La bóveda infranqueable de los archivos de la represión

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Tienen un enredo monumental con el pasado. Incluyen en los libros de texto gratuito versiones tergiversadas del papel de la Liga 23 de Septiembre, pero impiden que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) haga su trabajo al negarles la consulta de los archivos del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN). 

Así lo denunciaron Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, quienes son los encargados de que los trabajos sobre lo que ocurrió en un periodo por demás complejo de la vida del país vean la luz pública. 

Desde hace unos meses se conocía que los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) eran un desastre en el Archivo General de la Nación. Recortaron recursos, trasladaron a los funcionarios que conocían la materia y optaron por becarios para ahorrar recursos. Las consecuencias están a la vista. 

Hay documentos que ya no se encuentran, fichas policiales que se desvanecieron y perfiles que revelan los niveles del espionaje contra ciudadanos opositores al viejo régimen.

Pero al parecer, lo que también existe, es la determinación de que ya no se esclarezca nada, que los años setenta y su guerra sucia corran por los senderos de la mitología izquierdista, mientras no dañen alianzas del presente, y que la investigación del pasado simplemente no se haga. 

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Es cómoda la denuncia genérica sobre las malas prácticas de las autoridades, sobre todo en los años sesenta y setenta, pero quizá ya no se considera oportuno que se muestren los esfuerzos que se hicieron para constituir un área de inteligencia acorde a las necesidades de un país que optó por un sistema de partidos y democrático. 

El paso entre la DFS y el CISEN es casi como la diferencia entre los primeros planeadores y los cohetes y naves que hicieron posible que el hombre llegara a la Luna. 

Se dejaron atrás los archivos que contenían historias turbias, susceptibles de ser utilizadas como método de extorsión para concentrarse en una agenda documentada sobre los riesgos a la seguridad nacional. 

Quizá justamente en ello anide la falta de voluntad para proporcionar una apertura cabal de la documentación recabada a lo largo de décadas, porque las turbiedades del pasado son más que claras en los periodos presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, pero las cosas empezaron a cambiar desde el periodo de Miguel de la Madrid en Los Pinos, aunque no sin dificultades, donde el general Jorge Carrillo Olea se tuvo que imponer a las visiones arcaicas de Manuel Bartlett y a la protección que éste le brindaba a la DFS.  

La CNI está violando, de un solo golpe, un acuerdo y un decreto presidencial, la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia. 

Al parecer al general Audomaro Martínez, el jefe del aparato de inteligencia del Estado mexicano, no le han explicado las implicaciones que puede tener la obstrucción de una Comisión de la Verdad que tiene el mandato de esclarecer historias relacionadas con los derechos humanos, les que no pueden ser clasificadas como reservadas o de seguridad nacional. 

La Comisión que, por mandato presidencial, está indagando hechos que pudieran ser violatorios de los derechos humanos entre 1965 y 1990 sólo ha recibido el expediente sobre el asesinato de Manuel Buendía en 1985. 

Es más, en la CNI sostienen que es el único documento con que cuentan sobre violaciones a los derechos humanos. Es evidente que 

El MEH no puede depender de semejantes criterios que, por lo demás, no tienen ningún sentido. 

En efecto, si serán las áreas del CNI las que determinen el valor histórico de los documentos y la pertinencia de su publicidad, ya podemos dar por cancelada, y de antemano, conocer y profundizar en lo sucedido en aquellos años.

En teoría, el acuerdo presidencial del 2019 obliga a la CNI a entregar de forma anual los respectivos legajos. En 2020 se debieron trasladar los archivos de 1986 a 1990; en 2021, los de 1991 a 1995; en 2022, los de 1996 a 2000 y en 2023 los de 2001 a 2004. Esto no ha ocurrido y probablemente no ocurrirá y en 13 meses el MEH tiene que entregar su informe. 

¿Por qué no obedecen en el CNI al presidente de la República? ¿O en realidad sí lo están haciendo al no trasladar las bases documentales? Pronto tendremos respuesta.

@jandradej

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