Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
La Fiscalía señala que, durante el traslado de Aburto desde Tijuana hasta el Altiplano, no se hallaron pruebas que respaldaran la afirmación de que el detenido hubiera sido sometido a algún tipo de tortura “tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez”.
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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Imagen de Mario Aburto cuando fue fichado. Foto: Eloy Valtierra / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.— La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que Mario Aburto no fue víctima de tortura, por lo cual no procederá legalmente contra ninguna persona.
La resolución fue impugnada por Aburto, mientras que la jefa del Departamento de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto de la Defensoría Pública, mencionó que la Fiscalía es una simuladora.
Dentro de los documentos entregados por la FGR, se menciona que en la investigación no se encontraron pruebas respecto a que algún político o servidor público haya torturado el 23 de marzo de 1994 a Mario Aburto, después de ser detenido por el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio.
La periodista Laura Sánchez Ley mostró documentos en su cuenta de X, en los que se puede leer:
“Una vez que se recabaron de forma exhaustiva las diligencias ministeriales tendentes al esclarecimiento de los hechos, así como al realizar un estudio minucioso y pormenorizado de las constancias que integran la Averiguación Previa 2080/94, y al no acreditarse los elementos del tipo penal del delito de Tortura, es que en fecha 21 de noviembre de la presente anualidad, esta Autoridad Ministerial, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en la citada indagatoria, de la cual se anexan copias certificadas al presente, en la que se contienen los argumentos y consideraciones que apoyaron dicha determinación”.
El documento también menciona que “debido a la impugnación realizada por Aburto el caso aún no se cerrará”, por lo cual Aburto aún puede solicitar un amparo si la institución emite un nuevo acuerdo similar al que notificó en noviembre pasado.
La Fiscalía señala que, durante el traslado de Aburto desde Tijuana hasta el Altiplano, no se hallaron pruebas que respaldaran la afirmación de que el detenido hubiera sido sometido a algún tipo de tortura por parte de funcionarios públicos: “No se logra acreditar que los servidores públicos (…) hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez”.
Si la FGR mantiene su posición al reabrir el caso, un proceso independiente de este, no se llevarán a cabo interrogatorios o investigaciones sobre diversos actores políticos a quienes se les ha señalado de participar en la tortura de Aburto el 23 de marzo de 1994.
Mientras tanto la jefa de Departamento de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto de la Defensoría Pública, Itzel Hernández Romero, mediante un comunicado, mencionó que no existe un soporte documental suficiente para asegurar que Aburto no fue víctima de tortura y que todo se trata de una simulación:
“En atención a la vista dada a la suscrita respecto de las constancias remitidas por la Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, se advierte que dichas constancias no constituyen un soporte documental suficiente para acreditar que la investigación de mérito se integró con una debida diligencia y que el cumplimiento aludido por las responsables es simulado”.
El pasado 29 de enero, después de que el presidente de la República anunciara que se reabriría el caso de Mario Aburto, Luis Donaldo Colosio Riojas, en entrevista de oportunidad, solicitó al presidente se indultara a quien es señalado de ser el asesino de su padre.
La intención de Colosio Riojas era evitar que el tema de su padre fuera “manoseado” en época electoral. Sin embargo, el presidente de la República mencionó: “Se trata de un asunto de Estado y yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar, yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”.
Colosio no estuvo de acuerdo con el mandatario: “Si no tiene intención de hacer política del caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera. Simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación”.
El alcalde de Monterrey, Nuevo León expresó que existe una “urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción” y “la primera parte de esta reconstrucción tiene que ser el perdón, hacia el pasado”. Añadió que lo que quiere es que hoy ya no se comentan “ese tipo de injusticias”, así como que no se politicen y usen los casos como distractores o para “divertir la atención del público hacia otros temas”.
El gobierno y la FGR sostienen la teoría de un segundo tirador en el magnicidio, el cual se trataría de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien entonces era agente del Cisen, a quien su colega Genaro García Luna habría ayudado a escapar.
@emeequis
Omar García Harfuch confirma que los cárteles mexicanos, en especial el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han establecido un patrón sistemático de reclutamiento de colombianos con entrenamiento en armas.
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“Era un gran compañero, siempre con una sonrisa, y un padre que adoraba a su hijo”. Así recuerdan en Canal Once a Dante Gutiérrez Reyes, camarógrafo asesinado el domingo.
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