Non sed ipsam reiciendis. Et eos reiciendis quo voluptatem et dolorem neque. Exercitationem nobis labore ab fugit facilis. Porro quia…
Digna Ochoa, un fantasma en los salones del poder
La abogada defensora de Derechos Humanos fue hallada sin vida el 19 de octubre de 2001, en un departamento de la colonia Roma; los primeros móviles involucraron a militares y caciques, pero se concluyó que fue un suicidio. Varios actores del poder actual juegan un papel importante en la historia
Non sed ipsam reiciendis. Et eos reiciendis quo voluptatem et dolorem neque. Exercitationem nobis labore ab fugit facilis. Porro quia…
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS. El de Digna Ochoa es uno de esos casos que son imposibles de cerrar. Las conclusiones de la entonces procuraduría de Justicia del Distrito Federal fue que se trató de un suicidio.
A la abogada defensora de Derechos Humanos la encontraron sin vida, el 19 de octubre de 2001, en un departamento de la colonia Roma. Tenía un balazo en la cabeza y otro en el muslo.
TE RECOMENDAMOS: LAS GUACAMAYAS Y LOS ZOPILOTES
Apenas dos meses antes de este hecho, contaba con medidas de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las amenazas que había sufrido junto con otros integrantes del Centro Agustín Pro.
El impacto de su muerte resultó impactante, porque se daba en un contexto de hostilidad contra activistas y además ocurrió en la Ciudad de México, cuando la gobernaba Andrés Manuel López Obrador.
Las primeras líneas de investigación, eran poderosas: la autoría militar, que tendría que ver con las detenciones de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el 2 de mayo de 1999 en manos del Cuarenta Batallón de Infantería; la línea de perpetradores del estado de Guerrero , quizá caciques, que querían vengarse por las actividades de la defensora de derechos en la sierra del estado y el entorno laboral y familiar, este último porque es indispensable y en general solo para descartarlo.
El procurador Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura Federal, le encargó al subprocurador Renato Sales Heredia, quien se desempeña como fiscal del estado de Campeche, que se abocara en resolver el crimen. Los peritajes, en ese momento, señalaron que, por los ángulos de los disparos y la posición del cadáver, resultaba imposible que hubiera participado otras personas en los hechos. Esto es fundamental.
Sales Heredia actuó con profesionalismo, pero como concluyó que no se trató de un ataque, sino de una muerte auto infringida, se generaron toda clase de dudas y se tuvo que realizar otra indagatoria.
Le tocó a Margarita Guerra, una experimentada magistrada, el asumir la papa caliente. Empezó de cero y acomodó de nueva cuenta las piezas para llegar a la misma conclusión, el suicidio.
Los familiares de Digna Ochoa, con todo el derecho que les asiste, se inconformaron y no han dejado de insistir, a lo largo de casi dos décadas, en que existen otras explicaciones y que en realidad se trató de un homicidio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del año pasado, les dio en parte la razón y condenó al gobierno mexicano.
De acuerdo a la resolución, se violaron garantías judiciales, no se observaron los lineamientos de la Convención de Belém do Pará, en lo que respecta a realizar una indagatoria con perspectiva de género, se violó el derecho a la integridad personal y el que respecta a la honra.
Lo que sigue sin aclararse, y es por lo que se tiene que realizar una indagatoria más, es sobre el propio suceso, es decir: ¿se suicidó o la mataron?
Es probable que la fiscal Ernestina Godoy termine confirmando lo que ya sabíamos, pero con la posibilidad de contar, ahora sí, con el respaldo la propia Corte Interamericana.
Pero nada de esto les quita relevancia a las disculpas que el Estado Mexicano, en voz del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, les ofreció a los familiares de la víctima.
Después de todo, la muerte de Digna Ochoa es un asunto que tuvieron que atender quienes ahora están en el poder. La PGR no intervino y no se inmiscuyó ninguna instancia del gobierno federal.
El entonces fiscal Bátiz, lo que tenía y tiene en la actualidad, es prestigio y no lo arriesgaría para proteger a nadie. Sales Heredia soportó toda clase de presiones, en las que más le habría valido aventurar hipótesis estridentes, aunque fueran incomprobables. No lo hizo así, porque se comprometió a resolver el enigma y al final eso es lo que ocurrió.
En efecto, las actuaciones de los ministerios públicos y policías tienen que mejorar. Me parece que en varios aspectos lo han hecho, y justamente por la insistencia de los organismos defensores de derechos humanos, hoy tan vapuleados.
Lo que se haya hecho mal en la investigación de la muerte de Digna Ochoa, debe servir para mejorar, para evitar, en todo momento, que se maltrate a las víctimas. Sí, una lección, después de todo.
@jandradej
Powered by Froala Editor