Dos Zares antidrogas culpables en 26 años: García Luna (2023) y Gutiérrez Rebollo (1997)

EMEEQUIS.– Nadie sabe quién será el siguiente, pero por lo pronto ya llevamos dos. Aunque no parece haber administración presidencial ajena a tratos con el crimen organizado por lo menos desde José López Portillo (1976-82) hasta la actualidad, en cinco sexenios sólo dos funcionarios de alto nivel han sido declarados culpables: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (2006-12), y el general José Gutiérrez Rebollo, “Zar antidrogas” del gobierno mexicano (1996-1997).

García Luna fue declarado culpable por un jurado de la Corte de Nueva York de cinco delitos contra los Estados Unidos: (1) conspiración para importación de cocaína,  (2) distribución de droga, (3) comercialización de la misma, (4) formar parte de una empresa delictiva, y (5) falsedad de declaraciones ante un agente de migración.

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Se le menciona como el funcionario de más alto nivel procesado por ligas con el narco, pero 26 años atrás, en 1997, otro alto jerarca del poder en México fue declarado culpable de alianza con el narcotráfico, pero en tribunales domésticos: José Gutiérrez Rebollo, un general del Ejército Mexicano que había sido guardaespaldas del presidente Ernesto Zedillo, y que se desempeñaba como director del Instituto Nacional contra las Drogas (INCD), el cual fue hallado culpable de soborno, obstrucción de la justicia y complicidad con organizaciones dedicadas al tráfico de enervantes.

La sentencia de García Luna está pendiente, pero no se espera que sea una condena blanda: la expectativa menor es de 20 años.

A Gutiérrez Rebollo le dictaron 31 años de prisión en el juicio de 1997 por sus presuntas componendas con el Cártel de Juárez, y 10 años después, una segunda sentencia le completó la vida, con 40 años más a la sombra, por su complicidad con el narcotraficante Amado Carillo Fuentes, llamado “El Señor de los Cielos”.

Y eso que las sentencias contra Gutiérrez Rebollo fueron producto de un juicio realizado en México. Pero no purgó completa su condena: falleció en 2013.

García Luna no ha sido juzgado en el país, si bien  hay investigaciones recientes sobre su patrimonio.

En todo caso, el juicio contra García Luna en Nueva York ha puesto también en el banquillo a la clase gobernante mexicana. 

Sandra Ley Gutiérrez, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados Unidos), cuya rama de especialización es el comportamiento político y la violencia criminal, dijo recientemente a EMEEQUIS que La polarización política en México ha incentivado la captura de las estructuras institucionales por parte del crimen organizado y “ya estamos en ese nuevo fenómeno de gobernanza criminal, donde el crimen organizado está controlando la política, la economía, y la sociedad. (…). es quien gobierna de facto en muchas de las comunidades del país”.

Aún quedan muchas preguntas por responder. Foto: Cuartoscuro.com.

GOBIERNOS EN ENTREDICHO

Por lo menos desde el gobierno de José López Portillo ha trascendido el involucramiento de personajes de alto nivel implicados en actividades relacionadas con las bandas del narcotráfico y en general del crimen organizado.

En ese sexenio surgió la figura de Arturo Durazo Moreno, Jefe de la Policía del Distrito Federal, que entonces era gobernado por un regente bajo el mando presidencial, y a la sazón a cargo de Carlos Hank González. A Durazo se le descubrieron relaciones de complicidad con Rafael Caro Quintero.

En el sexenio de Miguel de Madrid se documentaron relaciones del Cártel de Guadalajara con gobernadores priístas, generales del Ejército Mexicano y de acuerdo con versiones de prensa, hasta con el entonces secretario de Gobernación y hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. 

En la gestión de Carlos Salinas se llegó a implicar a Raúl Salinas, hermano del presidente, en círculos criminales. De hecho, una investigación de la policía lo acusó de controlar una red de protección para dichas células delictivas.

En el sexenio de Ernesto Zedillo se dio el caso Gutiérrez Rebollo, y en el de Vicente Fox el crimen llegó a la oficina contigua del despacho presidencial. En 2015 se reveló que Alfonso Durazo había sido investigado por la PGR por haber llevado a Nahum Acosta Lugo a trabajar en Los Pinos.

Acosta Lugo fue coordinador de Giras de Vicente Fox y en 2005 se reveló que transmitía información sobre la logística presidencial al Cártel de Sinaloa, desde 2001.

Hace poco se filtró en redes sociales un oficio que supuestamente forma parte de las comparecencias del general Salvador Cienfuegos ante una Corte de Distrito de Nueva York, del año pasado.

El propio Cienfuegos fue una de las cúspides del escándalo de la simbiosis del gobierno con el crimen, y en especial de los generales, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Alfonso Durazo regresó triunfante al gobierno, de la mano de AMLO, y encabezó, cómo no, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), antes de irse a gobernar Sonora.

Pero nadie como su jefe, Andrés Manuel López Obrador, había llegado a ordenar la liberación de un criminal buscado por la justicia internacional, como Ovidio Guzmán, hijo del líder fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, llamado “El Chapo”; ni había pedido respeto para un capo de la mafia, como el tabasqueño exigió para el propio Guzmán Loera; ni había, tampoco, dado llantas muestras de simpatía con un grupo delictivo.

Y es que hay documentación gráfica de cómo el mandatario ha departido con jefes y representantes de ese grupo, y con la matrona de la organización criminal, madre de los Guzmán. 

“EL CRIMEN GOBIERNA DE FACTO EN MÉXICO”

Sandra Ley, coautora de Votos, drogas y violencia, que escribió con el también politólogo Guillermo Trejo, admite que la polarización, detonada en 2006, ha experimentado una profundización en los años del obradorismo, pero enfatiza que los sucesivos gobiernos han fracasado en la asignatura:   

“No se trata de balazos como la guerra contra las drogas de Calderón, que fue lo que permeó profundamente un proceso de militarización; tampoco son los abrazos a los que ha aludido Andrés Manuel López Obrador, no es un problema de política social,  sino que ha cimbrado a las instituciones de seguridad y de justicia porque no las hemos reformado y porque hoy por hoy están penetradas por el crimen organizado en muchos sentidos, además se pueden utilizar políticamente”.

La puerta de salida tendría que buscarse a partir de las reformas señaladas y de una construcción de instituciones de inteligencia.

Explica que “hay un pasado autoritario que propició la generación de redes de protección y eso puede permitir que se mantenga la violencia, medida por ejemplo por asesinatos asociados con el crimen organizado y en eso era lo que nos habíamos quedado en los años noventa”.

Sin embargo, esa “zona gris en la que convive el crimen organizado y el estado” ha evolucionado ya hacia una fusión más perniciosa: “Hoy ya estamos en ese nuevo fenómeno de gobernanza criminal, donde el crimen organizado está controlando la política, la economía, y la sociedad. (…). Tiene la capacidad de establecer precios de mercado, de extorsionar a mercados; pero también de incidir en quién es nominado, decirle a los votantes cómo votar, o de limitarles su capacidad de votar. El crimen organizado es de facto quien gobierna en muchas de las comunidades del país”.

@estedavid

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