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El amigo golpista

Pedro Castillo representa la flexibilidad de principios de la 4T. En el fondo, se quiere hacer una distinción entre golpistas buenos y malos, lo que ya de suyo es un despropósito.

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CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La 4T está transformando la política exterior para mal. El último episodio es el franco respaldo a un golpista, Pedro Castillo. El expresidente de Perú está detenido porque trató de disolver el Congreso. 

Más allá de la picaresca del caso, donde un congresista, Guido Bello, afirmó que Castillo pudo “estar influenciado por alguna sustancia” cuando hizo los anuncios que llevaron su destitución. Bello dijo, luego de visitar al exmandatario, que “no recuerda nada, no recuerda que haya dado un mensaje a la nación”.

Por cierto, Castillo se negó a realizarse un examen toxicológico que le iban a realizar “médicos camuflados y una fiscal sin rostro”.  

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México nunca había solapado un golpe de Estado, al contrario, les hizo frente en los casos de Chile y de Argentina en los años setenta, cuando estableció, inclusive, una política de asilo que ayudó a miles de perseguidos de los regímenes militares que se instauraron. 

Y, por supuesto, Castillo está muy lejos de ser Héctor Cámpora, quien tuvo que asilarse en la embajada de México en Buenos Aires para salvar su vida y la de su familia, donde permanecieron por más de tres años, hasta que se les permitió salir al exilio. 

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Para nada tiene que ver con Salvador Allende y el mortífero golpe de Estado que perpetraron en su contra sujetos de una inmoralidad inaudita, como Augusto Pinochet. 

Es más, esa posición, de apoyo a los gobiernos derrocados por las fuerzas armadas, le valió al país el construir un liderazgo en la región, haciendo valer una política internacional congruente.

¿Por qué ahora sí se solapa una intentona antidemocrática? Por una mezcla de irresponsabilidad e ideología. Lo primero porque se está esquivando el papel que el país puede tener para ayudar a que la violencia no se desboque y lo segundo porque el populismo de Castillo encaja bien con la flexibilidad de principios de la 4T. 

En el fondo, se quiere hacer una distinción entre golpistas buenos y malos, lo que ya de suyo es un despropósito.

El presidente López Obrador sostiene que Castillo sigue siendo el presidente peruano. No es así, por supuesto, porque su destitución estuvo apegada a la ley y contó con el respaldo de las fuerzas políticas y del poder judicial. 

Pero, si esto fuera poco, hay que ser realistas. Castillo no volverá al gobierno, porque no tiene el apoyo ni del partido que lo postuló. 

Por desgracia, la violencia ya está presente. Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte van subiendo de tono, y han llegado inclusive al bloqueo de las pistas en el aeropuerto de Arequipa. 

En la provincia de Apurimac se decretó el estado de emergencia por 60 días, quedando suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. 

Una situación que es consecuencia directa de la crisis abierta por el propio Castillo, quien actuó sin reflexión alguna y puso en jaque a la democracia de su país y a la gobernabilidad misma. 

Un momento por demás sombrío, en el que los peruanos lo que requieren es del auxilio y la solidaridad de las democracias en la región.

Castillo, mientras tanto, sostiene que está secuestrado, pero emite mensajes en sus redes sociales y afirma que no renunciará al mandato que le confirió el pueblo. 

El argumento del gobierno de México para tratar de sostener a Castillo es contradictorio. Se señala que no se debe violentar la voluntad surgida del voto, pero quien lo intentó hacerlo fue el propio Castillo, en su propósito de cerrar el Congreso para poder gobernar por decreto. 

Después de todo, los peruanos eligieron presidente, pero también a los legisladores, de ahí que no se pueda hacer una distinción de legitimidades a partir de las conveniencias y de las simpatías. 

Pero México no está solo en esta aventura y lo acompañan los gobiernos de Colombia, Bolivia y Argentina, quienes emitieron un comunicado conjunto para asegurar que Castillo está siendo objeto de “un tratamiento judicial violatorio” y pidieron que se respete “la voluntad ciudadana” expresada en las urnas. 

Es probable que Perú se encuentre en el tránsito de una crisis que se profundizará y, en ese contexto, los actores involucrados tendrán que hacerse cargo de cada una de las decisiones que se tomen en el corto plazo, sean nacionales o internacionales. 

@jandradej

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