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Edmundo Jacobo Molina y el machetazo contra el INE
Con el Plan B se tira a la basura el esfuerzo institucional y personal de miles de trabajadores del INE. La salida de Edmundo Jacobo es una venganza, por su cercanía con Lorenzo Córdova.
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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– El Plan B ya es un hecho. Sus consecuencias se irán padeciendo en los próximos días y meses, aunque sus efectos más terribles se desatarán en el proceso electoral del 2024, si el Poder Judicial no dispone otra cosa, por supuesto.
Entre las perversidades que incluyeron los redactores de la reforma se encuentra la disposición de cesar del cargo al actual secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
Es una venganza, porque Jacobo Molina es uno de los funcionarios que acompañaron a Lorenzo Córdova en su desempeño como consejero electoral.
La trayectoria del funcionario saliente es ejemplar. Durante 14 años trabajó para que el INE funcionara de manera adecuada y las elecciones se realizaran con normalidad en lo que atañe a sus desafíos técnicos.
Un aspecto que hay que tener en cuenta, es que el hasta ayer secretario Ejecutivo, ayudó a establecer el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuyo propósito es el de contar con funcionarios capacitados, pero también con estabilidad laboral, para garantizar objetividad e imparcialidad en la organización de las contiendas.
Hoy todo eso también está en riesgo, porque la reducción de personal, que proviene de las entrañas del Plan B, será a machetazo limpio y afectará al 84.6 por ciento de los integrantes del SPEN.
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Esto es triste, por supuesto, y significará un daño quizá irreversible, pero es una marca de la 4T, donde el único mérito que importa es el que proviene de una lealtad ciega a lo que diga y disponga el timonel de la nación.
Se tira a la basura el esfuerzo institucional y personal de miles de trabajadores del INE, los que en teoría contaban con las garantías que provienen de la propia ley.
Desde este jueves, Jacobo Molina ya no es funcionario del INE, pero acudirá a defender sus derechos, y hace bien, ante el Tribunal Electoral. Seguramente le darán la razón, sobre lo injustificado de su despido y lo inusitado de que semejante instrucción haya quedado inscrita en la propia reforma, en un artículo transitorio, cuando es evidente que no se pueden expedir leyes privativas, es decir, que sean contra una persona en particular.
Ojalá los miles integrantes del INE que también perderán su empleo defiendan sus derechos y desenmascaren la vena autoritaria de quienes cambian las reglas sin escuchar ni tomar en cuenta a nadie que no sean ellos mismos.
Pero, además, el nombramiento del secretario ejecutivo proviene de una propuesta del presidente del Consejo General, pero tiene que estar respaldada por las dos terceras partes de los integrantes de esa instancia. El Poder Legislativo invadió competencias y eso tampoco puede ser.
Lo de Jacobo Molina es solo una muestra, una más, del desaseo con el que se elaboró el Plan B, pero es a la vez un esbozo de los resortes que se activaron para que México entrara en la deriva democrática, justo después de una elección ejemplar en 2018.
El INE, a lo largo de su historia, ha contado con funcionarios eficaces en posiciones semejantes a las que ahora deja Jacobo Molina y solo me detengo en mencionar a tres de ellos, Felipe Solís Acero, Fernando Zertuche y María del Carmen Alanís. Antes, cuando el IFE no era autónomo, y presidía el secretario de Gobernación, estuvieron en una posición similar Emilio Chuayffet, Arturo Núñez y Agustín Ricoy Saldaña. Ninguno de ellos terminó su relación laboral con el INE por una determinación de senadores y diputados.
Estamos a 3 de marzo, en los siguientes días se presentarán diversos recursos legales que tienen como propósito impedir que el Plan B alcance todo su potencial destructivo. El asunto, es que ya todo está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral y de los ministros de la Suprema Corte.
Los nubarrones en el horizonte son evidentes, más aún ante la posibilidad, nada remota, de que en el Pleno de la Corte no se alcancen los ocho votos que se requieren para desactivar legislaciones que son contrarias a la Constitución. Ya ocurrió con la Ley Eléctrica, donde una mayoría dejó en claro que no apegaba a las disposiciones constitucionales, pero no fue suficiente para invalidarla.
Ahora todo es más delicado, porque lo que está en juego es la democracia misma. No hay exageración alguna en esta afirmación.
Quitaron a Jacobo Molina, pero es apenas el inicio de lo que será una especie de peregrinar por la democracia.
@jandradej
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