Los argumentos que frenaron traspaso de Guardia Nacional a Sedena

EMEEQUIS.– Uno de los movimientos más controvertidos del gobierno lopezobradorista, la transferencia del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue  declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en medio de argumentos que giraban en torno a si es un órgano civil o militar. 

La Guardia Nacional y su dependencia de la estrategia nacional de seguridad también fue un factor de peso.

Con ocho votos a favor, la iniciativa de Juan Luis González Alcántara fue aprobada este martes 18 de abril. Hubo sólo tres votos en contra de Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel. Estos fueron superados por los de Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

La ministra presidenta, Norma Piña, señaló en reiteradas ocasiones la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y hasta felicitó a Alcántara por la propuesta de inconstitucionalidad. 

Sobre el tema, Piña cuestionó: “¿Cuál es el problema que yo veo en la ley de la Guardia Nacional que estamos analizando? Y que me surgió precisamente del comentario de la ministra Loretta: la ley de la Guardia Nacional, en su Artículo 1ero, dice ‘la presente ley es de orden público de aplicación en todo el territorio nacional, reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 

“Es decir, esta ley no está reglamentando el régimen transitorio que se estableció en el Artículo 5to, está reglamentando el Artículo 21, y en ese sentido, conforme a esta ley que está reglamentando el Artículo 21, la adscripción y operación de Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso los mandos superiores es el secretario de la Defensa Nacional”. 

Por lo tanto “no es una ley transitoria acorde con el transitorio 5to de la reforma, es una ley de vigencia al día siguiente, publicada el 27 de mayo de 2019, y que reglamenta el 21, ¡eso es lo que está haciendo esta ley! El Artículo 21, no el transitorio de la reforma, por lo tanto yo estoy de acuerdo con el proyecto”. 
 Declaró que también iría por la invalidez del Artículo 13, Fracción 1ra en su porción normativa, en colaboración con la Sedena, porque “la elaboración de la estrategia corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública”. 

Alcántara respondió que “esto confirma mi intención de sostener el proyecto y no dejo de agradecer las felicitaciones que le envían a mi equipo, surgieron muchas de esas inquietudes en el tiempo que estuvimos trabajando este proyecto”. 

Así se dio la votación.

ZALDÍVAR, EN DEFENSA DEL TRASPASO DE LA GN A LA SEDENA 

Esta fue la defensa de Zaldívar a favor del traspaso de poderes: “Quien toma las decisiones, digamos en el campo, las decisiones concretas, es el comandante, y el comandante no puede ser un militar en activo; consecuentemente, tenemos una institución cuya formación, cuya finalidad es civil, su formación es civil, su adscripción es a una secretaría que tiene que ver el tema de seguridad y no el tema de defensa o de seguridad nacional. 

“Además, el comandante no es un militar en activo y no sólo eso, quienes forman parte de la Guardia Nacional tienen que tener un certificado único policial, es decir, son policías militares, están entrenados para ser policías, no para derrotar al enemigo”. 

En este sentido, Norma Piña argumentó el día de ayer que “conforme a la literalidad del Artículo 129 constitucional, así como a la interpretación histórica y sistemática en relación con el 21, es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las fuerzas armadas les corresponde les corresponde una tarea claramente distinta”. 

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Este proyecto fue presentado por Juan Luis González Alcántara. El ministro propuso declarar inconstitucional la reforma del Congreso para transferir a la Sedena el control de la Guardia Nacional. 

En su propuesta, González Alcántara sostuvo que la Constitución prohíbe explícitamente la participación de los militares en labores de seguridad pública en tiempos de paz. Argumentó que la seguridad pública debe mantenerse a cargo de autoridades civiles, mientras que las militares deben tener una participación no permanente y regulada si no existe un conflicto armado. 

El pasado 8 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la GN quedara bajo el mando militar para fines administrativos, negando la militarización del cuerpo de seguridad. 

El presidente expresó su descontento con el esfuerzo de los ministros por declarar inconstitucional el cambio de mando; el 13 de abril volvió a declarar que el objetivo no ha sido militarizar la Guardia Nacional, sino hacerla más eficiente de una forma honesta y transparente. 

Norma Piña felicitó al autor del proyecto.  

DECISIÓN HISTÓRICA 

Entre las reacciones sobre la declaración de inconstitucionalidad, el senador Miguel Ángel Mancera comentó que esta es parte de las “resoluciones históricas; esta es derivada de una acción de inconstitucionalidad del bloque de contención en donde nosotros advertimos claramente que era inconstitucional hacer esa adscripción”. 

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, también celebró a través de Twitter el resultado: “Buen día para México y nuestras instituciones. La #SCJN hizo valer la Constitución”. 

El abogado y escritor Miguel Carbonell señaló que esta es una “decisión importante, que debe ser puntualmente acatada por las autoridades involucradas”. 

Jorge Romero Herrera, diputado Coordinador del Grupo Parlamentario PAN, declaró que en su bancada se quiere que “la seguridad pública sea civil, con policías locales bien equipados y entrenados”. Para él, este fue un triunfo: para la independencia judicial y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

@emeequis

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