Abarca y su fiesta: secuestros y goma de opio

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Desde junio de 2013, la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero remitió a la PGR los tomos de la averiguación previa sobre el homicidio de Arturo Hernández Cardona en el que estaba implicado José Luis Abarca.  

El 24 de abril de 2014 se recibió, en la PGR, la indagatoria en contra de Ernesto Pineda Vega, miembro de los Guerreros Unidos y acusado de secuestrar a Adolfo Salgado Salgado.

El 2 de mayo, en una ampliación de declaración, también remitida a la autoridad federal, Pineda Vega señaló de modo directo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su secretario de Seguridad, Felipe Flores, como integrantes de la organización delictiva de los Guerreros Unidos. No hablaba de oídas, era testigo y cómplice a la vez. 

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Cinco meses antes de la noche de Iguala, el Ministerio Público Federal ya tenía elementos suficientes para saber que algo andaba muy mal en la región, al grado de que el 2 de julio se aseguró, con el auxilio de integrantes del 27 Batallón de Infantería, un narcolaboratorio de goma de opio en la colonia San Miguelito. 

Desde ese momento, las autoridades supieron algo más. La policía Municipal de Iguala se dedicaba a levantar a las víctimas, las que eran entregadas a los Guerreros Unidos para cobrar rescate o matarlas. Estos datos permitieron localizar, en Lomas del Zapatero, 

una fosa clandestina con 19 osamentas. 

Un laboratorio de esas características, requería de la protección de diversas autoridades y por ello Iguala era un territorio en disputa, ya que se combina su posición estratégica, con las redes de complicidad que hacían posible los negocios ilícitos. 

Adicional a ello, en julio de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, informó a su similar en la Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, sobre las averiguaciones previas donde estaban involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles Pineda, cuñados y esposa de Abarca. 

Visto en retrospectiva, en la noche de Iguala, el modus operandi de los policías municipales y los criminales fue el que estaban utilizando desde hacía tiempo. Por eso Abarca sabía lo que estaba por ocurrir. 

De ahí que fuera imputado por la responsabilidad en la comisión por omisión del delito de homicidio calificado en contra de seis personas en la causa penal 217/2014 II. 

Al ser interrogado, luego de su detención, en octubre de 2014, Abarca dijo que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, prefirió “seguir en la fiesta”, acaso porque sabía que sus socios estaban realizando otra, pero totalmente siniestra. 

Conviene recordar el trabajo que hizo la Fiscalía de Guerrero, cuando su titular era Iñaki Blanco, ya que de ahí parten los elementos de prueba que se utilizaron para consignar a decenas de implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, además, no han alcanzado la libertad, porque las consignaciones fueron integradas adecuadamente. 

LA SOLEDAD Y EL RIESGO PARA LAS BUSCADORAS DE DESAPARECIDOS 

Mientras se realizaban conferencias y encuentros en el Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada, y las autoridades prometían, por enésima ocasión ajustar estrategias y protocolos, en La Cruz de Elota, en Sinaloa, un grupo de sujetos armados privó de su libertad a Rosario Rodríguez, integrante del colectivo “Corazones con Justicia”, con quienes intentaba localizar a su hijo, Fernando Ramírez Rodríguez, de quien ya nada se supo desde octubre de 2019.

Un minuto antes de la media noche, en la madrugada del 30 de agosto, se localizó el cuerpo de la señora Rodríguez. En la procuraduría de Sinaloa, en lo que es un reflejo recurrente en estos casos, señalaron que no tenían denuncia sobre la desaparición de la madre buscadora. No hicieron nada y ni lo habrían hecho. 

El gobernador Rubén Rocha lamentó el crimen y realizó los compromisos de cajón, prometiendo que se encontrará a los responsables del asesinato.  

Esa es la marca de ese tipo de crímenes, donde queda constancia de la indolencia de las autoridades, pero también del esfuerzo de cientos de mujeres que buscan a sus familiares y no se arrendan ante las amenazas del crimen organizado y sus protectores en las burocracias de las fiscalías.

@jandradej