una consulta popular para que la gente decida si quiere que se avance por ese camino. 

Es poco probable que prospere una idea semejante, y de todas formas requeriría de cambios a la Constitución, pero ahí está el amago, que no hará sino extenderse en el corto plazo.

@jandradej 

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