Desaparición de Poderes ¿Sirve de algo?

Por Juan Ortiz / Agenda Legislativa

EMEEQUIS.- La facultad de desaparición de poderes, que reside en manos exclusivas del Senado mexicano, ha recobrado nueva relevancia por recientes tensiones políticas y casos de violencia. Hoy los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche están en el centro del debate, con propuestas formales solicitando la aplicación de este mecanismo.

¿Qué implica la declaratoria de desaparición de poderes?

Es un mecanismo constitucional, que permite al Senado intervenir y reorganizar el gobierno estatal en situaciones extremas donde se considera que los poderes constitucionales han dejado de funcionar adecuadamente. La última vez que se aplicó fue en 1975, en los estados de Guerrero e Hidalgo.

Ahora que los principales partidos políticos del país han revivido este mecanismo, se ha generado un intenso debate sobre su pertinencia y aplicación en el contexto actual de violencia y crisis política que viven algunos estados del país.

El “Segundo Reporte Preliminar de Violencia Electoral: Proceso Electoral 2023-2024” del Laboratorio Electoral destaca un total de 156 agresiones a políticos y personas relacionadas con el proceso electoral, incluyendo 50 asesinatos, de los cuales 26 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección.

Los meses de enero y marzo de 2024 destacan por la mayor cantidad de candidatos asesinados, y los partidos políticos más afectados por estos asesinatos han sido Morena y el PAN.

La consultora política Integralia complementa este panorama con su reporte, indicando que desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024, se han contabilizado 300 incidentes de violencia política, afectando a 399 víctimas.

Este escenario ubica al proceso electoral 2023-2024 como el más violento de la historia moderna de México, superando incluso los números de víctimas de procesos electorales anteriores.

Cabe cuestionarse si esta situación de ingobernabilidad y violencia, realmente se resolverá removiendo autoridades y/o reestructurando la política local.

Las solicitudes para desaparecer los poderes en Guerrero, Campeche y Guanajuato fueron presentadas respectivamente por el PAN, PRI y Morena, llevando a un escenario donde las tensiones entre las principales fuerzas políticas se hicieron evidentes.

En Guerrero, la petición se basaba en una crisis de seguridad y derechos humanos, en Campeche, por las recientes protestas de policías, mientras que en Guanajuato se argumentaba una venganza política contra adversarios del partido mayoritario. 

El senador Félix Salgado Macedonio pidió a la oposición, a modo de amenaza, de reflexionar sobre las consecuencias de tales solicitudes, advirtiendo sobre el uso de la mayoría simple de Morena para declararlas improcedentes en el caso de Guerrero y Campeche, lo cual evidencia la discrecionalidad de este mecanismo​. 

La Comisión de Gobernación del Senado difundió un dictamen, que considera improcedente la desaparición de poderes Guerrero y Guanajuato, argumentando que, si bien existen niveles preocupantes de violencia y deterioro de la seguridad pública, no se cumplen los criterios legales y constitucionales necesarios para tal acción.

Este punto de partida debe servir para explorar otros mecanismos constitucionales y jurídicos para abordar las crisis de seguridad, sin recurrir a medidas tan extremas que implican la intervención federal en la autonomía estatal​.

Históricamente, la desaparición de poderes ha sido utilizada en México como un instrumento de control autoritario, con 62 casos registrados, principalmente durante el siglo XX. Las entidades más afectadas han sido Guanajuato, Tamaulipas y Guerrero, evidenciando cómo esta facultad ha servido para intervenir de manera discrecional en los estados bajo pretexto de una crisis política, social o de seguridad. 

La situación actual demanda un diálogo más amplio sobre las causas profundas de la violencia y la crisis de gobernabilidad en México. 

La discusión no debería centrarse únicamente en medidas reactivas, sino en un análisis crítico y constructivo de las fallas en los diferentes niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal, incluyendo instituciones clave como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. 

Es necesario abordar las raíces de un problema sumamente complejo y promover soluciones sostenibles que fortalezcan el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos.

Más que recurrir a herramientas extremas, se debe buscar respetar el marco constitucional, fomentar un pacto nacional inclusivo y privilegiar el bienestar de la población. 

Este es el camino hacia una solución genuina que trascienda las divisiones partidistas y permita resguardar la democracia en México.

@Juan_OrtizMX