Los generales y la política

 CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anda muy interesado en posicionar la idea de que un militar podría contender por la presidencia de la República. 

El responsable de la política interna señala que no hay impedimento legal alguno y tiene razón, aunque existen las salvedades del caso y la necesidad de que no se encuentre el soldado en servicio activo, por lo menos seis meses antes de una contienda, como se señala en el Artículo 82 de la Constitución. 

Pero también hay objeciones de carácter histórico, con lo que pueden o no pueden implicar. 

Es probable que los dichos de López Hernández solo sean bolas de humo para desviar la atención de otros asuntos de su competencia, pero por ser quien es, las aguas se revuelven y hay que poner atención. 

Nada indica que el general Luis Cresencio Sandoval quiera aventurarse en los pantanosos caminos de la política. El Ejército tiene la suficiente memoria histórica, como para saber que su conformación actual respondió, justamente, a la necesidad de alejarlos de la grilla, para concentrarlos en los cuarteles.  

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Además, quién sabe cómo le iría al someterse a las urnas porque, para llegar a ese momento, habría tenido que inmiscuirse en el juego de los partidos, de sus intereses y proyectos. Para el Ejército tampoco sería provechoso, porque una de las salvaguardas más relevantes, es que no están sujetos a los vaivenes de los sexenios. 

Por eso ningún general ha llegado a la presidencia de la República desde Manuel Ávila Camacho, quien abrió la puerta a los civiles, tras una ardua tarea de pacificación e institucionalización de la vida pública, luego del periodo de la Revolución Mexicana. 

Es más, ese es uno de los logros más celebrados, porque se finalizó con disputas al interior del régimen que se dirimían a balazos, como ocurrió con los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, a quienes asesinaron por aspirar a la presidencia de la República y oponerse a la reelección de Álvaro Obregón.  

Esto no quiere decir que militares no hayan aspirado el poder político posteriormente a la edificación de las estructuras civiles y de sus procedimientos de acceso y permanencia en el poder.

Alfonso Corona del Rosal hizo la carrera de las armas, pero se perfiló para puestos burocráticos que lo llevaron a gobernar Hidalgo y a presidir el PRI durante todo el mandato de Miguel Alemán Valdés, posición que lo acercó a Gustavo Díaz Ordaz, quien lo designó jefe del Departamento del Distrito Federal en 1966, donde intentó posicionarse para suceder al presidente de la República. El intento le salió muy mal porque se topó con Luis Echeverría y con los sucesos de Tlatelolco en 1968. 

Otro ejemplo destacado, lo fue el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) escaló peldaños, llegando a la gubernatura de Veracruz, para en su momento despachar en el Palacio de Covián, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari, lo que lo colocó, de inmediato, como un serio aspirante al relevo. Tampoco le sonrió la suerte.

Para Gutiérrez Barrios siempre resultó problemático el sacudirse el polvo que quedó en su biografía la DFS, los excesos y las guerras que se debieron librar, en no pocas ocasiones al margen de la propia legalidad. 

El general Absalón Castellanos despachó en el palacio de gobierno de Chiapas y el también general Jorge Carrillo Olea hizo lo propio en Morelos. 

Lo que sí hay que tener presente, es que, en la actualidad, los militares cuentan con una presencia pública como no la habían tenido desde el proceso revolucionario. Cada día tienen más responsabilidades y muchas de ellas de carácter civil, como la construcción de aeropuertos y ferrocarriles. 

Las Fuerzas Armadas han mantenido altos niveles de reconocimiento, pese a la dura batalla que han tenido que librar contra la delincuencia desde el 2006. Son décadas de asumir responsabilidades que no son las que mandata la Constitución, pero que se volvieron indispensables por el contexto específico de la violencia y del poder de fuego de los bandidos. 

Ahora mismo, y aunque la ley esté congelada judicialmente, son responsables absolutos de la Guardia Nacional, que de civil solo tiene lo que todavía garantiza la Constitución. Bastante problemas tienen, como para buscarse más.

@jandradej 

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