La rebelión de los trabajadores judiciales

Si hay que hacer cambios en el Poder Judicial, estos deben provenir de diagnósticos adecuados, no de caprichos y ocurrencias, por eso hay que destacar la dignidad de los trabajadores.

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CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Los trabajadores del Poder Judicial no parecen dispuestos a dejar pasar la bola envenenada de la extinción de los fideicomisos sin dar la pelea. 

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial se movilizó y dejó en claro que sus derechos laborales están en riesgo. 

Es de algún modo inusitado que se haya activado una inconformidad de alcances todavía inciertos en un sector que suele ser recatado y silencioso. En los tribunales y juzgados prefieren la discreción, pero algo cambió.

Los trabajadores sindicalizados, hay que decirlo, son los que ocupan las plazas de menor jerarquía, y por ello son también los que pueden ser más perjudicados ante la cancelación de diversos instrumentos financieros que permiten que en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se cumpla con los compromisos laborales. 

El presidente López Obrador considera que quienes han manifestado inconformidad, están siendo manipulados, pero aprovechando el viaje para señalar que le da igual que hagan paros de labores, ya que no trabajan, según él. 

Leña al fuego, en un ambiente delicado y en el que una de sus variables es el cansancio que ya se percibe en las oficinas del Poder Judicial, ante las cotidianas ofensas y descalificaciones a las que son sometidos, sobre todo cuando alguna resolución es contraria a los deseos del titular del Ejecutivo. 

Insisto, el titular del Ejecutivo desconoce lo que se hace en los tribunales, las horas invertidas, la resiliencia a condiciones políticas adversas, los riesgos que implica administrar justicia. 

En Palacio Nacional no dejarán de descalificar a ministros, magistrados, jueces y funcionarios judiciales, porque la estrategia es justamente la de desgaste, para ir minando la fortaleza de sus integrantes.

Pero esta vez la correlación puede variar por dos factores: es la recta final del sexenio y son cada vez más quienes han dejado de tener miedo y ahora sí denuncian, ya no se quedan en silencio para no ser atacados. 

Gisela Morales, la oficial mayor de la SCJN, estuvo en la Cámara de Diputados, donde defendió las necesidades presupuestales para el 2024, entre ellas los requerimientos para la construcción de 22 tribunales que son indispensables en la implementación de la Reforma Laboral, así como la puesta en marcha de seis centros de justicia. 

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Detalló que en el Poder Judicial no hay guardaditos y recordó que tan solo en 2022 se reintegraron por subejercicios, 2 mil 895 millones de pesos a la Tesorería de la Nación.  

La funcionaria de la Corte exhibió a los diputados morenistas al mostrarles que las gratificaciones de fin de año, que ahora tan escandalosas y reprobables les parecen, son las mismas que se reciben en las dependencias del Ejecutivo e inclusive en los órganos legislativos. 

En el Poder Judicial ya están curados de espanto. En 2018, antes de la toma de posesión del presidente López Obrador en diciembre, se realizaron ajustes en las percepciones del personal, reduciendo plazas y cancelando bonos.

Fue una ofrenda que trataron de ofrecer a la 4T como un signo de que se acoplaban a los nuevos tiempos, aunque pronto se dieron cuenta que en realidad se encontraban en una suerte de vuelta a un pasado arcaico. 

En Palacio Nacional el gesto de acoplar las percepciones no les importó ni un comino, porque los ataques al Poder Judicial son de un calado profundo, donde lo que se pretende es impulsar un modelo distinto de justicia, no sujeto a equilibrios y controlado por los políticos.

En el Poder Judicial harían bien en defender y ponderar sobre la calidad y preparación de quienes lo integran. Prestaciones y salarios, a lo largo de las últimas décadas, han tenido que ver con la habilitación de servidores públicos especializados. 

Las llamadas burocracias doradas no son tales, aunque hay que reconocer el esfuerzo que ha significado para sus integrantes el estar dónde están. 

Degradar el servicio público no es una idea correcta, es más, es contraria a la lógica más elemental y, sobre todo, en un país corroído por la violencia y con altos niveles de impunidad. 

Si hay que hacer cambios en el Poder Judicial, estos deben provenir de diagnósticos adecuados, no de caprichos y ocurrencias. Por eso hay que destacar la dignidad de los trabajadores de la judicatura, diciendo ¡ya no!, a tanta barbaridad y majadería. 

@jandradej

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