El Plan B, tsunami para la equidad y la prensa

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El Plan B es una especie de tsunami del que valoraremos sus consecuencias cuando el daño ya esté hecho. Por eso es relevante el informe de la Secretaría Ejecutiva del INE en el que se hace un análisis preciso de lo pernicioso de la legislación que ya se aprobó y de la que falta por votarse en el Senado de la República.

Ojalá se atienda a las alarmas precisadas en el documento, y sobre todo al diagnóstico que ya desde ahora describe el deterioro institucional que propiciará, de inmediato, expresado en dificultades para la organización y la operación de las elecciones, pero también para elaboración del padrón y la expedición de credenciales, piezas centrales para explicar la confianza ciudadana en el INE. 

Uno de los aspectos ya vigentes, aunque impugnados ante la Suprema Corte, es el que se refiere a la Ley de Comunicación Social. Ahí están contenidas diversas disposiciones que terminan con el modelo que se estableció, con el consenso de las fuerzas políticas, en 2007. 

Las quejas por la elección de 2006 motivaron que se instituyeran límites precisos a la participación de los servidores públicos en temporada de elecciones. Se legisló para prohibir la difusión de logros durante las campañas y se fijaron reglas para ello. 

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En la exposición de motivos de aquel momento se explicó que “en México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral”.

Ahora Morena y sus aliados cambiaron la jugada, argumentando el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios, para abrir la puerta a que los burócratas se metan en las campañas. Sí, al precisar que la propaganda de gobierno es solo la que se paga con recursos públicos, abrieron una verdadera compuerta que sepultará la equidad en las contiendas. Esto, en su momento, fue declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte cuando, por decreto, se intentó aplicar durante el proceso de Revocación de Mandato. 

Pero hicieron algo más, aprovecharon la coyuntura para establecer una restricción absurda en los presupuestos de comunicación social, que terminará por matar de inanición a medios de comunicación más pequeños. 

En la ley respectiva se establece que “el límite del gasto anual de comunicación social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual comprometido” (Artículo 26, VII).

La revista Proceso hizo un cálculo de lo que esto significará. El gobierno de la CDMX tenía contemplado un incremento de 37 % en el gasto publicitario para 2023, lo que representaría 753 millones de pesos. “Con la nueva ley sólo podrá gastar 248 millones, menos de la mitad de lo que gastó en 2022, de manera preliminar calculado en 541 millones”, señala la nota de Arturo Rodríguez.

Se dirá que se trata de ahorrar, que hay que controlar la utilización de los recursos y que ello es un contraste con lo que ocurría en el pasado, cuando se gastaba mucho. 

Hay algo de razón en que los presupuestos deben ser racionales, pero estamos en realidad ante un golpe severo contra la prensa, uno más.

El escándalo aún no ha llegado a mayores, porque la mayoría de los medios de comunicación de todas formas no tienen contratos con el gobierno de la República, o lo son de muy poca cuantía. Lo inquietante es lo que puede significar en términos generales. 

En el fondo, estamos ante un prejuicio, bastante neoliberal, por cierto, que sostiene que los recursos que se invierten en la prensa son un desperdicio. No es así. Más bien pueden representar un dividendo si las cosas se conciben desde la perspectiva de la pluralidad. 

Convendría recordar que fueron políticas de Estado las que propiciaron el advenimiento de publicaciones de alta calidad, muchas de ellas inclusive contrarias al propio poder, pero necesarias en la construcción de visiones y de diagnósticos que fortalecieron el panorama de los medios informativos. 

En todo caso, lo que se requeriría son reglas para la dotación de publicidad ligadas a la influencia, impactos y audiencias, pero a la vez a la pertinencia de expresiones que merecen ser apoyadas en el entendido de cimentar una dinámica que propicie las alternativas y no que las restrinja.

@jandradej

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