Manuel Bartlett, cliente de la mina

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El mejor cliente de la Compañía Minera El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, es Manuel Bartlett. Sí, en los últimos dos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha entregado contratos de compra de carbón por 33 millones en 2021 y 41 millones en 2022, de acuerdo Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos.

Esa empresa es la responsable del pocito en el que quedaron atrapados los 10 mineros. 

Esto es grave y es probable que la CFE trate de escabullirse, porque los negocios del carbón son bastante sombríos y permiten diversas coartadas con las que siempre pierden los trabajadores.  

Es más, la minería ilegal funciona porque venden a las empresas establecidas para que ellas lleguen al comprador más importante y poderoso: la CFE. 

Es una bomba de tiempo, ya que la empresa eléctrica adquiere alrededor de dos millones de toneladas de carbón entre unos 60 pequeños productores, los que difícilmente cumplen con las normas para evitar accidentes. 

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Pero al margen del curso que tomen las indagatorias, los servidores públicos tienen la obligación de cerciorarse que sus proveedores cumplan con las normatividades respectivas. En el caso de las minas hay que hacerlo, sobre todo, en lo que respecta a la seguridad de sus trabajadores. 

En la región carbonífera todos saben quién es quién y de ahí que se tenga una idea bastante certera de cuáles son los lugares más riesgosos para trabajar. El pozo de Pinabete, evidentemente, es uno de ellos.

Los funcionarios de la CFE tienen claridad respecto a cuáles son los jugadores en lo que a la extracción de carbón se refiere. Es un aspecto delicado, porque además de las negligencias que generan diversos percances, hay que sumar a las actividades clandestinas ligadas a la criminalidad.   

Por más piruetas que se hagan para tratar de responsabilizar a personajes del pasado, más valdría que se concentren en el presente y que se ocupen de resolver la situación.  

Hay como hacerlo. Hace años existía el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, que dependía de la Secretaría de Economía y que se ideó, desde 2013, para mejorar las condiciones de vida en las comunidades que se dedican a esas actividades. 

Pero la Auditoría Superior de la Federación descubrió, en sus revisiones de 2019, que no hay modo de saber si los recursos se utilizaron de la manera adecuada. Pero además, ese año no se suscribió ningún convenio para realizar obras de infraestructura, porque estaban, en el gobierno de la República, en medio de la grilla para desaparecer los fideicomisos, aun cuando se contaba con presupuesto para ello.  Así se reveló en la respectiva auditoría de desempeño. 

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Lo peor, sin embargo, es que el Fondo Minero cayó en el listado destructivo de 2020, con el que 109 fideicomisos desaparecieron.  Una tristeza, porque con esa herramienta se logró ejercer, entre 2014 y 2018, 22 mil millones de pesos que beneficiaron a 28 entidades federativas. La Cámara de la Industria Minera advirtió, en su momento, de los riesgos que iba implicar esa determinación.  

En el mundo, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, mueren unas mil 200 personas al año en accidentes mineros. Esta actividad emplea el uno por ciento de la fuerza laboral, pero genera el 8 por ciento de los percances. 

COAHUILA, LOS NUBARRONES PARA 2023

La tragedia minera estará presente en la contienda por la gubernatura el próximo año. Una vez que concluyan las tareas de rescate, arreciarán las estrategias para tratar de trasladar los negativos a diversos actores políticos. 

Lo pueden resentir los aspirantes, aunque no tengan una vela directa en el entierro.

Por lo pronto, en Morena se perfila una batalla entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía. El senador está pasando una situación difícil, porque sus negocios mineros pueden ser la puerta para revisiones y ataques, mientras el subsecretario de Seguridad, en los hechos acaba de ser degradado, aunque sea de modo virtual, por la propuesta del presidente López Obrador de trasladar, de modo ya definitivo, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. 

En el PRI aventaja Manolo Jiménez, el secretario de Desarrollo Social, quien cuenta con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme. Pero no hay que perder de vista al diputado Jericó Abramo, quien fue alcalde de Saltillo y tiene un trabajo político en tierra desde hace ya años. 

Por el PAN busca posicionarse Guillermo Anaya, quien ya en dos ocasiones contendió por esa posición.

Los priístas están buscando ir en alianza con el PAN y el PRD, pero todo está sujeto a lo que ocurra en el Estado de México, donde todo empieza a complicarse. 

@jandradej