Encinas, la disyuntiva de usar teléfono

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Debe ser inquietante para Alejandro Encinas saber que lo espiaron y constatar que no se hará nada al respecto. Es subsecretario de Gobernación y la sola noticia de que su teléfono celular fue captado por medio de Pegasus, debiera ser suficiente para iniciar una investigación exhaustiva al respecto. Es más, debería ser un escándalo. 

En principio, las sospechas se dirigieron a los militares, porque ellos cuentan con el equipo respectivo, que es Pegasus. Hace unos meses se aceptó que hacen tareas de vigilancia, inclusive sobre defensores de derechos humanos, al menos entre 2019 y 2022, pero se remarcó que se trata de trabajo de inteligencia. Es decir, lo que antes se hacía sí era espionaje, pero desde la llegada de la 4T ya es otra situación. 

El presidente López Obrador ya dijo que ellos, los militares, no espían a nadie y que en su gobierno hay la instrucción de que no se haga y que Encinas no tiene de que preocuparse. Asunto cerrado. El problema es que sí ocurrió y ello lo pudo certificar el The Citizen Lab  y un reportaje en The New York Times. 

Hay algo fascinante en las historias paralelas. Gustavo Petro, el presidente colombiano, acaba de correr a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, por una trama de interrogatorios y escuchas ilegales.

Resulta que a Sarabia se le perdieron 4 mil dólares en su vivienda, y decidió indagar a la nana de sus hijos, Marelbys Meza, quien también trabaja para la familia del ahora exdiplomático. A la mujer le aplicaron hasta el polígrafo durante los interrogatorios a los que se le sometió en los sótanos de la sede de la presidencia, sus teléfonos fueron intervenidos con justificaciones engañosas de la policía. 

En Colombia el asunto sí es un escándalo, porque “las chuzadas” como le llaman a la intervención de los teléfonos, han causado más de un desaguisado. 

Petro ha dicho: “este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, jueces, de periodistas o de opositores”.

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Pero alguien lo hizo y ese siempre es el problema, donde vale la pena dilucidar si son ya maquinarias que funcionan con una suerte de autonomía, más allá de que la motivación sea encontrar con urgencia el dinero, o hacerse de información de interés, con todo lo que ello implica.

Lo de Encinas es mucho más grave, por supuesto, porque detrás de la vigilancia puede existir el intento de boicotear el trabajo de uno de los pocos servidores públicos que sigue defendiendo una perspectiva de derechos humanos desde el ejercicio del cargo. 

Pegasus solo puede ser adquirido por agencias de gobierno y en nuestro país está en poder del Ejército. Esto no quiere decir que, por necesidad, sean los militares los que estén indagando al principal responsable de esclarecer dos temas fundamentales: la memoria sobre violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990, y lo que se refiere a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  

Más de un grupo debe de estar interesado en la información que está en poder de Encinas, pero sobre todo en las ideas que se va formando con lo que pudo o no pudo ocurrir en aquellos hechos tan lamentables. Si se analiza con cuidado, se puede establecer un parámetro que pueda conducir a los responsables, lo que daría tranquilidad y certeza de que esas prácticas ya no se realizarán y que, si se hace, tendrán consecuencias. 

Lo curioso es el desparpajo con el que se toman las cosas. Si en realidad es un gobierno que no espía, deberían demostrarlo llegando a las últimas consecuencias respecto a quien sí lo hizo y en contra de uno de ellos. 

Mientras tanto, habría que seguir un consejo que me dio, hace ya varios años, un experimentado funcionario del CISEN. 

–Andrade –me dijo– sí existe un programa infalible contra las escuchas telefónicas, es difícil de asumir, pero da resultados. No diga usted nada relevante en una llamada, es más, no use el teléfono y asunto arreglado.

Radical solución para quienes la requieran, pero funcional inclusive en el país en que el gobierno dice que ya no espía, pero nos deja ante el espanto de dilucidar quienes sí lo hacen y por cuáles motivos. 

@jandradej 

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