Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la resolución como un acto de “extralimitación judicial” y acusó a los jueces de "abusar descaradamente" de su autoridad.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Washington no se quedará con los brazos cruzados.
EMEEQUIS.– El gobierno del presidente Donald Trump arremetió contra el poder judicial estadounidense después de que se frenaron los aranceles aplicados en el llamado “día de la liberación” para nivelar la balanza comercial y, en el caso de México, Canadá y China, como medida contra el tráfico de fentanilo.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la resolución como un acto de “extralimitación judicial” y acusó a los jueces de “abusar descaradamente” de su autoridad.
“Anoche, la administración Trump se enfrentó a otro ejemplo de extralimitación judicial… Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos abusaron descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir el mandato que le encomendó el pueblo estadounidense”, mencionó Karoline Leavitt.
Las declaraciones ocurrieron tras el fallo emitido el 28 de mayo por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el cual anuló una parte significativa de los aranceles que Trump impuso el pasado 2 de abril.
La decisión tomada por el tribunal judicial representa un fuerte golpe a una de las políticas económicas centrales del mandatario, quien de inmediato presentó una apelación y solicitó una suspensión urgente del fallo. Además señaló a los jueces de ser “activistas” que van en contra de su política.
En su mensaje Leavitt defendió la legalidad y legitimidad de las decisiones de Trump, afirmando que los aranceles estaban “legalmente justificados y basados en el sentido común”:
“El presidente Trump cree, con razón, que Estados Unidos no puede funcionar de forma segura a largo plazo si no podemos ampliar nuestra capacidad de fabricación nacional avanzada… Estados Unidos ha registrado un déficit comercial de bienes cada año desde 1975, y en 2024 superó el billón de dólares. Esto es inaceptable”.
La portavoz también denunció una “tendencia preocupante” de injerencia judicial en decisiones presidenciales y pidió la intervención de la Corte Suprema:
“Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales entorpecidas por jueces activistas. (…) En última instancia, la Corte Suprema debe poner fin a esto por el bien de nuestra constitución y de nuestro país”.
Posteriormente, Leavitt confirmó que la administración “ya había presentado una moción de emergencia para una suspensión pendiente de apelación y una suspensión administrativa inmediata para revocar esta atroz decisión”.
Los aranceles, conocidos como “Órdenes Arancelarias Mundiales y de Represalia”, fueron impuestos a 185 países o territorios con tasas que iban del 10 al 50%. Además, Trump fijó un arancel del 20 al 25% a productos de México y Canadá, y del 30% a los provenientes de China, argumentando su falta de cooperación en el combate al tráfico de fentanilo.
Sin embargo, el tribunal, con sede en Nueva York, dictaminó de manera unánime que Trump se extralimitó en sus facultades al aplicar estas medidas amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Según los jueces:
“Las Órdenes Arancelarias Mundiales y de Represalia exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles”.
Además, concluyeron que los aranceles aplicados bajo el argumento de la crisis del fentanilo no cumplían con los criterios legales para ser considerados una medida válida ante una emergencia nacional.
El fallo responde a dos demandas presentadas por el Liberty Justice Center, en representación de cinco pequeñas empresas estadounidenses afectadas, y por trece estados del país.
Mientras el proceso legal continúa, la Casa Blanca bajo Trump ha solicitado una suspensión administrativa inmediata del fallo para que los aranceles sigan vigentes mientras se resuelve la apelación.
El fallo del tribunal no sólo invalida los aranceles, sino que también ordena que se devuelvan los pagos que ya se habían cobrado bajo estas medidas.
Para muchos observadores, la disputa representa un choque entre el poder ejecutivo y el judicial sobre los límites del uso de poderes de emergencia en materia comercial. El futuro de esta política arancelaria dependerá ahora de lo que decida la Corte Suprema.
De acuerdo con la BBC, la administración Trump ha anunciado que llevará su caso arancelario a la Corte Suprema el viernes, a menos que se suspenda la orden que anuló muchos de los nuevos impuestos a las importaciones del presidente Donald Trump.
En una presentación presentada el jueves, los abogados de la Casa Blanca solicitaron a la Corte de Apelaciones del Circuito Federal que impidiera la entrada en vigor de dicho fallo.
@emeequis
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