Arturo Zaldívar, de las togas a las porras

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Es poco común que los ministros de la Suprema Corte de Justicia dejen el cargo, ya que están impedidos para ocupar secretarías de estado y buscar posiciones de elección popular. Pero hay situaciones especiales que vale la pena recordar, porque se explican por sí mismas y encuentran lógica en el tablero de los intereses nacionales. Son los casos de Jorge Carpizo y de Miguel Montes. 

Lo que no había ocurrido, es que un ministro enviara su carta de renuncia al presidente de la República, para de inmediato sumarse a una campaña política. Arturo Zaldívar no esperó ni unas horas, mucho menos la resolución definitiva que está en manos del Senado, para mostrar que siempre perteneció al proyecto de la 4T e integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. 

Tampoco es que sorprenda, su presidencia en la SCJN sirvió para retrasar discusiones importantes, muchas de ellas relacionadas con la militarización del país. Algunos de los asuntos se archivaron hasta por 40 meses. 

Participó, de modo insólito, en reuniones en las que el titular del Ejecutivo dio la instrucción para que se procediera penalmente contra el exprocurador Murillo Karam y contra algunos soldados.  

Trató de extender su mandato en la presidencia de la SCJN, por medio de un albazo en el Senado, pero la pretensión fue atajada por sus pares, ya que se invadían atribuciones que solo competen a los ministros y era un fraude a la ley para permitir la reelección. 

Postulado por Felipe Calderón, ejerció una independencia judicial irreprochable, pero desde enero de 2019 estableció un acuerdo de complicidad con presidente López Obrador y operó en su favor en cuestiones más que delicadas.

Antes de finalizar su mandato, Andrés Manuel López Obrador habrá nominado a cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Ana María Ríos Fajart, Loretta Ortiz y quien llegue en lugar de Arturo Zaldívar. Mismo número de togados propuestos por Felipe Calderón. 

Tampoco se trata de que los ministros sean una suerte de rehenes, aunque lo elevado de su cargo indicaría que llegar al final del periodo designado no es una tarea más, sino uno de los escudos constitucionales en el equilibrio del poder.  

Jorge Carpizo dejó el Pleno de la SCJN para fundar la CNDH. El paso del exrector de la UNAM en el Poder Judicial fue efímero, poco más de un año, de abril de 1989 a mayo de 1990, aunque destacó por la calidad de sus proyectos y votos particulares. 

En ese momento, la crisis generada por la mala actuación de las policías, los saldos pendientes de la guerra sucia y sus desapariciones indicaban que tenía que realizarse un cambio profundo y fue lo que hizo el primer Ombudsman. 

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El ministro Miguel Montes fue llamado a investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Llevaba en la Corte casi dos años. La circunstancia en el país, en esa coyuntura, indicaba que todo esfuerzo por clarificar la muerte del candidato presidencial del PRI tendría que ser respaldado. 

Eduardo Medina Mora tuvo que renunciar al cargo de ministro en lo que fue una extorsión. Se generó la percepción de actos de corrupción a raíz de depósitos de dinero en el extranjero, y quien fue secretario de Seguridad Pública y titular del PGR optó por quitarse la toga, que vistió por cuatro años, para evitar un problema mayor y en un ambiente que empezaba a volverse turbio para quienes no se allanaban a los intereses de Palacio Nacional.  

Está el bochornoso caso del ministro Ernesto Díaz Infante, quien renunció y huyó   en 1990 acusado de aceptar un soborno para permitir la liberación de un violador. 

LAS VÍSPERAS DEL 24

El TEPJF optó por una perspectiva constitucional democrática y resolvió apoyar al INE en la instrucción de que los partidos y coaliciones postulen al menos cinco mujeres para gobernadoras el próximo año. 

Reyes Rodríguez Mondragón completó la mayoría con las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto, frente a los argumentos en contra de Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera.

Era “un deber jurídico” del Consejo Electoral, el supervisar la paridad, ya que “debe ser responsabilidad de los partidos a nivel local y nacional”, señaló la magistrada Otálora. 

En 70 años, recordó la magistrada Mónica Soto, solo 16 mujeres han alcanzado una gubernatura. 

En la actualidad hay nueve mandatarias estatales, lo que representa el 28% de las personas en ese cargo. 

@jandradej

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