¿Por qué se retiró el proyecto sobre Prisión Preventiva Oficiosa en la Corte?

EMEEQUIS.– La votación sobre el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) que se había pospuesto para la sesión ordinaria de este jueves en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se efectuó. El ministro ponente, Luis María Aguilar, retiró el proyecto de la discusión para construir una nueva propuesta y metodología, con las cuales generar un nuevo debate posteriormente. 

Sin embargo, el magistrado ponente apuntó que, como en otros proyectos en debate, la deliberación colectiva es la mejor manera de construir toda decisión judicial que involucre los Derechos Humanos de todas las personas. Asimismo, dijo que el debate no se agota en la SCJN, pero reconoció que lo que sí compete al tribunal es dar una respuesta a través de una sentencia que recoja la posición mayoritaria del pleno.  

De acuerdo con el ministro Luis María Aguilar destacó que durante las dos sesiones previas, “si bien hay quienes no comparten la metodología del proyecto o los efectos que se proponen”, consideró que se perfiló una mayoría en torno a que el uso desproporcionado de la prisión preventiva es contrario a los Derechos Humanos. 

A su entender, compartió que la ministra Esquivel sostiene que la prisión preventiva no es una medida deseable; la ministra Ortiz Ahlf, la considera contraria a los Derechos Humanos; el ministro Pérez Dayán exhibe la amplitud que se le ha dado a los supuestos de procedencia de la medida cautelar; por su parte el ministro González Alcántara, como la ministra Ríos Farjat, enfatizan que la prisión preventiva cuando se impone en forma automática se torna inconstitucional”.

La argumentación de Zaldívar en torno a las contradicciones sobre la Constitución. 

Además, agregó “Los ministros Pardo Rebolledo y Láynez, aducen que la PPO contemplada en las normas efectivamente planteadas es desproporcional, contraria a la seguridad jurídica y al principio de último arratio; la ministra Piña, el ministro Gutiérrez Ortíz Mena y el señor ministro presidente Zaldívar estiman que la PPO es contraria al parámetro de validez de los Derechos Humanos de la propia Constitución”. 

Con base en lo anterior afirmó que es posible extraer un rechazo generalizado del abuso de la prisión preventiva, “sobre todo cuando se establece su procedencia automática y sin justificación”. Dicho esto, consideró una gran oportunidad para que la SCJN establezca un consenso para “proteger a los imputados de un delito que pueden llegar a convertirse en víctimas del propio sistema penal”.

Asimismo, aclaró que “jamás he puesto en duda que la Constitución es la norma suprema a la cual le debemos lealtad y obediencia”. Empero, reiteró que “no armonizar el contenido del artículo 19 constitucional, significaría ignorar, invalidar o inaplicar el artículo 1 constitucional”.

El proyecto fue retirado para su reestructuración. Foto: Captura de video.

Entre otros aspectos, apuntó que no tiene evidencia que permita justificar que “el incremento de penas, diseño de nuevas figuras delictivas, la notable ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y expansión del régimen de delincuencia organizada puedan ser herramientas para solucionar tan delicada situación”. 

El ministro Luis María Aguilar recalcó que únicamente propuso una nueva interpretación constitucional y con ello activar más medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). 

En el mismo tenor, argumentó que como mencionaron las y los ministros, la PPO castiga a las personas más vulnerables de México. “De acuerdo con los datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Seguridad […] el 65% de las personas en prisión preventiva no cuentan con estudios superiores a secundaria; y más del 50% de las personas privadas de su libertad son menores de 35 años”. 

Agregó que dichos datos evidencian una cruel realidad, “más de la mitad de las personas que se encuentran detenidas en prisión preventiva, son jóvenes con estudios incompletos”. A su vez, añadió que “casi la mitad de las personas que se encuentran en prisión preventiva ganan menos de 5 mil pesos al mes, casi el 20% de los internos en centros penitenciarios son indígenas y afromexicanos y muchos de ellos ni siquiera hablan español”.  

El magistrado apuntó que existe una “deuda histórica con estos sectores discriminados” y enfatizó que no se les puede condenar de manera anticipada y sin juicio previo, así como sin la posibilidad de defensa a una vida de infortunio pobreza y sufrimiento. 

Para concluir, expuso que “la Constitución tiene una esencia antropocéntrica. De tal forma señaló que “la Constitución Mexicana […] simboliza la esencia del ser humano, la lucha de las personas por la libertad, por la democracia y por todos los principios y derechos que por esencia y dignidad pertenecen al ser humano”. Con ello, aseguró que “debe ser leída en el sentido protector más amplio, como ordena el artículo 1 constitucional”.  

Tras retirar momentáneamente el proyecto, con objeto de reestructurarlo y proponer una nueva metodología, el ministro presidente Arturo Zaldívar, removió el asunto en discusión. “Será presentado en el momento en que el ministro ponente considere que tiene todos los    elementos para que se pueda ver la nueva propuesta”, finalizó. 

“El Artículo Primero, además de integrar estos derechos humanos, que son Constitución, establece que el Estado mexicano reconoce estos derechos humanos. No los otorga, como era antes. Reconoce quiere decir que son superiores y anteriores al Estado, y que no lo son disponibles ni siquiera al poder revisor de la Constitución, porque tienen que ver con la dignidad humana”.

Agregó que si se votaba como venía: “Para los presuntos delincuentes de cuello blanco, para los defraudadores fiscales, para los factureros no va a haber Prisión Preventiva Oficiosa ¿no va a haber prisión preventiva oficiosa y para el resto del pueblo mexicano sí? ¿Eso es correcto, eso es justo?”.

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