Más de 100 ataques diversos han sufrido informadoras veracruzanas en 11 años

EMEEQUIS.– Veracruz y la Ciudad de México son dos entidades que han registrado más de 100 casos de agresiones a mujeres periodistas entre 2010 y 2021. La capital del país presentó en ese periodo 149 episodios, mientras que las periodistas veracruzanas sufrieron 111 ataques. 

Las dos entidades suman 260 agresiones, el 22.27% de los 1 mil 167 casos que la organización Artículo 19 contabilizó a nivel nacional en el periodo referido, y que Signa Lab del Instituto e Estudios Superiores de Oriente (ITESO) sistematizó y analizó en un informe que dio a conocer justo el día del asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera en Veracruz.

Reporteras, editoras, directoras, conductoras, fotógrafas o fotoreporteras, entre otras mujeres que trabajan en la cadena de producción periodística de las plataformas y medios informativos, padecen una sistemática acometida por parte de distintos actores a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con el análisis del ITESO, los mayores agresores fueron: funcionarios públicos, con 396 casos; particulares 223, partidos políticos y/o fuerzas partidistas 94, fuerzas de seguridad 78, crimen organizado 57, sin elementos suficientes para determinar el origen 158, de origen indeterminado o desconocido 66. 

La intimidación y hostigamiento han sido los dos tipos de agresiones infringidos por funcionarios públicos, pero los ataques también han consistido, entre otros de muy diverso género, allanamiento, en privación ilegal de la libertad o secuestro, y desde luego, asesinato.

El 36.67% de los ataques, es decir, 428 casos, fueron dirigidos contra periodistas que cubrían temas de corrupción y política.   

Sigma Lab concluyó que la polarización generada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “contribuye a normalizar el escenario de vulnerabilidad y a aumentar el riesgo en contra de quienes hacen periodismo en este país”.

En lo que va del sexenio de López Obrador han sido asesinados 36 periodistas en México, 11 en 2022.

En Veracruz, siete periodistas han sido asesinados en los tres años y medio de gobierno que lleva el morenista Cuitláhuac García.  

Algunos datos del estudio.

VERACRUZ: ASESINAN MÁS PERIODISTAS CON CUITLÁHUAC QUE CON YUNES

Alrededor de las 3 de la tarde del martes 9 de mayo, Yessenia Mollinedo y Johana García en Veracruz fueron asesinadas a tiros cuando se hallaban su vehículo, en el estacionamiento de un Oxxo de Cosoleacaque, Veracruz,

Yessenia, de 45 años, dirigía el medio informativo digital Periódico Veraz ―que ya está fuera de línea― y Johana era reportera y camarógrafa del mismo, y tenía tres hijos, de 6, 11 y 15 años. En su mayor parte, difundían información sobre las actividades del ayuntamiento de Cosoleacaque.

Tras el crimen, Ricardo Mollinedo, también periodista, reveló que su hermana Yessenia recibió, en los últimos cuatro meses, tres amenazas: el 6 de enero en un evento del Día de Reyes, la segunda ocurrió hace 15 días, y la última apenas el  4 de mayo, por parte de supuestos miembros de la Policía Estatal de Veracruz.

Veracruz es una de las entidades más violentas para la prensa, en un país que ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de periodistas: de 180 países evaluados por la organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el sitio 179 en la evaluación de indicadores de seguridad para los comunicadores. Sólo Ucrania, que atraviesa una guerra con Rusia, tiene ahora una condición de mayor inseguridad para los profesionales de la información.

La vulnerabilidad del gremio en la entidad ya era grave, pero empeoró con la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura, que ha implementado en su gestión una conferencia de prensa al estilo de las mañaneras presidenciales, donde fustiga y acosa a reporteros críticos.

De hecho, el número de periodistas asesinados en la gestión del morenista en Veracruz ya supera al que alcanzó bajo el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes.

En el vergonzoso marcador, de acuerdo con los registros de Artículo 19, durante la oscura gestión Yunes fueron asesinados cinco periodistas: Ricardo Mouli Cabrera (El Político /El Sol de Córdoba), Edwin Rivera Paz (Freelance), Cándido Ríos (La Voz de Hueyapan /Diario de Acayucan), Gumáro Pérez (La Voz del Sur), Leobardo Vázaquez Atzín (Enlace Informativo Regional). 

En lo que va del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ya van siete: en 2019, Jorge Celestino Ruiz, fotógrafo en El Gráfico de Xalapa, balaceado a domicilio el 2 de agosto.

En 2020, María Elena Ferral, reportera de El Diario de Xalapa y de Quinto Poder, tiroteada por dos motociclistas el 30 de marzo; Julio Valdivia, reportero de El Mundo de Córdoba, decapitado el 9 de septiembre; en 2021, Jacinto Romero Flores, de Ori Estéreo, eliminado a tiros el 19 de agosto.

Y en 2022, José Luis Gamboa Arenas, Inforegio Network, apuñalado el 10 de enero; y el 9 de mayo, Ysenia Mollinedo y Johana García.

La administración de Cuitláhuac se aproxima más a la del priísta Javier Duarte, que en sus tres primeros años acumuló 10 asesinatos de periodistas y cerró con 17. En la administración previa, de Fidel Herrera, habían matado a cuatro periodistas. 

Bajo la gestión de Duarte fueron eliminados, en 2011, Noel López Olguín (Noticias de Acayucan), Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana (Notiver), Yolanda Ordaz de la Cruz (Notiver); 2012: Regina Martínez (Proceso, 28 de abril), Guillermo Luna (Veracruz News), Esteban Rodríguez (Veracruz News, 3 de mayo), Gabriel Huge (Veracruz News), Víctor Manuel Báez (Milenio).

Funerales de las periodistas asesinadas recientemente en Veracruz. Foto: Ángel Hernández / Cuartoscuro.com.

2014: Gregorio Jiménez (Notisur); 2015: Moisés Sánchez (La Unión), Armando Saldaña (Exa FM), Juan Mendoza Delgado (Escribiendo la Verdad), Rubén Espinosa (Proceso/cuarto Oscuro); 2016:  Anabel Flores (El Sol de Orizaba), Manuel Torres González (Noticias MT), Pedro Tamayo (Al Calor Político / El Piñero de la Cuenca).

Tras el asesinato de Yessenia y Johana, el jueves pasado, el gobernador Cuitláhuac García se apreusyró a postear en su cuenta de Twitter: “Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera (sic). Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”.   

La frase es más que dudosa. El único caso en el que se vincularon a proceso a autores intelectuales, fue en el del asesinato de Jacinto Romero Flores, de Ori Estéreo. Se halló culpable a Patricio Alejandro de los Santos, regidor emecista electo del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán.

Por el contrario, el gobernador dio por cerrado el caso del asesinato de María Elena Ferral el 25 de mayo de 2020. Pero la familia de la víctima denunció “carpetazo”, es decir, el cierre de las investigaciones por decisión política.

Cabe señalar que, 6 de los 39 asesinatos de comunicadores en Veracruz cometidos entre 2010 y 2022 fueron mujeres: Yolanda Ordaz de la Cruz (Notiver), Regina Martínez (Proceso, 28 de abril), Anabel Flores (El Sol de Orizaba), María Elena Ferral (El Diario de Xalapa y Quinto Poder), y Yessenia Mollinedo y Johana García (Periódico Veraz).

EL CASO DE AZUCENA URESTI

Volviendo al informe de Signa Lab del ITESO, éste analizó 1,167 agresiones de diversos tipos en contra de mujeres periodistas en México entre 2010 y 2021. 

La Ciudad de México y Veracruz registran el mayor número de casos, con más de un centenar cada cual, la primera con 149 ataques, el segundo con 111. Otras entidades que se hallan entre los primeros sitios de este tipo de agresiones son: Puebla con 96, Coahuila con 82, Oaxaca con 71 y Baja California con 61. 

Del total, fueron infringidas por funcionarios públicos 396 de los ataques; por particulares, 223: partidos políticos y/o fuerzas partidistas 94: por fuerzas de seguridad 78; crimen organizado 57; 158 no incluyeron suficientes elementos suficientes para determinar su origen 158, y 66 tuvieron un origen indeterminado o desconocido 66. 

Del total de episodios reportados, 428 casos corresponden a periodistas que cubrían temas de corrupción y política, 167 se ocupaban de temas de derechos humanos, 134 trabajaban sobre protestas y/o movimientos sociales, 94 en torno a seguridad y justicia.

Un caso en el que pone énfasis el ITESO es el de la intimidación del crimen organizado contra la periodista Azucena Uresti, en agosto de 2021: un presunto grupo de la delincuencia organizada amenazó en un video a la periodista y conductora de Milenio Noticias, “por su cobertura informativa sobre la situación de seguridad que prevalece en el estado de Michoacán”.

Signa Lab reseña que “la amenaza recibida por la periodista el 9 de agosto de 2021 fue tendencia en redes sociales, y medios de comunicación”, y que “periodistas, funcionarios y figuras públicas, incluido el presidente, se pronunciaron en defensa de Uresti”.

Los investigadores del ITESO analizaron las menciones de la cuenta @azucenau y de “Azucena Uresti” en Twitter, entre el 1 de julio y el 31 de agosto de ese año, las cuales mostraron “un pico evidente en la fecha en que ocurrió la amenaza”. 

Pero señala sobre todo que los mensajes que mayor número de reacciones generaron fueron, por un lado, “las muestras de apoyo a la periodista y de solicitud a las autoridades para poner a disposición de Uresti las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad”, pero también “acusaciones en contra del presidente y de la llamada ‘cuarta transformación’ que encabeza, como responsable de las condiciones que permiten que ocurran este tipo de amenazas”.

El estudio advierte sobre “la filtración de palabras ‘chayo’ (contracción de chayote y chayotero) y ‘montaje’, como parte de los adjetivos utilizados con anterioridad en numerosas ocasiones, tanto por el presidente como por cuentas que lo siguen en redes sociales para agredir a quienes cuestionan al gobierno federal”, en el caso en cuestión.

Esto, determina el análisis, “arroja una línea de descrédito” contra Uresti, tendencia que si bien no se atreve a justificar la agresión, si trata de incrustar la noción de un “montaje”.

Y concluye: “En la medida en que la conversación sobre asuntos públicos gira alrededor de la figura del presidente y de la manera más simplista agote los problemas del país en la disputa ‘AMLO sí’ o ‘AMLO no’, se amplía la polarización en la conversación digital y se estrecha el margen de intercambio. Todo ello contribuye a normalizar el escenario de vulnerabilidad y a aumentar el riesgo en contra de quienes hacen periodismo en este país”.

@estedavid