Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
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Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
“El daño es inconmensurable”. Gobierno repudia liberación de 8 militares
El gobierno de México acusa que el Poder Judicial liberó con “tecnicismos” a los ocho militares implicados en Ayotzinapa, por una motivación política “con la deliberada
intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”. Anuncia nuevas órdenes de aprehensión.
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
EMEEQUIS.– El gobierno de México repudió la orden de una jueza federal de liberar a ocho militares implicados en Ayotzinapa y calificó de “inconmensurable” el daño a la procuración de justicia, por lo que, junto con la FGR, buscará nuevas órdenes de aprehensión.
En un comunicado de la Secretaría de Gobernación, se fustiga al Poder Judicial por echar mano de “tecnicismos” para lograr que los ocho militares lleven su proceso en libertad provisional.
“El Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad”.
El gobierno externó su rechazo en una carta.
“SABADAZO”
El sábado pasado, la jueza Duarte ordenó dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos, además de otras medidas cautelares, como la retención de sus pasaportes para prevenir que salgan del país.
Al otro día, la FGR dijo que iniciará un proceso legal en contra de la impartidora de justicia y tres magistrados por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” y desconocer las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva.
Y este lunes, el presidente anunció desde la mañanera que por la tarde se ofrecería postura oficial, una vez que se tuvieran todos los elementos.
En la carta de la Secretaría de Gobernación se lee: “No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.
Acusó al Poder Judicial de haber liberado previamente a 62 implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en 2014, argumentando supuesta tortura, así como intentar lo mismo con Jesús Murillo Karam, preso por tortura y desaparición forzada referente al mismo caso.
“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.
El gobierno anunció que buscará revertir el proceso, de ser necesario, con nuevas órdenes de aprehensión que se le pedirán a la FGR.
“El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”, finaliza la carta.
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, destacando que el narcotráfico debe abordarse como un tema de salud pública. Subrayó la importancia de la coordinación entre ambos países y advirtió que las decisiones unilaterales no son efectivas, temiendo una posible intervención militar en México
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