Las brumas perennes de Ayotzinapa

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain, integrantes del GIEI, dieron por concluida su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Durante ocho años participaron, difundieron informes y realizaron recomendaciones. 

Se toparon con el muro de granito de las Fuerzas Armadas. Era predecible, porque los soldados y los marinos suelen ser reacios a compartir información con civiles y los son aún más en un asunto tan abigarrado como lo es el expediente Ayotzinapa. 

Para el GIEI hay una evidente falta de disposición de los mandos militares para terminar de abrir archivos que consideran indispensables para clarificar los hechos. Lo que averiguaron, sin embargo, les dio pie para señalar que en la noche de Iguala participaron los propios soldados, pero también agentes del CISEN.

En general, a lo que se refieren, es que existió presencia de las autoridades en diversos momentos y que ninguna corporación hizo algo para localizar a los muchachos durante las primeras horas de lo ocurrido.  

Por ejemplo, señalan que un integrante del área de inteligencia del gobierno presenció los hechos, pero que tuvo que alejarse debido a que recibió amenazas de policías municipales. Buitrago y Beristain suponen que el espía pudo hacer más y creen que la captación en tiempo real de la información llega de inmediato a los cuadros de mando. Quién sabe si eso sea posible, pero tienen razón en lo que respecta a que el CNI debería mostrar las evaluaciones de riesgo que seguramente se elaboraron en aquellas horas tan complejas. 

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A estas alturas, hay elementos para pensar que nunca se hizo el trabajo de inteligencia adecuado y que ello es lo que derivó en que no se actuara con la oportunidad debida. 

Por ejemplo, el 3 de mayo de 2014, el gobernador Ángel Aguirre propuso desarmar a los policías de Iguala. Eso quedó consignado en las bitácoras del Grupo de Coordinación Guerrero Seguro. No le hicieron caso alguno. 

De ahí que, enfurecido, Aguirre haya sentenciado el 28 de septiembre, ante una concurrencia de mandos estatales y federales, que “todo esto no hubiera sucedido si la SEIDO hubiera actuado antes contra José Luis Abarca”, el alcalde.

En efecto, un misterio no esclarecido o quizá una constatación del enorme poder que tenían los criminales ya en funciones de gobierno, y que apenas se consigna en el informe final del GIEI. 

En lo que sí hacen énfasis, es en las torturas practicadas a uno de los sicarios de los Guerreros Unidos y en las que presuntamente participaron elementos de la PGR, la Marina Armada y el propio CISEN. 

Buitrago y Beristain nunca congeniaron con la hipótesis de la verdad histórica y se empeñaron en buscar explicaciones alternativas sin mayor éxito, porque inclusive para ellos hay un tema central: los jóvenes normalistas fueron secuestrados por policías municipales, los entregaron a sicarios de los Guerreros Unidos, los asesinaron y desaparecieron sus restos. 

Su diferencia mayor consistió en los hallazgos en el Río San Juan, donde se descubrieron restos humanos que permitieron la identificación de uno de los normalistas. Para Buitrago y Beristain todo lo indagado en esas aguas es ilegal, ya que, a su juicio, se actuó al margen de los protocolos que deben imperar en una indagatoria de ese tipo. 

Inclusive, en su último informe, revelan que elementos de la Marina Armada estuvieron un día antes que la PGR en el lugar y que realizaron actividades sospechosas.

Quizá por ello el GIEI hizo tanto énfasis no sobre los responsables directos de uno de los crímenes más salvajes de la historia reciente, sino en las torpezas, negligencias, omisiones y complicidades de las áreas de seguridad y de procuración de justicia del estado mexicano.   

Es decir, acusan a exfuncionarios por lo que no hicieron, ya que, desde su perspectiva, se puedo actuar para evitar el macabro desenlace que conocemos. 

Esta conjetura es la que hizo imposible su continuidad en las investigaciones, porque por ahí no avanzarán ya mucho. En el actual gobierno no permitirán que se maltrate a las Fuerzas Armadas. Es una cuestión estratégica.

De ahí que el GIEI, si lo que quiere es establecer el mapa del desastre de la seguridad y la justicia, antes y ahora, tendrá que hacerlo en otro lado. 

Las brumas sobre el caso Ayotzinapa prevalecerán y más aún si se empeñan en sepultar la única verdad que se ha probado, por deficiente y débil que sea. 

@jandradej

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