Estira y afloja sobre la prisión preventiva oficiosa: Segob presiona

EMEEQUIS.– Esta tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que el próximo 5 de septiembre, el pleno de la Suprema Corte discutirá sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. 

Días antes, el ministro presidente había señalado que la medida cautelar podría violar los derechos humanos, así como los tratados internacionales. Además, aseguró que buscarán establecer reglas claras sobre el funcionamiento de la prisión preventiva justificada. 

El tema habría sido propuesto por la ministra Norma Piña, para determinar si se trata de una medida inconvencional, además de rectificar si la misma Constitución, que avala la prisión preventiva oficiosa, puede ser inconstitucional. 

Ante el conocimiento público sobre la discusión, la presidencia de la República emitió ayer un comunicado al pueblo de México y a la SCJN, mediante el cual aseguró: “Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.

El texto complementa: “Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”. 

El titular de Segob acudió a la Suprema Corte. Video: @calesmont

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA? 

De acuerdo con el Colegio Jusrista: “La prisión preventiva es una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. Es una medida cautelar impuesta por un juez, que consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad.

“[…] Esta medida cautelar es impuesta con la única finalidad de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, como sería una posible fuga”.

En la regulación constitucional de 1917, se contemplaba la prisión preventiva sólo para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad. Sin embargo, en la actualidad, la Carta Magna contempla dos tipos de esta figura legal: la justificada y la oficiosa.

En primera instancia, la prisión preventiva justificada la solicita el Ministerio Público ante un juez, quien decide, si la medida es idónea para el caso concreto. Por su parte, la oficiosa es dictada automáticamente por el juez, cuando al imputado se le vincula a proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, entre los cuales se encuentra el abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros.

No obstante, la prisión preventiva oficiosa no toma en cuenta la presunción de inocencia y todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, tal como se establece en la Constitución y en tratados e instrumentos internacionales, de los cuales México forma parte. Esta última razón, es por la cual la SCJN podría declararla como una medida inconstitucional. 

SEGOB VISITA LA SCJN

Este jueves, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la SCJN, donde entregó un documento, del cual no hizo mayor mención. Con información de El Financiero, al funcionario federal se le vio ingresar alrededor de las 13:00 horas por una puerta trasera a la Suprema Corte. 

Augusto López descartó que su presencia en la SCJN fuera para tratar el tema de la prisión preventiva oficiosa. “Ya nosotros hicimos el comunicado, esa es la postura, ellos seguramente leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión”, aseguró. 

El documento emitido ayer por la Presidencia de la República, el cual fue firmado por el secretario de Gobernación y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, exhorta al “al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal”. 

@emeequis