Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
Desde 2019 funcionarios no pueden bloquear a periodistas o medios en Twitter porque los mensajes que publican mientras ostentan el cargo están bajo el escrutinio público, “tienen relevancia pública y es información de interés general”, dictaminó la Suprema Corte. La nota de EMEEQUIS refiere que la alcaldía Cuauhtémoc fue la que tuvo más gastos navideños.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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EMEEQUIS.– Tras la publicación de una nota en EMEEQUIS sobre gastos navideños de las alcaldías de la Ciudad de México, en la que Cuauhtémoc fue la que más recursos del erario ejerció, la alcaldesa Sandra Cuevas bloqueó a este medio en su cuenta de Twitter.
De esta forma, la alcaldesa infringe varias resoluciones de la Suprema Corte sobre el uso de esta red social por parte de funcionarios públicos.
En marzo de 2019, la Suprema Corte falló en favor del periodista Miguel León Carmona, quien fue bloqueado en Twitter desde 2018 por el entonces fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler.
Al resolver el amparo 1005/2018, la Segunda Sala ordenó a Winckler desbloquear la cuenta de León Carmona en la red social Twitter.
“La Segunda Sala observa que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Esto debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Al hacerlo, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público”, señaló el máximo tribunal en un comunicado emitido el 20 de marzo de 2019.
¿DE QUÉ VA NUESTRA NOTA?
Este 28 de febrero, EMEEQUIS publicó investigación sobre el presupuesto ejercido en actividades navideñas por parte de las alcaldías de la Ciudad de México, obteniendo como resultado un gasto que ronda los 50 millones de pesos.
Entre ellas, la que más dinero del erario gastó fue la alcaldía Cuauhtémoc, bajo el mando de Sandra Cuevas: ejerció un total de 9 millones de pesos en adornos, disfraces, actividades. “La magia de la navidad en Cuauhtémoc”, como se promovieron estas actividades, evidenció la colocación de nacimientos gigantes en parques, “además de que la alcaldesa ocupó casi toda su agenda decembrina para participar en las posadas y desfiles organizados para esos días”, señala la publicación a cargo de la reportera Frida Mendoza.
LA SUPREMA CORTE: FUNCIONARIOS TIENEN QUE RESPONDER
El uso de la red social Twitter por parte de funcionarios públicos ha sido recientemente normada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una resolución publicada el 1 de febrero pasado, la SCJN obliga a los funcionarios públicos a responder peticiones ciudadanas a través de esta red social, luego de un amparo tramitado por una persona física en contra del ayuntamiento de Guadalajara. Ese amparo fue negado en primera instancia por un juez, por lo que tuvo que intervenir la Corte.
Nos tiene bloqueados.
“Al conocer del recurso de revisión contra ese fallo, la Primera Sala analizó la doctrina y el contexto histórico bajo el que ha evolucionado el derecho de petición, concluyendo que las peticiones formuladas a una autoridad mediante la plataforma Twitter sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista confirmación de que: a) la respectiva autoridad sea titular de la cuenta a la que se formulan tales peticiones; b) dicha autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de esa red social como parte del ejercicio de su actuar oficial, aún si ello ocurre a partir de la práctica cotidiana; c) existan indicios de que el uso que esa autoridad da a la plataforma es el de captar y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines, y no sólo un uso mediático o de simple diálogo con los particulares y, d) lo externado por el particular implique una genuina petición, más allá de un comentario u opinión”, de acuerdo con lo que externó la Corte en un comunicado.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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