Comisarios de la Casa Blanca en Palacio Nacional

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Una de las consecuencias del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales murieron, es que el gobierno de México se tuvo que comprometer con la Casa Blanca a realizar una lucha ya sin cuartel en contra los cárteles de las drogas. 

En un comunicado conjunto, en el contexto de la reunión de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, “acordaron lanzar la segunda fase del Entendimiento Bicentenario para aumentar aún más la cooperación para combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo, y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México”.

Tan solo un día antes, el presidente López Obrador señaló que en nuestro país no se produce fentanilo, lo que contrasta con los aseguramientos que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional e inclusive con sentencias logradas por la FGR en contra de “productores y distribuidores” de esa sustancia opioide. 

A estas alturas resulta evidente que mal informan al presidente de México, o no le hacen ver las consecuencias de algunos de sus señalamientos, sobre todo los que van a chocar, y de inmediato, con la realidad. 

Es tan delicado el problema, que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, fue comisionada para coordinar los esfuerzos contra el fentanilo. 

En mayo próximo, funcionarios mexicanos viajarán a Washington para revisar y analizar “con mayor profundidad la eficacia de las políticas ampliadas y mejorar el intercambio de inteligencia e información”.

Se trata de dar resultados y que estos se puedan medir. Por ello, en el propio comunicado, señalan la magnitud del éxito en la captura 

de Ovidio Guzmán, pero sobre todo de José Guadalupe Tapia Quintero, mano derecha de Ismael “El Mayo” Zambada, y uno de los principales contrabandistas de metanfetaminas. 

Para Estados Unidos, detener la epidemia del fentanilo es una de las prioridades más altas, como hace años lo fue la cocaína y antes la marihuana, aunque ahora el desafío es mayor, porque en la DEA están convencidos de que el ingreso de esa droga es por la frontera con México.  

En Washington les da igual lo que se señale en las conferencias mañaneras, mientras en los hechos las cosas se desarrollen de acuerdo con las urgencias de su seguridad. Se acabó con una suerte de tolerancia que ya significa un deterioro profundo de la vida cotidiana en la región fronteriza de Tamaulipas y Texas. Por eso el embajador Ken Salazar ha insistido en que se tiene que actuar y ya, contra los bandidos. 

Es una coyuntura por demás interesante, en la que se puede establecer una colaboración que funcione a ambas naciones, aunque también se corre el riesgo de que las diferencias se profundicen si cada una de las partes involucradas no hace el trabajo que le corresponde. 

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En la reunión, realizada en Palacio Nacional estuvieron, también, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda.  

Mientras a Sherwood-Randall la acompañaron el director de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta; la fiscal general adjunta, Lisa Monaco; el subsecretario de Seguridad Nacional, John Tien, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entre otros funcionarios.

Es un paso correcto el que se está dando, pero la desconfianza es mucha. Acaso por ello, el agente del FBI comisionado en San Antonio, Texas, lanzó una convocatoria para que ciudadanos de ambos lados de la frontera, proporcionen imágenes del momento del secuestro en Matamoros, ocurrido el viernes pasado, y así obtener información para la indagatoria que se realiza en Estados Unidos. 

Todo ello mientras la Fiscalía del Estado de Tamaulipas procesa a cinco individuos que fueron entregados por una organización criminal, la que se disculpó por lo ocurrido. Los ahora inculpados, porque confesaron ante las autoridades su participación en los hechos, fueron encontrados en el lugar del secuestro, amarrados y con una cartulina en la que los bandidos daban su versión de los hechos.

Esta situación dejó mal paradas a las áreas de seguridad y ministeriales, porque resulta evidente que son los integrantes del Cártel del Golfo los que, a fin de cuentas, determinan qué investigación prosperará y cuál no.

@emeequis 

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