Ataques con ácido: hay muchas víctimas y faltan sentencias, regulación y decomisos

Por Óscar Balderas

EMEEQUIS.– Mil sesenta y un días han pasado desde que el 12 de noviembre de 2018 una mujer arrojó ácido a la cara y cuerpo de Ana Helena Saldaña, entonces de 23 años. El número de días ayuda a calcular el tamaño de una ámpula de impunidad que se ha levantado alrededor del caso, aunque un ataque como ese no se mide en días, sino en logros que no se pueden medir en un calendario.

Se mide, por ejemplo, en el número de cirugías que Ana Helena ha resistido para recuperar las facciones de su rostro; en la cifra de intentos sin éxito de los médicos por rescatar su ojo derecho; incluso, en las veces que ha ido al ministerio público a revisar cómo va su expediente y ha vuelto a su casa en la Ciudad de México con el corazón roto porque nada se mueve.

Son más de mil días sin castigo para esa mujer que se hizo pasar por vendedora de gelatinas y le arrojó ácido que guardaba en un reciente de plástico afuera de la casa familiar en la alcaldía Iztacalco. Los mismos días sin sanción para el autor intelectual del crimen, un hombre que ya salió del país y que vive a salto de mata, porque sabe que hay una recompensa para quien delate su ubicación.

El caso de Ana Helena se parece mucho al de otras mujeres que han sufrido un ataque con ácido en México y que no han denunciado por miedo o por vergüenza.

También se parece mucho a los casos de, al menos, 22 mujeres que sí han denunciado en los últimos tres años: no hay sentencias firmes para los agresores, que casi siempre son hombres, mientras que las víctimas son típicamente mujeres.

Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada local en Ciudad de México, quien se volvió uno de los rostros legislativos más activo en el tema de ataques con ácido en el trieno pasado, dijo a EMEEQUIS que, hasta ahora, no hay personas en México con sentencias por este delito. Apenas hay unos pocos detenidos que siguen su proceso judicial en libertad.

SÓLO LESIONES Y NO SON GRAVES

La mayoría ha apelado a sus sanciones pidiendo que se les juzgue por delitos menores, aprovechando que en sólo unas pocas entidades existe el delito de ataques con ácido, a pesar de que está creciendo en México y que su objetivo es muy específico: arrojar una sustancia corrosiva a una persona –casi siempre a la cara– no tiene como objetivo matarla, sino desfigurarla y causarle un sufrimiento que la acompañe toda la vida. 

“En la mayoría del país no existe el delito del ataque con ácido. Muchos jueces, lamentablemente, lo reclasifican como lesiones. Y, peor aún, hay algunos que lo hacen ver menos grave y aseguran que se trata de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar”, protesta Rojo de la Vega.

Los pocos cambios legislativos en el tema han avanzado pese a la resistencia de los hombres y la tenacidad de las víctimas. Por ejemplo, fue hasta que la saxofonista María Elena Ríos, de 26 años, hizo público el ataque con ácido que orquestó su expareja –un empresario y exdiputado local PRI, Juan Vera Carrizal, detenido– que en Oaxaca se tipificó este delito de forma autónoma.

Gracias a su tesón, desde marzo de 2020, en el territorio oaxaqueño se castiga hasta con 40 años de prisión a quien ataque con agentes químicos o sustancias corrosivas a mujeres por razones de género y aprovechándose de una relación familiar, de noviazgo o de amistad. 

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A pesar del avance legislativo, María Elena Ríos aún espera justicia: uno de los acusados sigue prófugo (el hijo de Juan Vera), pero con una recompensa de un millón de pesos por su localización, mientras ella y su familia han tenido que cargar con la mayoría de las facturas médicas por incesantes cirugías. Este 9 de septiembre se cumplieron dos años de su ataque.

A la cruzada en Oaxaca contra los ataques con ácido se sumó Baja California Sur, el segundo y único estado en México que tipificó independientemente esta acción como un delito por sus objetivos y daños que no se parecen al de ningún otro crimen.

Le siguen la Ciudad de México, Guerrero, Aguascalientes, Colima y Estado de México, que consideran los ataques con ácido sólo como un agravante del delito de lesiones.

Alessandra Rojo de la Vega, en conferencia de prensa, acompañada por María del Carmen Sánchez y Ana Saldaña Aguilar víctimas de ataques con ácido. Foto: Cuartoscuro.com.

REGULACIÓN A LA CONGELADORA LEGISLATIVA

Otros esfuerzos han sido infructuosos, por ejemplo, aumentar la regulación alrededor de la venta de ácido en México, pues además de ser utilizado para desfigurar, lisiar o cegar a mujeres, también es la materia prima de grupos delictivos para deshacer los cuerpos de sus víctimas y enviarlos, para siempre, al registro de personas desaparecidas. 

En 2019, Alessandra Rojo de la Vega promovió un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales que reformaran los artículos 280 y 282 de la Ley General de Salud para incrementar las medidas de seguridad y control sanitario como el fin de regular en todo el territorio nacional la compraventa personal de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. 

La hoy integrante del gabinete de la alcaldía Miguel Hidalgo buscaba revertir la actual norma en México: si se compran menos de mil 500 kilos –así lo especifican las regulaciones sanitarias– no se necesita permiso ni registrar la compra en ningún padrón oficial. Peor aún si la compra se hace en efectivo: todo se vuelve anónimo y más peligroso. 

Por ejemplo, un kilo de ácido sulfúrico cuesta, en promedio, cinco pesos y sólo se necesitan 10 pesos para deformar para siempre a una persona y unos 40 pesos para disolver el cuerpo de un adulto y desaparecer cualquier rastro de ADN.

“Tenía que regularse desde la Cámara de Diputados, a nivel federal, porque de nada sirve regular la venta de ácido en la Ciudad de México, si lo pueden comprar sin problemas en el Estado de México, ¿y qué pasó? Fue un llamado a misa, ya sabes cómo son los diputados…”.

Este 16 de febrero pasado se hizo un segundo intento por regular la compraventa de ácido a nivel personal en la Cámara de Diputados. Ahora vino por parte del legislador federal panista Luis Alberto Mendoza Acevedo, quien propuso al Consejo de Salubridad General del gobierno mexicano que se ajustara la cantidad o volumen mínimo de posesión de ácido sulfúrico y clorhídrico que debe reportarse a las autoridades, según la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos.

Han pasado ocho meses y en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo Federal el tema aparece en la larga lista de propuestas que terminan en la categoría de “Pendiente”.

Mujeres protestan afuera de las instalaciones de la Representación de Oaxaca en CDMX para exigir justicia por la saxofonista María Elena Ríos. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.

UN TRÁFICO SIN CASTIGO

Mientras las personas encargadas de legislar alrededor del ácido se toman su tiempo, la Guardia Nacional tampoco parece tener prisa por detener a quienes cargan con estas sustancias corrosivas por todo el país.

EMEEQUIS solicitó, vía la Ley de Transparencia, un informe detallado a la Guardia Nacional para conocer cuántos decomisos han hecho de ácido clandestino desde que arrancó en funciones ese cuerpo de seguridad y hasta el 26 de mayo de este año.

Respuesta a una solicitud de información de EMEEQUIS: hay apenas 14 decomisos de ácido.

La respuesta obtenida es que apenas se han logrado 14 decomisos, algunos importantes como los 16 mil litros de ácido clorhídrico interceptados el 31 de julio de este año en Magdalena, Jalisco, una zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha encontrado en sustancias corrosivas ilegales un ingrediente fundamental para hacer metanfetaminas en los narcolaboratorios que esconden en la entidad.

Pero también la Guardia Nacional reporta pequeños decomisos como logros, si se les compara con el flujo de ácido que diariamente se mueve por el país; por ejemplo, cinco litros de ácido que incautó el 2 de octubre de 2019 en Coyoacán, Ciudad de México, o dos envases decomisados el 14 de enero pasado en La Paz, Baja California.

Para Alessandra Rojo de la Vega, esas cifras representan sólo un pequeño universo de todo el ácido que circula por México sin los debidos documentos, sin los controles mínimos de seguridad o sin un registro oficial que hace mucho debió haber sido obligatorio en México, a la luz de la crisis de personas desaparecidas y ataques a mujeres.

Según la asociación Acid Survivors Trust International, cada año se registran en el mundo unos mil 500 ataques con ácido y solo el 40% de los casos son denunciados ante la policía.

México es uno de los países donde, según esa agrupación, ha crecido alarmantemente esta tendencia con una contradicción que extraña a los activistas internacionales y nacionales: suben los ataques y las víctimas, pero no suben las sentencias, regulaciones ni decomisos.

El caso de Ana Helena, como el de María Elena Ríos, Mariana Uribe Bernal, Carmen Sánchez y más, es otra contradicción que sobrevivientes y activistas les urge acabar: muchos días de lucha y también de impunidad que no se pueden medir en un calendario. 

@oscarbalmen